PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

Definitivamente, cada nueva lectura de nuestra Constitución Política, particularmente cuando se coteja con las cotidianas realidades nacionales, nos revela un insondable escenario intelectual, lleno de sorpresas, pero también de insoslayables motivos de inquietud. Esto, ahora, a propósito de la jerarquía y la preeminencia de las normas jurídicas, pero también de la imbricación de estas. Kelsen, ilustre jurista vienés, concibió el sistema de normas de un país como una pirámide invertida, en cuya base estaría la Constitución (o las reglas supranacionales, según se juzgue) sucediéndole la ley o los decretos con fuerza de tal, hasta llegar al último acto administrativo de carácter general, cuyo vigor jurídico estaría siempre sujeto a las franjas superiores de la pirámide.

20 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Pues bien: la Carta adoptada en 1991, deliberada pero también inadvertidamente nos trae una serie de categorías de leyes cuya jerarquía y preeminencia, precisamente, resulta difícil dilucidar. En efecto, cuál será el orden que dentro de la pirámide kelseniana le corresponde, respectivamente, a las leyes orgánicas (151), a las estatutarias (152), a la ley que contenga el Plan Nacional de Inversiones, la cual (341) tendrá prelación sobre las demás leyes , expresión que, por no hacer distinción ni excepción alguna, equivale a establecer que esa prelación es predicable de todas, absolutamente todas las demás leyes.

Pero hablábamos también de imbricación (cual las escamas de los peces) de las leyes: la ley del presupuesto, de imperativa observancia por parte del Ejecutivo, particularmente en lo que al ingreso se refiere, ha de sujetarse a la que contiene el Plan Nacional de Desarrollo; pero aquella estará condicionada, por lo que al erario público ingresará según el mandato expreso de la ley en cuanto a los tributos, incluyendo dentro de tales todas aquellas exacciones que el Estado reclama en ejercicio de su potestad soberana.

Más aún: Plan de Desarrollo, Presupuesto y Tributación son, acaso, las formas por excelencia a través de las cuales se manifiesta la voluntad intervencionista del Estado: a través de ellas se expresa la voluntad política del gobernante acerca de lo que quiere, cuándo, cómo, dónde, con quién, para qué, en materia económica y social.

Por ello, no deja de extrañar el que en el proyecto de Ley 108 (Senado), sometido por el señor Ministro de Hacienda a la consideración del Congreso, con miras a la expedición de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, las nociones presupuesto y tributación, en tanto bases e instrumentos de planeamiento, no son siquiera objeto de mención dentro de este.

El plan es una indicación, pero también una invitación, digamos para proponer un símil a bailar: donde la pareja es el país mismo. Y donde este último siendo tal, tiene pleno derecho a saber en qué consiste la invitación; tiene derecho a conocer la pieza que habrá de bailar. Que esa fue la expresa voluntad del constituyente, nos lo aclara la propia Constitución cuando ordena (339) que El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales... , pero también cuando dispone (340) que en el Consejo Nacional de Planeación tendrán asiento representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, esto es, la pareja.

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, pues, para hacer verdaderamente efectiva la pretensión constitucional de hacer partícipes a los dos integrantes de la pareja de la concepción del plan, debería contemplar lo relativo al presupuesto y a la tributación, piezas maestras que del mismo son.

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