EL INTERVENTOR LLEGÓ CON PLATA

EL INTERVENTOR LLEGÓ CON PLATA

Juan Schiaretti asumió ayer como interventor en la provincia argentina de Santiago del Estero, en medio de nuevas protestas contra el ajuste económico, como secuela de la rebelión popular que dejó nueve muertos. Vengo a poner al día los salarios y proteger a los humildes , prometió a millares de personas concentradas en la plaza de la ciudad capital del mismo nombre, en medio del silencio de la mayoría y los gritos hostiles de iracundos manifestantes.

19 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Fuentes del gobierno anunciaron que la gestión de Schiaretti, un ex secretario de Industria y Comercio, será respaldada con el giro de veinte millones de dólares de fondos federales, para que pueda pagar los sueldos estatales atrasados.

Observadores locales comentaron que la ciudadanía santiagueña le otorgó un plazo mínimo para que pague y envíe a la cárcel a los gobernantes corruptos, bajo amenaza de lanzar otra revuelta.

Serán sancionados los casos de corrupción y volverá la paz social , insistió Schiaretti, quien fue encomendado por el presidente Carlos Menem para poner fin a la sangrienta revuelta, que causó 9 muertes, entre el jueves y el viernes, según fuentes de los hospitales. Un severo cordón formado por más de un millar de policías y gendarmes federales contuvo a los más exaltados que intentaban acercarse al palco de ceremonias para insultar al enviado federal. El ministro del Interior, Carlos Ruckauf, exhortó a Schiaretti a acabar con la crisis moral , tras ponerlo en funciones y consumar la destitución del gobernador peronista, Fernando Lobo, cuya casa fue incendiada y saqueada. La falta de pago a los empleados estatales fue la mecha que encendió la sublevación, pero la cólera venía en aumento desde que los jueces de la provincia pasaron a cobrar sueldos de 17 mil pesos (igual suma en dólares).

Mientras tanto, patrullas policiales evitaban el estallido de nuevos focos de violencia, en medio de la tensión que todavía estremece a esta ciudad, situada a 900 Km al noroeste de Buenos Aires, en plena zona rural.

Casi un tercio de la población de esta provincia 300 mil habitantes trabaja para el Estado, las pequeñas industrias locales están en la ruina y los productores agrícolas atraviesan por una crisis terminal. El gobierno culpó a los agitadores por los disturbios, que derivaron en la quema de edificios públicos y viviendas de funcionarios, pero toda la oposición coincidió en que la política económica neoliberal fue la causa profunda. Entretanto otro grupo de cerca de 200 presos se amotinó en la penitenciaría de Batán, en los alrededores de la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la capital argentina, con lo cual son ya tres las cárceles de la provincia de Buenos Aires con amotinamientos y rehenes.

Siguen los motines Schiaretti es considerado delfín político y hombre de máxima confianza del ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien Menem respaldó con esta designación. El interventor militó en grupos radicalizados y antiimperialistas durante los años setenta y estuvo exiliado en Brasil durante la dictadura militar (1976-1983).

Con el amotinamiento de los presos de la penitenciaría de Batán, en los alrededores de la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la capital argentina, son ya tres las cárceles de la provincia de Buenos Aires con su población de reclusos en rebelión, en reclamo de conmutación de penas y mejores condiciones de detención.

Hoy, cerca de 200 reclusos de la Unidad 15 del penal de Batán, tomaron pacíficamente los pabellones de esa sección, manteniendo como rehenes a cinco guardianes. Como en el caso de las otras dos prisiones sublevadas en las ciudades de La Plata y Bahía Blanca, 50 y 700 kilómetros al sur de la capital, respectivamente los reclusos de Batán reclaman mejores condiciones de vida en la prisión y acortamiento de las penas.

En todos los casos, los presos reclaman el efectivo cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, acuerdo del que es signataria la Argentina. Según el tratado internacional, los reclusos tienen derecho a reclamar la libertad tras dos años de detención sin sentencia y a recibir trato humanitario durante el cumplimiento de sus condenas. Las autoridades locales ordenaron el despliegue de fuerzas policiales alrededor de las prisiones, mientras continuan las negociaciones con los amotinados.

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