LUZ VERDE A LEY DE ORDEN PÚBLICO

LUZ VERDE A LEY DE ORDEN PÚBLICO

En una maratónica sesión, la Cámara de Representantes aprobó anoche el proyecto de ley de orden público que regirá la política de seguridad interna del Estado colombiano en los próximos dos años y buena parte de los procesos de paz que se lleven a cabo durante este lapso. La Cámara aprobó un artículo mediante el cual se faculta al Gobierno para establecer un número plural de curules en el Congreso para grupos guerrilleros que se acojan a un proceso de paz, e igualmente otro que prohíbe a la radio y la televisión la transmisión en directo de informes y entrevistas con personas vinculadas con grupos guerrilleros o de narcotráfico sin previa autorización del Ministerio de Comunicaciones.

15 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Este artículo fue objeto de un intenso debate en el que por lo menos catorce congresistas intervinieron para pedir su abolición, mientras el ministro de Gobierno, Fabio Villegas, hizo una defensa integral de sus bondades. Finalmente, hubo 54 votos a favor y 28 en contra de la norma.

El Gobierno queda facultado para desvincular de sus cargos a gobernadores y alcaldes que desacaten las directrices sobre manejo de orden público.

El texto definitivo será revisado por la plenaria del Senado antes de salir a sanción presidencial.

Curules para ex guerrilleros La aprobación de la Ley de Orden Público despejó ayer el camino para que los movimientos guerrilleros que se acojan al proceso de paz aseguren representación política en el Congreso de la República.

La Ley, en efecto, otorga atribuciones al Gobierno para nombrar directamente, por una sóla vez, un número plural de congresistas en cada Cámara en representación de movimientos subversivos desmovilizados.

Simultáneamente el Ejecutivo quedó habilitado para dar un tratamiento político a las milicias populares, tanto urbanas como rurales, siempre y cuando sean apéndices de la guerrilla.

Los nuevos espacios políticos para el afianzamiento del proceso de paz, fueron abiertos ayer por decisión de la Cámara de Representantes en pleno, que al cierre de esta edición había aprobado un noventa por ciento de la iniciativa que durante la última semana parecía estar empantanada.

También fue aprobada la norma que ordena severas restricciones a los medios de comunicación, de radio y televisión, en el sentido de que no pueden transmitir informaciones o entrevistas relacionadas con la guerrilla o el narcotráfico.

Este artículo fue objeto de un intenso debate en el que por lo menos catorce parlamentarios intervinieron para pedir su abolición, mientras el ministro de Gobierno hizo una defensa integral de sus bondades.

El Congreso refrendó también la autonomía del Presidente de la República en la conducción del proceso y descartó de plano la posibilidad de que los gobernadores o alcaldes puedan impulsar diálogos regionales, a menos que lo hagan por instrucción directa del jefe del Estado y bajo parámetros fijados por éste.

La Cámara no aprobó una propuesta presentada por la bancada de la AD M- 19 en el sentido de autorizar al Gobernador de Antioquia para promover diálogos de esta naturalesza en la conflictiva región de Urabá, dónde durante los últimos días se ha presentado una racha de asesinatos políticos que arroja hasta hoy 97 víctimas sólo en noviembre.

La corporación acogió los argumentos del ministro de Gobierno, Fabio Villegas, en el sentido de que dejar abierta la posibilidad de los diálogos regionales sería tanto como convertir a los gobernadores en objeto de presión por parte de los grupos subversivos.

La norma que autoriza al Presidente para crear en la práctica curules para guerrilleros desmovilizados representa un desarrollo del artículo 12 transitorio de la Constitución Nacional.

Subsidio para víctimas Paralelamente, y a instancias de la misma Ley, la Cámara amplio el marco de protección estatal para las víctimas de atentados terroristas y dispuso que haya atención hospitalaria y gratuita para aquellas desprovistas de recursos económicos.

También decidió que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desarrollo de sus programas preventivos y de protección, preste asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia por razón de acciones de esta índole.

En ese sentido, dispuso que el Gobierno apropie los recursos indispensables para que el Instituto pueda cumplir ese cometido.

La Cámara impartió además el visto bueno a una disposición que señala que el Instituto de Fomento Industrial (IFI), redescontará los préstamos que otorguen los distintos establecimeintos de créditos a estas víctimas, para financiar la reparacion de vehículos, maquinaria, equipo, equipamento, muebles y enceres, capital de trabajo y reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a locales comerciales.

La garantía de indulto Pese a los esfuerzos hechos por los representantes Gloria Quizceno y Gustavo petro de la AD M-19, fue rechazada mayoritariamente una proposición sustitutiva que buscaba incluir al delito de secuestro como conducta susceptible de indulto.

Los autores de la propuesta insistieron en que resultaba ingenuo pensar que los grupos guerrilleros que deban ser interlocutores del Gobierno en el proceso de paz no hayan incurrido en este tipo de delitos que tradicionalmente han hecho parte del espectro de sus actitudes políticas .

En definitiva, la norma aprobada dice que el Gobierno podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales colombianos que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriadas por hechos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con éstos, cuando a su juicio el grupo guerrillero del cual forme parte el solicitante haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

Unicamente, quedarán exentos de esta gracia quienes hayan incurrido en delitos atroces, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate o con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión; secuestros o actos de ferocidad y barbarie.

Sanciones a contratistas La Ley de Orden Público prevé seis causales para declarar la caducidad o la terminación unilateral o biliateral celebrada por una entidad pública cuando se compruebe que el contratista tiene algún nexo con grupos guerrilleros o favorece de alguna manera su accionar. Estas causales son la siguientes: 1.Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo injustificadamente a amenzas por parte de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros. 2. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros provenientes de o con destino a la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros. 3. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o movimiento de alzados en armas. 4. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de este tipo de grupos. 5. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumpliento de sus obligaciones contractuales por atender instrucciones de la delincuencia. 6. Incumplir el deber de denunciar hechos punibles cuya comisión haya cometido con ocasión al contrato, que se han cometido por guerrilleros o miembros de bandas organizadas.

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