NIEGAN NORMAS QUE IMPEDÍAN HEREDAR BIENES DE NARCOS

NIEGAN NORMAS QUE IMPEDÍAN HEREDAR BIENES DE NARCOS

No todo, ayer, fueron avances contra el narcotráfico. Por falta de quórum, el Senado se abstuvo de aprobar el artículo de la Ley de Orden Público que permitía a la Fiscalía perseguir los bienes de los narcos muertos. El fiscal Gustavo De Greiff sólo atinó a decir: Esto es grotesco . La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley de orden público, pero, por falta de quórum, negó la posibilidad de que el Estado pudiera continuar una acción penal contra los bienes de los narcotraficantes muertos, cuando sus herederos o causahabientes no demostraran la licitud de los mismos.

17 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Hijos de narcos pueden heredar El Congreso negó al Estado la posibilidad de perseguir los bienes de los narcotraficantes muertos y lo privó de un instrumento considerado vital para combatir el enriquecimiento ilícito.

La plenaria del Senado rechazó ayer sorpresivamente dos de los artículos nuevos introducidos en la Ley de Orden Público, aprobada en último debate el pasado martes, entre ellos uno que señalaba que la muerte de un sindicado por enriquecimiento ilícito, relacionado con el narcotráfico, extinguía la acción penal contra él, pero dejaba abierta la posibilidad de que la Nación se apropiara de sus bienes, siempre que los herederos y causahabientes no lograran demostrar su origen lícito.

La Cámara de Representantes, en cambio, aprobó la disposición, pero el reglamento interno del Congreso establece que cuando hay disparidad de criterios entre las dos cámaras el artículo o artículos afectados se entenderán negados.

La caída de las normas que permitían la expropiación de tales bienes comenzó a gestarse en el seno de una comisión conciliadora, integrada por diez representantes y ocho senadores.

Los ponentes en Senado y Cámara, Luis Guillermo Giraldo y Mario Uribe, eran prácticamente los únicos que estaban de acuerdo con ponerla en vigor.

El sorpresivo embate contra el artículo fue encabezado por el senador Humberto Peláez, el mismo parlamentario que el año pasado empantanó el trámite del proyecto de ley que aprobaba la Convención de Viena sobre narcotráfico.

Peláez también ha venido promoviendo varios foros en procura de ambientar la legalización de la droga.

Debate agitado Después de varias horas de discusión, el Senado escuchó el informe de la comisión de conciliación y, en aras de evitar que el grueso del proyecto se empantanara, decidió aprobar el articulado inicial y someter a discusión las dos disposiciones nuevas.

Comenzó, entonces, una verdadera correría entre los congresistas a favor y en contra de los textos. El senador Gustavo Galvis, opuesto a la norma, dijo que ahora las amenazas no sólo provenían de afuera sino que el propio Fiscal nos quiere quitar la honra si no aprobamos los artículos; ese es el sicariato moral , expresó.

Hugo Castro Borja recordó que las comisiones conjuntas jamás aprobaron artículos nuevos y que en el caso de la inversión de la prueba, es al Estado a quien le corresponde probar la ilicitud de los bienes de una persona y no al contrario. Cómo vamos a aprobar ocho conciliadores algo que no aprobó el Senado? , se preguntó.

Vino el turno para el fiscal Gustavo de Greiff, quien comenzó diciendo que lo que estaba en juego era un principio fundamental y eficaz de lucha contra los narcotraficantes. No alcanzo a comprender qué oposición puede haber para que se establezca una carga procesal sobre los bienes adquiridos ilícitamente , afirmó.

Luis Guillermo Giraldo fue más allá y manifestó que de no aprobarse el artículo referente a la inversión de la carga de la prueba, se estaría patrocinando el narcoterrorismo. Cuando salgamos de aquí digámosle a la gente que hay ingredientes para combatir la guerrilla y el narcotráfico desde su raíz, digamos que los congresistas y este Gobierno, con hombría, tienen un instrumento poderoso para cerrarle el paso al narcoterrorismo , añadió.

La votación Se procedió, entonces, a votar cada artículo. Primero, el que hacía referencia a la designación de abogados por la Defensoría del Pueblo para que se encargaran de asumir las defensas de los sindicados en casos especiales. El resultado: 39 votos a favor y 4 en contra. No hubo quórum para decidir. Más de 50 parlamentarios se habían ausentado del recinto.

Luego se puso a consideración el segundo artículo, el más polémico, que señalaba que los causahabientes debían demostrar el origen lícito de sus bienes. El resultado: 34 votos a favor y 10 en contra. Tampoco se presentó quórum. Los artículos fueron negados.

Vinieron las protestas de quienes respaldaban las iniciativas. El fiscal De Greiff sólo atinó a decir: Esto es grotesco , mientras su vicefiscal, Francisco Sintura, le pedía calma.

Indignado y visiblemente enojado, De Greiff salió del Capitolio Nacional antes de que se terminara la sesión plenaria que ayer puso fin a la primera parte de la actual legislatura.

Cuando los periodistas le preguntaron si creía que la decisión del Senado había sido movida por los hilos del narcotráfico, De Greiff respondió: No sé, me imagino que cada parlamentario votó según su conciencia y según su corazón .

A su vez, el ministro de Gobierno, Fabio Villegas, comentó que el Estado perdió la oportunidad de desarrollar un elemento fundamental en la lucha contra el narcotráfico y no descartó la posibilidad de que el Gobierno y la Fiscalía adopten por decreto normas que permitan llenar el vacío creado ayer por la decisión del Senado.

Villegas se mostró sorprendido por la actitud de algunos senadores que aun cuando estaban presentes, se retiraron del recinto en el momento de la votación.

Cómo votaron Cuando todo presagiaba que el debate sobre los dos artículos nuevos introducidos a la ley de orden público, uno de ellos considerado fundamental para la lucha contra el narcotráfico, podría hundir toda la norma, el presidente del Senado, Ramón Elías Náder, decidió que se evacuara la totalidad del proyecto, excepto los dos artículos nuevos, que fueron votados de manera separada.

En ninguno de los dos casos se presentó mayoría, debido a que, sorpresivamente, varios parlamentarios se ausentaron del recinto. Al final, por falta de quórum, las disposiciones fueron negadas.

Los congresistas que votaron en contra de las dos normas fueron: Humberto Peláez Jaime Bogotá Marín Rodrigo Bula Ramón Elías Náder Jorge Tadeo Lozano Carlos Espinosa Fernando Mendoza Marco Tulio Padilla Omar Yepes Alzate Hugo Castro Borja (dejó constancia de su voto negativo).

Entre quienes respaldaban las disposiciones estaban: Rafael Amador Eduardo Pizano José Blackburn Maristella Sanín Mario Laserna Guillermo Giraldo Guillermo Sorzano Hugo Serrano Regina Betancourt, entre otros.

Posiciones encontradas Tras lo ocurrido en la plenaria del Senado, el fiscal general Gustavo de Greiff expresó: Me parece muy triste lo ocurrido. Me parece que esto no corresponde al cumplimiento de un deber que el Congreso tenía para con la Nación entera.

Al país se le ha quitado un valioso instrumento en la lucha contra el narcotráfico; me parece muy triste; me parece que no corresponde a la Colombia decente en la que aspiramos a vivir.

Creo que fue una decisión involuntaria del Congreso y espero que con esta determinación no se le estén abriendo las puertas al narcotráfico ni al narcoterrorismo. No estoy enojado, estoy triste .

El senador Humberto Peláez fue quien más se opuso a la aprobación de las nuevas disposiciones al proyecto de ley de orden público que finalmente fueron negadas.

Aquí no podemos decir que hay influencia de ningún cartel. Por qué no decimos entonces infiltración de los juristas más prestigiosos del país que saben que de haberse aprobado tales normas se estaría violando abiertamente la Constitución.

Lo hemos negado con razones jurídicas y de ninguna otra especie.

Yo le pido a los medios de comunicación que nos den espacio para que los juristas digan si teníamos razón o no .

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