REABREN CASOS DE LA UP: MUERTE DE LEONARDO POSADA, 21 AÑOS IMPUNE

REABREN CASOS DE LA UP: MUERTE DE LEONARDO POSADA, 21 AÑOS IMPUNE

Desde hace 21 años, Reina Pedraza guarda en una bolsa plástica un zapato derecho que aún conserva su color gris y una media con un agujero de bala en la que la sangre de su hijo parece tatuada, como si se rehusara a desaparecer entre los hilos.

24 de diciembre 2007 , 12:00 a.m.

Esta madre de 84 años no tiene una explicación de por qué terminó aferrándose al zapato. Lo que sí sabe es que el izquierdo desapareció en el atardecer aciago del 30 de agosto de 1986, cuando Leonardo Posada cayó muerto a los 39 años en el asfalto caliente de Barrancabermeja.

El asesinato ocurrió pocos días antes de que Leonardo, que era militante de la Unión Patriótica (UP), se radicara en Bogotá para ocupar la curul como representante a la Cámara por Santander. Él fue, según la historia, el primer congresista asesinado del partido político que nació en 1985 como resultado del primer acercamiento de paz entre el Estado colombiano (el presidente era Belisario Betancur) y las Farc.

La angustia de no saber a quién reclamarle por su tragedia sigue rondando el corazón de Reina. Ella, comunista hasta la médula, aprieta sus frágiles puños cuando habla de la impunidad que rodea ese crimen cometido hace 21 años.

Pero aún conserva la esperanza de no morirse sin saber algo más. Su ilusión creció este año, cuando la Fiscalía anunció que desempolvará los más de 2 mil asesinatos que desterraron del mapa político a la UP entre los 80 y 90.

Los fiscales ya reabrieron 294 procesos que estaban archivados.

De hecho, este mes se conocieron las primeras dos capturas relacionadas con la muerte una pareja de esposos del Concejo de de Remedios (Antioquia) en 1989. Este año, además, el caso avanzó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quedó a un paso de llegar a la Corte Interamericana.

“Hasta el último minuto lucho para que se acabe la impunidad –dice Reina–.

Quisiera conocer a los que lo mandaron a matar, no para pedir algo, sino solo para saber”.

Un hogar a la izquierda Julio César, el papá de Leonardo y que no vivió la muerte de su hijo, pues murió en 1980 de un paro cardíaco, lo inició en la lucha política.

El viejo era sastre profesional y comunista forjado por la lectura de decenas de libros. Se metió tanto en el tema que fundó un sindicato de sastres en el Eje Cafetero, época en la que conoció a Reina. Y esas primeras puntadas como sindicalista lo llevaron después a matricularse en el Partido Comunista.

El rumbo que tomó Julio marcó el destino de la familia Posada. A los nueve años Leonardo ya salía por la noche con su papá a pegar carteles en las paredes de Bogotá, algunas veces con Reina. Incluso, en una ocasión fueron detenidos por la Policía.

Eran años difíciles y Julio, Reina y los siete hermanos Posada tuvieron épocas en las que no podían pasar más de dos meses seguidos en una misma casa. “Nos tocó vivir la intolerancia de que fue objeto nuestro papá –recuerda Fabiola, hermana de Leonardo–. Nos rompían los colchones, tiraban los libros al suelo y a veces se llevaban al viejo”.

Leonardo siguió los pasos de su padre. Fue líder estudiantil en la Universidad Nacional en Bogotá, entró a las juventudes comunistas y así llegó al partido, que lo envió a Barranca.

Se devolvieron a rematarlo Leonardo llegó al puerto petrolero a finales de los 70, donde ya estaba consolidada una fuerte influencia sindical, especialmente por la fuerte presencia de la Unión Sindical Obrera (USO).

Fue elegido concejal y era reconocido por su labor en los barrios pobres y sus discursos en plaza pública, donde denunció a ‘narcos’ y a grupos como el ‘MAS’ (Muerte a Secuestradores) o el conocido como ‘La Mano Negra’, a los que se les adjudican torturas y muertes a sindicalistas en la región. En 1986 estuvo en una de las listas de la UP y ganó una curul en la Cámara.

Pero el éxito político llegó acompañado por serias amenazas de muerte, que se fueron incrementando cada vez que ascendía peldaños. Su familia estuvo ajena a esta situación, especialmente Reina: “Nos decía que eso era solo por asustar, para no dejar trabajar”, recuerda.

La amenaza que más lo hizo estremecer fue un grafiti en el que escribieron: ‘Fuera Leonardo Posada de Barranca’, firmado por el MAS. Por las noches parecía un gitano: día de por medio buscaba con sus amigos casa para dormir, pues no se podía quedar mucho tiempo en una sola parte. “En una visita a Bogotá lo vi muy preocupado. Me dijo: ‘Van a atentar contra mí’ –cuenta Fabiola–. Pero él decía que el lugar más seguro era Barranca, pues allá la gente lo quería”.

Los asesinos lo cazaron en la ciudad que lo había adoptado. A las 6 de la tarde de ese 30 de agosto de 1989 Leonardo salió de una reunión, acompañado por dos mujeres. Dos sicarios en moto le dispararon y huyeron. Una de ellas gritó: “¡Está vivo, está vivo!”, por lo que los asesinos se devolvieron y lo remataron.

Ese sábado, en Bogotá, la familia Posada estaba reunida viendo televisión.

Fue el hoy alcalde Luis Eduardo Garzón, quien para la época era sindicalista de la USO, el que llamó a la casa para contar la fatal noticia.

Dos abogados amenazados Reina y sus hijos llevaron a Bogotá el cuerpo de Leonardo, mientras el caso lo asumió el juzgado 15 de instrucción criminal, que a los dos años lo archivó por falta de pruebas. En seis meses, el caso fue asumido por dos abogados diferentes, pero fueron amenazados y renunciaron. Incluso, uno se radicó en Bucaramanga para llevar el proceso, pero hasta allá llegaron las advertencias.

De los asesinos poco se sabe. Según la investigación, los sicarios fueron llevados desde Medellín y, después del asesinato, la orden era que uno debía asesinar al otro. Con el tiempo corrió el rumor de que el que quedó vivo también lo mataron. Algunos testigos dicen que la moto en la que se movilizaban salió de una unidad militar de la zona y, después, regresó allá.

Pero son solo rumores y no hay pruebas. Reina y su familia decidieron dejar el proceso así.

Todos los 30 de agosto sagradamente van a visitar a Leonardo al Cementerio Central, en Bogotá, donde también van amigos y compañeros de lucha. La indiferencia de la justicia con su caso contrasta con la solidaridad de su amigo Garzón, que le puso el nombre de Leonardo Posada a un colegio y en el 2004 le impuso una condecoración póstuma.

Pero la impunidad no deja tranquila a Reina. “Es una impotencia inmensa, tal como la que sentí el día que lo mataron –dice Reina–. Uno ve que pasan los días, los meses, los años y nada. Yo no sé qué castigo se merecen, si uno moral o físico, pero yo les diría que son unos infames”.

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CAPTURAS Y CONDENA A LA NACIÓN POR PALACIO DE JUSTICIA El proceso por el holocausto del Palacio de Justicia avanzó a pasos gigantes. En julio pasado, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, el hombre que dirigió la retoma, fue detenido por las desapariciones y espera que la Fiscalía decida si lo acusa o no.

También se llamó a juicio al coronel (r) Edilberto Sánchez y a otros cuatro militares. La Fiscalía, además, evalúa la posible responsabilidad de 2 generales retirados.

En octubre, la Comisión de la Verdad presentó un nuevo informe en el que concluyó que “nunca existió intención real del Gobierno de tratar de salvar la vida de los rehenes ni de los que permanecían atrapados”.

Con el mismo argumento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado, el pasado 12 de diciembre, a pagar 542 millones de pesos por la muerte y desaparición de Ana Rosa Castiblanco, una de las empleadas de la cafetería del Palacio. Es la tercera condena a la Nación por estos hechos en casi dos décadas.

El caso saltó de la Fiscalía al Congreso. Más de 22 años después de la tragedia del Palacio, la Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá evaluar si reabre el proceso que hace dos décadas cerró a favor del ex presidente Belisario Betancur.

SE MUEVEN CASOS DE SINDICALISTAS Tres jueces y 23 fiscales especializados tienen la labor de desempolvar los casos de los centenares de asesinatos de sindicalistas en la última década.

El programa, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolla en momentos en que el Gobierno quiere mostrar avances en la lucha contra la impunidad en estos casos, principal traba en el Congreso de E.U. para la aprobación del TLC. Se han resuelto más de 30 procesos, de los cuales en 10 se ha demostrado que están relacionados con el trabajo como sindicalistas.

SANTOFIMIO, CONDENADO POR MUERTE DE GALÁN En un fallo de 93 folios, Jesús Lozano, juez especializado de Cundinamarca, decidió el pasado 11 de octubre una de las grandes dudas que han rondado durante casi 20 años el magnicidio de Luis Carlos Galán: ¿hubo políticos tras el asesinato? Lozano condenó al ex congresista Alberto Santofimio Botero a una pena de 24 años de cárcel como determinador del crimen. Para el juez, el político influyó en el capo Pablo Escobar para que asesinara al candidato presidencial en 1989: “Entre el hoy acusado (Santofimio) y Escobar existía el mismo interés por segar la vida de Galán”.

Este fue el final de un juicio que duró 13 meses, en el que el testimonio del jefe de sicarios del cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, ‘Popeye’, tuvo peso protagónico en la sentencia. En el 2008 este caso tendrá un segundo episodio, cuando el Tribunal de Cundinamarca se pronuncie sobre la apelación que hizo el abogado de Santofimio.

‘‘Es una impotencia inmensa. No sé qué castigo se merecen, pero yo les diría que son unos infames”.

REDACTOR DE EL TIEMPO

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