CREAN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

CREAN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

En distintas investigaciones realizadas en los últimos años, Antioquia aparece como la región del país donde más se violan los derechos humanos. Sin embargo, la magnitud del problema se desconoce, debido a que los casos están dispersos en distintas instituciones y porque la mayoría no se denuncia: solo dos de las treinta masacres ejecutadas el año pasado en el Valle de Aburrá fueron denunciadas ante la Procuraduría Regional.

04 de febrero 1992 , 12:00 a.m.

En este departamento, existen 12 entidades, oficiales y particulares, encargadas de recibir denuncias sobre desapariciones, detenciones sin orden judicial, torturas, actuaciones arbitrarias de las autoridades y asesinatos.

Con el fin de canalizar todas estas denuncias y coordinar las investigaciones, hoy se creará la Primera Red de Oficinas de Derechos Humanos.

Desde hace más de un año, funciona aquí la Oficina Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, adscrita a la Procuraduría, donde son recibidas las quejas de la ciudadanía.

Esta oficina, que ha tenido gran acogida entre la comunidad, ya no operará como una rueda suelta. Ahora, unirá sus esfuerzos y recursos con Instrucción Criminal, el Departamento de Estudios Criminológicos y de Policía Judicial de Medellín (Decypol) y la Personería de Medellín.

También pertenecerán a la red entidades no gubernamentales como Reporteros Sindicalizados de Antioquia, el Instituto Popular de Cultura (IPC), la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la Corporación Región, Cedavida, el Comité para la defensa de los Derechos Humanos de Antioquia Héctor Abad Gómez , el Comité para la Defensa de los Presos Políticos y la Asociación de Familiares de los Desaparecidos (Asfades).

A las anteriores entidades se unirán las personerías municipales que existen en los diez municipios del Valle de Aburrá.

Uno de los principales obstáculos para poder canalizar debidamente todas las denuncias que se reciben en las distintas oficinas y elaborar estadísticas confiables ha sido la falta de comunicación.

La red que se constituye pretende establecer mecanismos duraderos de coordinación de todas esas entidades en Antioquia, donde cada 24 horas se reciben de cien a 120 denuncias.

Además, se quiere contar con una infraestructura que permita evaluar la eficacia de las diferentes oficinas para mejorar su eficiencia e intercambiar datos. No se denuncia Otra de las tareas que se iniciarán es la educación de la comunidad para que conozca sus derechos consagrados en la nueva Constitución, pues se ha detectado que en muchos casos los desconoce.

Es tal la falta de promoción de los derechos humanos entre la ciudadanía, que de las treinta masacres que ocurrieron en el Valle de Aburrá el año pasado, a la Procuraduría Regional de Antioquia solo han llegado dos denuncias formales.

Y, aunque en el Departamento de Estudios Criminológicos y de Policía Judicial (Decypol), adscrito a la Secretaría de Gobierno de Medellín, existe denuncia por la desaparición de 69 personas, se cree que esa cifra podría ser tres veces mayor.

Casos como homicidios cometidos por agentes de Policía bajo las órdenes de superiores o desapariciones forzadas de jóvenes y menores de edad se reciben en la Personería de Medellín. Solo 16 denuncias sobre estos últimos casos se hicieron en este despacho el año pasado, mientras que extraoficialmente se manejan cifras mucho más altas.

Sin embargo, las denuncias no atribuyen los atropellos solamente a los organismos de seguridad del Estado, sino a muchos otros estamentos: cárceles, grupos armados de carácter privado y grupos guerrilleros.

La iniciativa de crear un puente de comunicación permanente partió de los funcionarios que trabajan en la Unidad de Derechos Humanos de la Seccional de Instrucción Criminal y Policía Judicial de Antioquia, entidad que depende de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. La Unidad funciona oficialmente en Antioquia desde el 4 de octubre de 1990, bajo la coordinación del director seccional de Instrucción Criminal del departamento, y es atendida por dos abogados titulados. Su función es la de vigilar todos aquellos procesos en los que se ha comprobado violación a los derechos humanos, tales como homicidios, desapariciones, retenciones arbitrarias o torturas.

Desde 1990 hasta la fecha, la Unidad de Derechos Humanos de Instrucción Criminal en Antioquia ha recibido 257 casos, a los cuales les sigue una especie de auditoría, con el fin de que su investigación se lleve hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, esta cifra es solo una parte del gran total de casos sin denunciar o que se encuentran dispersos entre tantas instituciones.

Es importante que la comunidad conozca que existen organismos para ello, y que esos derechos son extensivos a la propiedad intelectual, a la vida privada y a la tenencia de bienes , dice la abogada María Cristina Posada Hernández, de la Unidad de Derechos Humanos de la seccional de Instrucción Criminal en Antioquia.

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