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ENTRE EL TERROR Y LA PAZ

A ratos parece que estuviera a punto de convertirse en Bosnia, con todos los horrores de una guerra civil en escalada infinita. Lo ha dicho el editorialista del Sunday Times. Así lo repiten uno y otro columnista de los grandes diarios de Londres: en el Independent, el Daily Telegraph, el Times. Pero el nuevo Bosnia no está en el Tercer Mundo sino en Ulster (Irlanda del Norte), esa provincia que, con los otros integrantes de la Gran Bretaña, forma parte del Reino Unido. Belfast está en realidad muy lejos de llegar a los extremos de Bosnia. Los temores de que ello ocurra, sin embargo, son válidos. Nada tan impredecible como el curso de una guerra. Y en Irlanda del Norte el conflicto se encuentra desatado sin rumbo fijo por lo menos desde 1969, cuando el gobierno británico decidió enviar al ejército para arbitrar los mutuos odios entre católicos y protestantes. Desde entonces, grupos armados se han tomado la vocería de ambas comunidades --los republicanos del IRA, entre los católicos,

EDUARDO POSADA CARBO
La escalada terrorista de octubre, que cobró más de dos docenas de víctimas --católicas y protestantes-- alimentó aún más el pesimismo. La declaración de paz, acordada en estos días por los mandatarios de la Gran Bretaña y de Irlanda, surge precisamente en medio de esta atmósfera de desesperanza, donde hasta la retórica parece agotada. Por eso no sorprende que, si bien se trata de la iniciativa más audaz de los últimos 25 años, haya sido recibida con cierto escepticismo. Desde muchos ángulos, es un escepticismo bien fundado.
Se funda en una larga historia de experiencias frustradas, la última de ellas: el acuerdo anglo-irlandés de 1985. Más frustrantes aún son los intentos de llegar a un razonable entendimiento con los terroristas, como lo demuestran los actos del IRA en los últimos días, los asesinatos y las bombas en contravía de las expectativas del diálogo. Como tampoco puede predecirse la reacción de los paramilitares protestantes, quienes durante el año pasado cometieron más asesinatos que el mismo IRA.
No se trata de un conflicto cualquiera. La República de Irlanda reclama constitucionalmente la jurisdicción sobre un territorio que está hoy bajo la soberanía de la Gran Bretaña. Pero los habitantes de Irlanda del Norte están profundamente divididos por la religión y la historia: los protestantes (un 53 por ciento de la población) quieren permanecer en el Reino Unido, mientras que los católicos desean unirse a la república del sur. Por encima de sus voluntades se ha impuesto el terror, enrareciendo así toda posibilidad de solución pacífica.
Frente a estas complicaciones, muchos prefieren el statu quo: el presente nivel de conflicto es mejor que cualquier alternativa. Según Connor Cruise O Brien, cada vez que se abre la búsqueda de una negociación, se elevan los ataques terroristas; si las 17.000 tropas británicas se retiran de Irlanda del Norte, la guerra civil generalizada sería inevitable. Otros, como Simon Jenkins, consideran que, por su carácter tribal, este conflicto no es susceptible de negociaciones.
Los gobiernos, sin embargo, no pueden atarse a estas actitudes derrotistas que condenarían a los gobernados a vivir sin esperanzas. La declaración Major-Reynolds es, ante todo, una invitación a la dividida comunidad irlandesa a resolver el conflicto por consenso. Para ello, los gobiernos británico e irlandés han intentado remover explícitamente algunos de los obstáculos que impiden el entendimiento: Major ha declarado que la Gran Bretaña no tiene intereses ni económicos ni estratégicos en Irlanda del Norte, mientras que Reynolds se ha comprometido a que Dublin abandone eventualmente los reclamos territoriales sobre Ulster.
La declaración busca así dejar sin piso a quienes pretenden justificar el terrorismo. La representación en la mesa negociadora está supeditada al compromiso con el proceso democrático y, por consiguiente, al abandono permanente de la violencia. A pesar de los escépticos, Major parece haber ganado la iniciativa. Y si grupos como el IRA deciden rechazarla, se habrá reforzado la posición política del gobierno para seguir combatiendo al terrorismo.
EDUARDO POSADA CARBO
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