SANTAMARÍA ES SEÑALADO DE MANERA INADECUADA

SANTAMARÍA ES SEÑALADO DE MANERA INADECUADA

Las organizaciones no oficiales que hicieron una investigación paralela a la de la Procuraduría sobre los hechos de Blanquicet (Urabá) en la que fueron abaleados dos voceros de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) consideraron inadecuada la forma como el informe estatal responsabiliza al entonces consejero de Paz (e), Ricardo Santamaría de estos hechos. La reiterada insistencia que se hace en el informe sobre el papel de estos funcionarios se refería también a Gonzalo de Francisco, asesor de la consejería de Paz, de quien la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares dijo hubo una posible negligencia tiende a confundir o finalmente exculpar la responsabilidad de otras autoridades por la ocurrencia de los hechos , afirmaron las cinco organizaciones que adelantaron la investigación privada.

17 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

En un informe de seis páginas, el Cinep, la Comisión Andina de Juristas, la Corporación Región, el diario El Colombiano, y el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, hicieron sus observaciones sobre el documento que, el lunes pasado, ordenó elevar pliego de cargos a dos oficiales y cinco suboficiales del Ejército como presuntos responsables de la muerte de Enrique Buendía y Ricardo González, voceros de la CRS, el 22 de septiembre pasado.

El informe resalta el avance realizado por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y, al mismo tiempo, hace algunas advertencias para que el esfuerzo realizado por esa oficina no se diluya en su procedimiento.

Destaca que el resultado de esa investigación haya evidenciado el asesinato de los dos voceros de la CRS por una patrulla militar. Esas eran las conclusiones a las cuales también había llegado la comisión no gubernamental.

Sin embargo, precisa el informe, sería conveniente para el avance de la investigación, continuarla en la jurisdicción civil y no en la penal militar.

La comisión recomienda, también, no desmembrar la investigación en el campo disciplinario. Tal como lo ordena el informe de la Procuraduría, una parte del proceso relacionada con la actuación de oficiales y suboficiales se quedará en el despacho de la Delegada para las Fuerzas Militares, y la otra la relacionada con los soldados irá a parar a la oficina del Inspector General del Ejército Nacional. Para los investigadores privados eso llevaría a diluir su responsabilidad.

El documento considera inadecuado la formulación de investigación contra el Inspector de Policía que realizó el croquis del levantamiento de los cadáveres.

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