CORTE AMPLÍA FUERO SINDICAL

CORTE AMPLÍA FUERO SINDICAL

La Corte Constitucional advirtió anoche que inclusive los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, de confianza o de manejo gozan de fuero sindical. En criterio de la corporación, salvo los miembros de la Fuerza Pública, cualquier empleado puede reclamar por el derecho de asociación sindical, pues se trata de una garantía establecida expresamente en la Constitución de 1991.

15 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La Corte, sin embargo, advirtió que el Congreso de la República podrá incluir entre quienes estén excluidos del fuero sindical --a través de una ley a aquellas personas que ocupen cargos de dirección administrativa y de jurisdicción o autoridad civil o política.

En estos términos, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 49 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se contemplaban las excepciones en materia de fuero sindical.

Con una votación de 6 a 3, la corporación advirtió que la ley no puede imponer distinciones en esta materia, por cuanto la Constitución no prevé ninguna clase de diferencias en cuanto a la posibilidad de los empleados a gozar del fuero sindical.

Sobre ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, la Corporación dijo, a la vez, que con este fuero también están cobijados los trabajadores que sean empleados públicos, de acuerdo con el Código de Régimen Político y Sindical.

Esto es, quienes presten al Estado servicios ocasionales, como peritos; obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra, son meros auxiliares de la administración pública --según el artículo 5o. del Código de Régimen Político y Sindical-- y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes .

Votaron a favor de la inexequibilidad del artículo 49 del Código Sustantivo del Trabajo los magistrados Jorge Arango Mejía, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria Díaz, Fabio Morón Díaz y Antonio Barrera Carbonell.

Mientras que los magistrados Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo y José Gregorio Hernández, salvaron su voto al considerar que los trabajadores públicos, los oficiales y particulares no gozan de fuero sindical.

El pronunciamiento se produjo sobre ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz. Sin embargo, la sentencia respectiva sólo se conocerá en su totalidad hasta enero de 1994.

La decisión de la Corte Constitucional se sustenta, en esencia, en el artículo 39 de la Constitución, según el cual los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado y se reconoce, además, a los representantes sindicales el fuero y las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

La norma, declarara inconstitucional, preveía: No gozan de fuero sindical: 1) Los trabajadores que sean empleados públicos de acuerdo con el artículo 5o. del Código de Régimen Político y Municipal. 2) Los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, de confianza o de manejo .

Defensa de militares De otro lado, la Corte Constitucional abolió la norma que permitía sólo a los militares intervenir como defensores en los procesos penales castrenses.

A juicio de la corporación, en aquellos procesos deben intervenir los abogados, so pena de violar el principio del debido proceso.

Así lo determinó sobre ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz al evacuar una demanda contra un aparte del Código Penal Militar relativo a los defensores en los asuntos de la justicia castrense.

En concreto, la corporación declaró la inexequibilidad parcial del artículo 374 del Código Penal Militar, que confería la posibilidad de asumir la defensa de un procesado a un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía en servicio activo.

Finalmente, la Corte dejó en firme las sanciones a los jueces morosos. Esto es, llamado de atención, amonestación escrita, anotación en la hoja de vida de la irregularidad e inclusive --si la infracción es grave-- la posibilidad de multa, suspensión o destitución del cargo.

En criterio de la corporación, las sanciones a los jueces que no cumplan estrictamente con su trabajo, entre otros, permite la consecución de una buena administración de justicia.

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