TRASPIÉ DE LEY DE ORDEN PÚBLICO

TRASPIÉ DE LEY DE ORDEN PÚBLICO

Anoche, en la Cámara de Representantes, la ley de orden público tuvo un serio traspié. La sesión fue levantada, puesto que se comprobó que no había consenso para votarla favorablemente. Algunos congresistas enfilaron baterías contra la Fiscalía, a la que acusaron de cometer un error tras otro.

14 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La resistencia provino de la bancada conservadora, de las minorías encabezadas por el M-19, y varios liberales.

La Cámara aprobó una proposición que condicionó la continuación del debate a la presencia del fiscal Gustavo de Greiff.

El debate de la ley continuará hoy.

Un inusitado traspié tuvo anoche la ley de orden público que se debate en la Cámara de Representantes. La sesión fue levantada después de que el presidente de la Corporación, Francisco José Jattín, comprobó que no había consenso para votarla favorablemente. El argumento central de algunos congresistas se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación, a la que acusaron de cometer un error tras otro.

La resistencia provino principalmente de la bancada conservadora, de las minorías encabezadas por el M-19 y de algunos congresistas liberales.

La Cámara en pleno aprobó una proposición que prácticamente condicionó la continuación del debate a la presencia del fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, a quien solicitó explicar las razones que llevaron al organismo a su cargo a disponer el allanamiento de la residencia del representante Jaime Perea, de la AD M-19, en hechos ocurridos el pasado viernes en Cali.

Simultáneamente, la bancada del conservatismo, liderada por el representante Jaime Arias, se retiró del recinto con el pretexto de ir a estudiar con detenimiento el texto del proyecto que dijeron no conocer.

Ante la difícil situación planteada, el presidente de la Corporación, Francisco José Jattín, decretó un receso con el propósito de permitir que los opositores de la iniciativa revaluaran sus argumentos y se sumaran a la decisión mayoritaria de tomar una determinación sobre la ley. Sin embargo, al comprobar la falta de consenso, decidió levantar la sesión y convocar para hoy.

A su turno, el ponente, Mario Uribe, invitó a la Cámara a no sustraerse de la responsabilidad de votar en uno u otro sentido el proyecto pues dijo que dilatar la decisión con argucias de procedimiento, resultaría no solamente insólito sino también antidemocrático.

Inicialmente, la proposición impulsada por la bancada del M-19 de citar al Fiscal, que ayer, por primera vez, dejó de asistir al estudio de la iniciativa, fue respaldada por los liberales Héctor Elí Rojas y Arlem Uribe.

El primero de ellos recordó que la Fiscalía admitió haberse equivocado al disponer el allanamiento contra el representante Perea y dijo que no es la primera vez que ello ocurre.

Recordó también que hace poco el organismo acusador debió aclarar que el ex presidente de la Cámara, César Pérez García, no estaba vinculado como sindicado al proceso judicial por masacres ocurridas en el Urabá, sino que simplemente había sido llamado a declarar.

Tanto Perea como Rojas y Uribe se preguntaron qué garantías tendrían, en estas condiciones, congresistas que lo único que han hecho es contribuir al fortalecimiento de la Fiscalía, de la administración de justicia y que han trabajado con denuedo para entregar al Ejecutivo los instrumentos indispensables para la recuperación de la paz.

Durante el debate también se trajo a colación el reciente episodio de un diplomático colombiano que fue traído al país acusado de narcotráfico, y después se dejó en libertad incondicional al comprobarse que no tenía ninguna responsabilidad.

El debate debe continuar hoy en las horas de la mañana, y se espera que tanto el Gobierno como los dignatarios de la Cámara logren persuadir a los rebeldes.

Un allanamiento que causó trastorno El allanamiento a la residencia del parlamentario Jaime Perea, hecho que incidió negativamente en el trámite del proyecto de Ley de Orden Público, se produjo a las 6 de la mañana del pasado viernes en Cali.

El congresista relató ante la Cámara de Representantes en pleno, que ese día un grupo de militares, acompañados por funcionarios de la Fiscalía que se negaron a suministrar sus nombres, ingresaron súbitamente a su domicilio con la intención, según ellos, de buscar armas u otros elementos que lo comprometieran con actividades ilícitas.

Perea, uno de los más críticos opositores del proyecto de orden público, dijo que los funcionarios le mostraron una orden de allanamiento de dudosa idoneidad y se negaron a darle sus nombres con el argumento de que se trataba de una orden de fiscales sin rostro.

Yo me pregunto --dijo el congresista dirigiéndose al ministro de Gobierno, Fabio Villegas--, qué garantías nos ofrece el Gobiermo a quienes participamos decididamente en un proceso democrático que se supone liderado por el Congreso. Será que nuestras ideas disidentes siguen generando riesgos para el Gobierno? .

Al cabo de su amplia intervención, la Cámara decidió unánimemente aprobar la citación al Fiscal General, pues a su juicio es éste el funcionario que debe dar respuesta a este interrogante.

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