LEY DE PULSO FIRME Y MANO TENDIDA

LEY DE PULSO FIRME Y MANO TENDIDA

La ley de orden público, aprobada el martes en último debate en la Cámara de Representantes, y que sólo está pendiente hoy del informe de comisiones de conciliación, pondrá a disposición del Estado nuevos instrumentos para perseguir los bienes de origen ilícito, aun después de la muerte de sus propietarios. Desde la perspectiva de la Fiscalía, ahora será posible seguirle la pista, con mayor certeza jurídica, a las fortunas que dejaron, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.

16 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La disposición que habilita al Estado para asumir el control de esos bienes, con el propósito de darles una utilidad social, fue aprobada, como artículo nuevo, al filo de la medianoche, cuando ya habían sido evacuados los 145 artículos que hacían parte del proyecto aprobado por el Congreso.

La ley también dota al Gobierno de nuevos instrumentos para darle impulso al proceso de paz y, como en una balanza de posibilidades, le otorga al mismo tiempo atribuciones para atacar militar, judicial y financieramente a los grupos guerrilleros que no se acojan a la posibilidad que tienen de reinsertarse a la vida política.

Este es el perfil de los más importantes temas incluidos en la nueva normatividad de orden público que regirá durante los dos próximos años.

Cacería de bienes La muerte de un narcotraficante no lavará automáticamente su patrimionio malhabido. Así las cosas, en los procesos por enriquecimiento ilícito, en los que los bienes provegan del narcotráfico y de delitos conexos, la muerte del sindicado extingue la acción penal respecto a él, pero no impide que prosiga el trámite en relación con ellos. El juez podrá entonces extinguir el derecho de dominio en favor del Estado.

Cuando en los respectivos procesos obren pruebas de la actividad de narcotráfico y conducta conexos, corresponderá a los herederos o causahabitantes del sindicado muerto demostrar el orígen lícito de los bienes. Esto quiere decir que se invierte la carga de la prueba.

Sin embargo, Luis Guillermo Giraldo ponente del Senado temía ayer que las comisiones de conciliación rechazaran esta norma que no parece suscitar consenso en el Congreso.

Indulto amplio El Gobierno queda facultado para conceder indultos a guerrilleros que muestren su voluntad para reincorporarse a la vida civil y que hayan sido condenados por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con estos. En ningún caso la gracia podrá otorgase a quien haya cometido secuestro o haya incurrido en delitos atroces, genocidios u homicidos cometidos fuera de combate o dejando a las víctimas fuera de combate.

Dentro del nuevo espíritu de la ley, podrá dársele tratamiento político a los grupos de milicias populares urbanas y rurales. La única condición será que estas milicias hagan parte de la estructura orgánica de la guerrilla y no sean simples apéndices de la delincuencia común o de grupos sicariales.

Favorabilidad política La ley dará desarrollo al artículo 12 transitorio de la Constitución, en cuanto autoriza al gobierno para crear, durante una sola vez, un número plural de curules para los grupos subversivos que se acojan al proceso de paz, Esta posibilidad, conocida como aplicación del principio de la favorabilidad política, resulta clave en momentos en que el Ejecutivo se dispone a iniciar formalmente negociaciones de paz con la Corriente de Renovación Socialista, facción disidente del ELN.

Diálogos regionales? Queda abierta una compuerta para los diálogos regionales con la guerrilla. Si bien la ley deja en cabeza del Presidente de la República la conducción del proceso de paz, dice que éste podrá autorizar a otros funcionarios para adelantar diálogos con grupos guerrilleros y para firmar acuerdos que faciliten su desmovilización.

Por solicitud del ministro de Gobierno, Fabio Villegas, la Cámara rechazó una propuesta de la Alianza Democrática M-19 de incorporar a la ley un artículo que autorizaba expresamente a los gobernadores para promover este tipo de diálogos. Consideró que inmediatamente los mandatarios seccionales podrían quejar bajo presiones de la subversión interesada en darle a este tipo de contactos un efecto táctico.

Castigo a gobernadores La ley dice que sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar, los gobernadores y alcaldes que desacaten las órdenes presidenciales en materia de orden público, serán castigados con sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución. Las sanciones serán decretadas, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, por el Presidente si se trata de gobernadores o alcaldes de distrito, y por los gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su respectivo departamento.

Los gobernadores y alcaldes que remplacen a los sancionados, deberán ser de su misma filiación y grupo político. Esto cierra el paso al nombramiento de alcaldes militares.

Impuesto social Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban con la Nación, los departamentos o los municipios, contratos para la construcción y mantenimiento de vías, deberán pagar una contribución equivalente al 5 por ciento del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Los recursos así captados se dedicarán a propiciar la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo comunitario y, en general, a todas aquellas inversiones sociales que permitan hacer presencia real del Estado .

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