SIGUE LA GUERRA SUCIA EN COLOMBIA: AMÉRICAS WATCH

SIGUE LA GUERRA SUCIA EN COLOMBIA: AMÉRICAS WATCH

Las guerrillas y el Ejército colombiano siguen enfrascados en una guerra sucia donde ambos bandos cometen graves violaciones de los derechos humanos, con un balance trágico de once muertes diarias por motivos políticos, según la organización humanitaria estadounidense Américas Watch. En un informe de 89 páginas dado a publicidad este martes, Américas Watch afirma que las llamadas Brigadas Móviles del Ejército han sido implicadas en un escandaloso número de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, estupros, torturas, injustificable incendio de viviendas y siembras, bombardeos y ametrallamientos aéreos indiscriminados, palizas y amenazas de muerte .

15 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Esas unidades de creación reciente no solamente refuerzan los patrones de abuso que ya existían, incluyendo la formación y fortalecimiento de grupos paramilitares, sino que además han creado un nuevo tipo de hostigamiento contra las familias rurales, particularmente las que viven en regiones aisladas y son más vulnerables a las injusticias , dice el documento.

Tanto las fuerzas gubernamentales como la guerrilla continúan lanzando ataques indiscriminados contra la población civil, sobre todo en las áreas rurales, y recurren al terror para obligar a la agente a apoyarlos o para intimidar a quienes perciben como enemigos, sostiene Américas Watch.

El informe estima que la violencia atribuible a motivos políticos causó en promedio la muerte de once personas cada día de 1993, mientras el número de desapariciones, casos de torturas y otras violaciones permanece a un nivel pasmoso .

Américas Watch opina que la guerrilla es responsable por el aumento de la violencia, en parte por rehusarse a negociar de buena fe un acuerdo de paz, y su informe resalta un patrón de violaciones atribuidas a la Coordinadora Guerrillera, incluyendo asesinatos y torturas de oficiales capturados, asesinato de quienes los critican, ataques a blancos civiles y daños al medio ambiente por la voladura de oleoductos.

El documento señala que en Colombia existe un amplio aparato civil para investigar las violaciones de los derechos humanos, pero sin embargo es raro que los responsables sean llevados a juicio, y mucho menos castigados.

Destaca también que en 1993 aumentaron los ataques contra los activistas de derechos humanos, con la muerte de Julio César Berrío en Santander y la desaparición de Delio Vargas en Meta, así como numerosas amenazas contra muchos otros.

El informe incluye una lista parcial de material militar entregado a Colombia por Estados Unidos, y critica a Washington por no ejercer una mayor supervisión para evitar que esos equipos sean usados para violar los derechos humanos de la población civil.

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