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EN LA ONU

Luego de un detenido análisis de la situación colombiana, y de varias semanas de puja diplomática , las Naciones Unidas decidieron abrir en Bogotá una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Redacción El Tiempoabril 27 de 1996, 12:00 A.M.

De esta manera se descartó la vinculación de Colombia a la lista negra de países considerados violadores atroces de los derechos humanos. A pesar de los dramáticos niveles alcanzados por la violencia en Colombia, la comunidad internacional ha reconocido la complejidad del problema y su carácter sui generis.

Las poderosas Organizaciones No Gubernamentales habían propuesto que le fuera aplicada a Colombia la misma sanción que se les ha impuesto a Cuba, Irán e Irak, naciones en las cuales no existe una política oficial de defensa de los derechos esenciales de los ciudadanos: la de un Relator Especial, una de cuyas funciones es denunciar ante el mundo la falta de voluntad política de los gobiernos por acabar con la violencia. La ONU ha optado en cambio por una figura innovadora, propuesta por Colombia, que no solo resulta más justa con el país sino, sobre todo, más efectiva en la defensa de los derechos humanos.

A diferencia del Relator Especial, la nueva oficina no se limitará a vigilar las violaciones cometidas por los agentes del Estado. También tendrá la posibilidad de recibir denuncias sobre las conductas criminales de los grupos irregulares, llámense guerrilla o paramilitares. Y aquí sí que va a ser notorio el tenebroso comportamiento de los subversivos, por ejemplo, para quienes el asunto de los Derechos Humanos parece no tener importancia alguna.

Al ser el resultado de un acuerdo, y no de una imposición ajena a la voluntad del Gobierno, la oficina del Alto Comisionado tiene ahora la gran oportunidad de reunir información proveniente de todas las fuentes de la violencia, y de proponer alternativas para consideración de las autoridades.

El carácter neutral de las Naciones Unidas, y su capacidad de convocatoria, les quitarán a los informes que se presentarán a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra las suspicacias y sospechas que suelen tener los reportes, siempre sesgados, de los pax christies, de las amnistías internacionales y también de las instituciones estatales.

La opción acordada en Ginebra es fruto de la concertación y no de la odiosa tentación intervencionista que se observa en el mundo desarrollado frente a los angustiosos problemas de Colombia. Es una prueba palmaria de que la cooperación y el entendimiento sí pueden ser una alternativa al intervencionismo que se abre paso con el final de la guerra fría.

Son muchas las lecciones que le deja a Colombia este episodio. La principal, sin duda, es que nuestra marchitada imagen internacional nunca podrá renovarse sin un mejoramiento de la situación de los derechos humanos. Mientras en Colombia se considera que este es un tema político, una bandera de la izquierda pasada de moda o un lujo utópico de los intelectuales, en el exterior los derechos humanos son, simple y llanamente, la base de la democracia y de la civilidad.

Le corresponde a la delegación de la Cancillería colombiana que asistió a Ginebra el mérito de haber encontrado una fórmula original que, sin desconocer la gravedad de la situación de violencia en Colombia, acepta el desafío de responder a las preocupaciones de la comunidad internacional. El reto se extiende ahora al Gobierno, que tiene el deber de mejorar la situación de derechos humanos y a la vez ganar la guerra que le declararon a la sociedad colombiana la guerrilla, los narcos y los paramilitares.

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Redacción El Tiempoabril 27 de 1996, 12:00 A.M.