SANTAMARÍA HABRÍA SIDO NEGLIGENTE

SANTAMARÍA HABRÍA SIDO NEGLIGENTE

El procurador delegado para las Fuerzas Militares, Mauricio Fajardo, elevó pliego de cargos a siete oficiales y suboficiales del Ejército como presuntos responsables de la muerte de dos voceros de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), ocurrida el pasado 22 de septiembre en Blanquicet (Urabá antioqueño). A la vez, Fajardo remitió copias de lo actuado a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa con el fin de que se determine la responsabilidad disciplinaria del ex consejero para la Paz (e) Ricardo Santamaría y del funcionario de esa dependencia, Gonzalo De Francisco, por posible omisión en el desempeño de sus funciones.

14 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Santamaría será investigado por presunta omisión en el desempeño de su cargo.

EL TIEMPO habló ayer con Santamaría, quien dijo que espero tranquilo la investigación de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, y ya tuve la oportunidad en el Senado y la Cámara, en los debates correspondientes, de señalar que la Consejería a mi cargo hizo todos los esfuerzos para que este procedimiento de traslado se hiciera sin contratiempos .

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanín, se pronunció sobre la situación del funcionario y dijo que el doctor Santamaría seguirá de embajador de Colombia en Cuba mientras la Procuraduría General de la Nación no establezca que su conducta le impide ejercer sus funciones. Solamente cuando haya una declaratoria de la Procuraduría en ese sentido, actuaremos como la ley lo indica. Mientras tanto, su nombre, su honra, su fama, deben obedecer al principio de la buena fe, y de tal forma debemos actuar todos .

La Ministra dijo que no se debe confundir abrir una investigación con condenar. y que hasta el momento la Procuraduría no le ha informado sobre este tema, pero sí es la apertura de una investigación, no hay una condena de por medio , concluyó Sanín.

El Procurador Delegado para las Fuerzas Militares solicitó a la Inspección General del Ejército abrir procesos disciplinarios contra 11 soldados que también están involucrados en la muerte de los voceros de la CRS, Carlos Prada González o Enrique Buendía y Evelio Antonio Bolaños Castro o Ricardo González.

A la vez, Fajardo pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría Provincial de Turbo (Antioquia) investigar al Inspector de Policía de Blanquicet, Alfredo Flórez, por presuntas irregularidades durante el levantamiento de los cadáveres de los voceros de la Corriente y por presuntas falsedades en las actas de levantamientos.

Según Fajardo, Santamaría y De Francisco, los dos funcionarios a los que el Gobierno responsabilizó de adelantar las gestiones para el inicio de los diálogos de paz con los voceros de la CRS no habrían hecho todo lo posible para salvaguardar la vida de los negociadores.

El Gobierno (mediante sus representantes) debería haber adoptado medidas de seguridad mínimas para garantizar la vida de quienes se encontraban sentados a su mesa para concertar los términos de la paz, medidas entre las cuales debían incluirse, por su puesto, instrucciones precisas a los miembros de la Fuerza Pública , dice el informe.

Al respecto, Santamaría dijo que concretamente, el acuerdo que yo asumí consistió en el despeje de una zona para la llegada de Enrique Buendía y de Ricardo González, lo que se cumplió sin contratiempo, y segundo, 10 días después, despejar por 12 horas un sitio distinto al de llegada para que ellos pudieran salir.

También señalé que el procedimiento tenía riesgos que fueron asumidos por la mesa de las negociaciones , dijo.

El documento agrega que los dos funcionarios eran conscientes del alto riesgo que significaba el traslado de los voceros guerrilleros a la zona de Urabá, a pesar de lo cual no adoptaron directamente, ni promovieron ante las autoridades competentes, la realización de acciones o la expedición de instrucciones u órdenes encaminadas a disminuir, controlar o conjurar dichos riesgos .

Tirón de orejas El Ministerio Público asegura que no sólo no se impartieron órdenes o instrucciones sobre las zonas de distensión, sino que ni siquiera se les dio a conocer (a los mandos militares), con detalle, la información relacionada con el sitio preciso donde aterrizaría el helicóptero (que debía conducir a los voceros de la CRS), ni la zona específica donde permanecerían los voceros .

En el memorial de conclusiones, la Procuraduría consigna que si a la Fuerza Pública se le hubiesen impartido claras, precisas y perentorias instrucciones en relación con las gestiones que cumplía el Gobierno Nacional con la CRS el incidente se hubiese podido evitar.

Entre otras razones --observa la Procuraduría--, porque el Comandante del Batallón Voltígeros y el Comando Operativo Número Uno del Ejército en Urabá demostraron su voluntad de cooperar con los objetivos del Gobierno al suspender operaciones militares cerca a la zonas por donde se movilizaban voceros de la CRS.

El encuentro entre las unidades militares adscritas a la Compañía A, Primera División del Batallón Voltígeros, con los voceros de la Corriente fue fortuita porque los militares estaban sacando de la zona a un compañero enfermo.

La investigación del Ministerio Público estableció que los dos subversivos no murieron en combate, sino que fueron ejecutados en estado de indefensión por parte de militares adscritos a la Compañía A, Primera División del Batallón Voltígeros .

A Ricardo González, por ejemplo --asegura el informe oficial--, le dispararon a menos de 120 centímetros, y Buendía fue muerto en total estado de indefensión y con una de las armas que le fue incautada por las unidades del Ejército. (Ver recuadro).

Las afirmaciones sobre la actuación de los militares se fundamentan en las pruebas técnicas recogidas en el lugar de los hechos por funcionarios de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y agentes de la Fiscalía General de la Nación; en exámenes entregados por Medicina Legal, en informes de balística y en las versiones de los testigos.

La Procuraduría dice que no hay ninguna prueba que sustente la versión de los implicados y del Ejército, según la cual los voceros de la CRS murieron durante un enfrentamiento con las unidades militares.

Los militares argumentaron que los voceros de la CRS habían sido muertos en desarrollo del enfrentamiento que se originó cuando los insurgentes intentaron atacar a los soldados que trasladaban a un compañero que se encontraba enfermo. Es esta la versión que desvirtúa la Procuraduría.

Como epílogo de los resultados de esta investigación, el Ministerio Público decidió instar al Gobierno para que impulse en el Congreso de la República un Estatuto para la Paz con fuerza de ley.

Dicho estatuto debe precisar las autoridades encargadas de adelantar las gestiones de paz, indicar sus funciones, establecer los temas de negociación.

También debe determinar las facultades que tendrían algunos servidores públicos para impartir, en ciertos casos, órdenes legítimas a las Fuerzas Armadas para suspendan operaciones militares y prohibirles el acceso a determinadas zonas, sin que ello implique la desmembración del territorio nacional .

Según el Ministerio Público la ausencia de ese marco legal y las legítimas funciones de la Fuerza Pública, ha contribuido a generar confusión alrededor de los procesos de paz y ello no estuvo ajeno en la primera etapa de los diálogos adelantados con los voceros de la Corriente .

Los inculpados La Procuraduría para las Fuerzas Militares le abrió pliego de cargos al capitán Néstor Raúl Vargas Morales, al teniente José Miguel Velandia Mora, al sargento segundo Luis Eduardo García, al cabo segundo José Herrera Suárez, a los cabos primeros Juan Manuel Arena Rojas, Wilder Calambas Rechene y Ciro Antonio Duarte Sandoval.

Solicita, por competencia a la Delegada para la Vigilancia Administrativa, abrir investigación disciplinaria contra Ricardo Santamaría, ex consejero para la Paz (e) y Gonzalo De Francisco, funcionario de esa dependencia, por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, le pide a la Inspección General del Ejército abrir procesos disciplinarios contra los soldados voluntarios Manuel Chiquillo Caraballo, Santiago Hoyos Sierra, Jaime Acevedo Franco, Carlos Jaramillo Rico, Edgar Tovar Flórez, Ever López Arrieta, Misael Oyola de los Reyes, Alberto Jiménez Jiménez, Argemiro Arroyo Varrilla, Jorge Restrepo Díaz y Carlos Martínez Rojas, por su presunta participación en la muerte de los voceros de la Corriente.

Pide también investigación penal y disciplinaria contra el inspector de Policía de Blanquicet por posibles irregularidades durante el levantamiento de los cadáveres de los dos voceros guerrilleros.

REACCIONES La CRS dijo que el informe preliminar de la Procuraduría ratificaba su versión sobre lo acaecido en Blanquicet, donde fueron muertos Enrique Buendía y Ricardo González, negociador y jefe militar del Frente del Urabá, respectivamente.

Ahora esperamos las sanciones , dijo telefónicamente Jacinto Ruiz, jefe de la organización desde Flor del Monte. El siguiente es el comunicado expedido por esa organización. La CRS, ratificando su decisión de aportar a la construcción de una Colombia en paz y desde su campamento en Flor del Monte (Sucre), saluda el informe de la Procuraduría en cuanto ratifica nuestras denuncias sobre el asesinato a sangre fría y en estado de indefensión de nuestros compañeros Enrique Buendía y Ricardo González, el pasado 22 de septiembre en Blanquicet a manos de unidades del Comando Operativo Número Uno de Urabá.

Espera que el país conozca prontamente las sanciones que corresponden en justicia a los responsables por acción o por omisión de tan repudiable crimen.

Ello es necesario para la credibilidad de los procesos de paz y para superar el manto de impunidad que se tiende sobre la violación de los derechos humanos y del derecho a la vida en nuestro país.

Finalmente, la CRS expresa su decisión irrevocable de transformarse en fuerza política legal para trabajar por la construcción de un nuevo país sin corrupción y con justicia social e invita a todos los colombianos a acompañarnos en la instalación oficial de la mesa de negociaciones el próximo sábado 18 de diciembre en nuestro campamento de Flor del Monte .

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