CONGRESISTAS REVOCADOS NO SERÁN INDEMNIZADOS

CONGRESISTAS REVOCADOS NO SERÁN INDEMNIZADOS

Los congresistas revocados en junio de 1991 por la Asamblea Constituyente en el proceso que llevó a Colombia a regirse bajo una nueva Carta Política no recibirán ninguna indemnización por la supresión de su mandato. La validez de la Constitución es incuestionable por cualquier medio ya que emana del poder constituyente por su naturaleza ilimitado y absoluto .

17 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Con este argumento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desechó ayer las pretensiones del ex senador Feisal Mustafá Barbosa asesinado por la guerrilla de obtener algún tipo de resarcimiento económico por aquella decisión de la Asamblea Constituyente.

A juicio de la corporación, el poder constituyente no se encuentra sometido a ningún ordenamiento de carácter impositivo o a cualquier otro poder.

El pronunciamiento lo hizo la Sección Tercera al negar una demanda presentada contra el acto que llevó a la Constituyente a revocar el mandato de los congresistas y, a la postre, convocar a una nueva elección el 27 de octubre de 1991.

La doctrina del Tribunal de Cundinamarca consignada en un fallo de más de 35 folios abre paso, en últimas, a que ninguna de las otras demandas que por este motivo se presentaron sean acogidas y se decrete, por ende, una condena contra la Nación.

Sobre ponencia del magistrado Héctor Alvarez Melo, la corporación advirtió que si la vigencia de un nuevo orden constitucional provoca algún perjuicio a algunas personas éste queda involucrado dentro de los sacrificios que normalmente deben asumir los asociados en cumplimiento de un orden superior que tiene un soporte en la soberanía del Estado .

En la demanda, el desaparecido senador Mustafá Barbosa reclamaba una supuesta responsabilidad de la administración por los daños causados a raíz de la determinación de la Asamblea Constituyente.

A juicio del peticionario, la Constituyente de 1991 excedío las normas que la regían, pues violó las garantías conferidas a los senadores y representantes al revocar su período.

Mustafá dijo, a la vez, que los parlamentarios de ese período los eligieron los colombianos en las urnas el 11 de marzo de 1990, asumieron el 20 de julio y su período culminaba sólo el 29 de julio de 1994, y no antes como lo dispuso la Asamblea.

Fallo El Tribunal Administrativo analizó cada uno de los argumentos expuestos por Mustafá, los cuales, sin embargo, no prosperaron.

En la providencia, la Sección Tercera del Tribunal explicó que con base en la soberanía estatal se debe preservar el bienestar de la comunidad aunque de manera excepcional se pueda causar el detrimento de los intereses de los particulares.

En criterio de la corporación, a la vez, no puede invocarse la responsabilidad del Estado dentro de ninguno de los regímenes que la costumbre y la jurisprudencia han desarrollado, pues el poder constituyente no tiene valla alguna y crea normas superiores sin subordinación a otras .

Por las anteriores razones, afirmó el Tribunal, no es aplicable al caso el régimen de responsabilidades por daño especial en que se basa la demanda ni en ningún otro.

La corporación precisó, a la vez, que todos los preceptos que han contenido al Derecho de un país, se encuentran enlazados por relaciones mutuas y guardan conexidad con todos los articulados, formando un todo unitario que constituye el orden jurídico.

Al referirse a los presuntos excesos de la Asamblea Constituyente, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse porque ello conllevaría a juzgar la legalidad de un acto constitucional, lo cual sería totalmente improcedente .

La corporación reconoció, en esencia, que no prospera acción de restablecimiento de Derecho por la revocatoria del mandato del Congreso de la República en 1991.

Tampoco es viable, concluyó, por el tiempo de interinidad que tuvo el Congreso entre julio y diciembre de 1991 a la espera de las elecciones del 27 de octubre que llevaron, a la postre, a la conformación del parlamento actual.

Aún quedan más El sábado 15 de junio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente tomó una decisión sin precedentes respecto al Congreso: la disolución de las cámaras legislativas.

Esta determinación desató una aguda controversia, en especial entre los parlamentarios cuyo mandato fue revocado, tras la convocatoria de nuevas elecciones para integrar el Congreso el 27 de octubre de 1991.

Así, una avalancha de demandas contra la Nación llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ya en julio de 1992 se habían admitido las primeras 15 peticiones.

Las cuantías en que se tasa el resarcimiento de perjuicios oscilan entre cinco millones y treinta millones de pesos, sin tenerse en cuenta la corrección monetaria y los intereses.

El argumento central de los demandantes es el mismo que precipitó reuniones extraordinarias del Congreso y pronunciamientos airados sobre la gestación de un ilícito golpe de Estado .

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