CÁMARA PIDE REVOCAR MANDATO DE J. CASTRO

CÁMARA PIDE REVOCAR MANDATO DE J. CASTRO

En un hecho político sin precedentes, la Cámara de Representantes aprobó ayer unánimemente una proposición que respalda un eventual proceso de pérdida de investidura contra el alcalde mayor de Bogotá, Jaime Castro. La proposición, impulsada entre otros parlamentarios por los liberales Edmundo Guevara y Marco Tulio Gutiérrez, señala que la Corporación se solidariza con las angustias, pesares y problemas que tan dramáticamente agobian a la ciudad .

16 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Esta decisión fue adoptada en la fase final del trabajo del Congreso, que hoy termina su primer período de la presente legislatura. Las cámaras se vuelven a reunir a partir del 16 de marzo, para un breve período de tres meses que culmina el 20 de junio. El 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso, cuyos miembros serán elegidos el 13 de marzo próximo.

Varios parlamentarios señalaron que el proceso de pérdida de investidura podría impulsarse aún antes de que sea sancionada la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana que prevé este tipo de control político ejercido directamente por los ciudadanos.

De otra parte, la corporación aprobó unánimemente el proyecto de Código Disciplinario Unico presentado por el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta.

El representate Darío Martínez, ponente de la iniciativa, destacó que se trata del primer instrumento de lucha contra la corrupción acogido en el Congreso.

La importancia del Código radica en que unifica los procedimientos para conocer de las faltas disciplinarias en que incurran los funcionarios públicos y los particulares cuando ejerzan funciones públicas.

Actualmente, este régimen se encuentra disperso en más de 25 estatutos.

El código será aplicable, inclusive, a los funcionarios de elección popular y a los particulares cuando ejerzan funciones públicas o estén encargados de la prestación de un servicio público.

La ley disicplinaria será aplicable también a los contratistas del Estado siempre que el objeto del respectivo contrato persiga directamente la satisfacción del interés público, comporte la concesión o prestación de un servicio público o cuando dé lugar al ejercicio temporal de funciones públicas por parte del contratista particular.

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