EL TRISTE CASO DE BOGOTÁ

EL TRISTE CASO DE BOGOTÁ

El viernes, en pleno mediodía, era imposible penetrar al centro de Bogotá. Quien desembocaba por la circunvalar en la Avenida 19 o en la Jiménez de Quesada, se encontraba con una imponente muralla de vehículos automotores. Bajo el apremio de un compromiso inviolable, el exasperado parroquiano debió optar por complicada vuelta. En la carrera séptima, dos cuadras adelante del Palacio Presidencial, el tránsito, también obstruido, se desviaba por la Policía hacia Monserrate. Echando pie a tierra, ganó el acceso a la desierta Plaza de Bolívar. En su flanco occidental, el Palacio de la Alcaldía, testigo mudo de tanta soledad. Cuál la causa del fenómeno? La alambrada de garantías a una manifestación de no más de cinco pelagatos que bien habría podido realizarse sin perjuicio del tránsito habitual. No accidente baladí sino expresión patética del desgobierno en el cual se halla sumida la capital de la República. Duele decirlo, pero es la verdad, aunque la apertura se haya traducido en arrol

14 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Se habrá vuelto ingobernable Bogotá? Recordemos que su veloz deterioro se ha cumplido en el término relativamente breve de diez años. De ejemplo de urbe latinoamericana vivible, hospitalaria y amable, con eficientes servicios públicos, ha pasado al dramático caos actual, con las autoridades perplejas e impotentes, bajo el paralizante asedio de los problemas en azaroso crecimiento.

Elección del alcalde Como a Cartagena, no la ha favorecido la elección popular de alcalde. Cuando era nombrado por el gobernador de Cundinamarca o por el Presidente de la República se escogía con lupa a una personalidad con dotes y experiencia administrativas, conocedora de las complejidades urbanas, pulquérrima y, en todo caso, idónea para manejarlas y encauzarlas. Si le iba mal se caía, aun tratándose de figuras de la talla y la energía constructiva de Jorge Eliécer Gaitán. Ahora no. La alcaldía capitalina se mira como seguro escalón hacia más elevadas posiciones. Poco importa que quien la ocupe carezca de dedos de organizador o de organista.

Cuando estaba a punto de aprobarse la elección popular de alcaldes, venía yo de observar en España el fresco impulso que el renacimiento de esta institución allí secular había otorgado a Madrid, Barcelona y Sevilla. Alberto Lleras no creía en éxito similar aquí. Los resultados, al menos algunos, parecen darle la razón. Desde luego, han sido dispares. Satisfactorios en Bucaramanga, Cali y Medellín, acaso por haberse buscado facultades iguales a las que antes se exigían para el nombramiento. Negativos en Bogotá, con el agravante de que ha perdido la asistencia del poder central.

Más que las condiciones para el cargo, prevalecen las ambiciones de utilizarlo con otros objetivos, cuando no la idea de usarlo con fines electorales subalternos. No ha faltado el empeño de cerrar el paso a los que exentos de apetitos hubiera podido irles bien, por el temor a supuestas implicaciones políticas. En esta materia, ha fallado el partido liberal. No ha hallado un buen procedimiento de selección y ha llegado incluso a facilitar con su división el triunfo del adversario. A quien, por no haberle ido mal, se le tiene enfrente, de candidato presidencial.

Crisis institucional Necio sería pensar que el desastre ha ocurrido por culpa exclusiva de yerros humanos en la elección. Toda la estructura administrativa ha venido en persistente desgracia. Atascada, fuera de órbita, víctima de pequeños litigios, minada por la corrupción y las componendas. Tampoco el Concejo funciona como es debido. Del buque que se hunde, hace melancólicamente parte. En otros tiempos, el municipio de Bogotá contaba con planes, capacidad ejecutora, rentas suficientes. Desde la provincia se le envidiaba por su empuje y bonanza. Hoy el pomposo Distrito Capital es cenicienta andrajosa, digna de lástima. Ni puede valerse por sí mismo, ni tiene quién le ayude. Paradójicamente, mientras la economía metropolitana florece; mientras se edifica por doquier y las calles se saturan de vehículos; mientras la iniciativa privada anda a saltos, a nivel local el Estado se paraliza, se desmorona y languidece. Cabría establecer si a esta situación concurre un aumento desproporcionado e inesperado de la población. De pronto, el censo nos sale con una sorpresa que obligaría a replantear programas, orientaciones y políticas. A ojo de buen cubero, en Bogotá hay tantos habitantes como en la República de El Salvador; el doble de los de Costa Rica; considerablemente más que en Honduras. El crecimiento de su población da trazas, sin embargo, de haber sido mucho más rápido que el de esos países. Por consiguiente, el emerger conflictos, originados en la proliferación de sus zonas de miseria.

En la etapa anterior, los problemas se mitigaron gracias al menor incremento demográfico. Los cálculos y previsiones excedieron con ventaja las realidades. Así, la oferta de servicios públicos, especialmente de energía eléctrica, superó la demanda. De otro lado, jamás hubo la impresión de estar ahogándonos en un mar de basura o de desidia.

Actualmente es de temer que todo se haya quedado corto respecto de la población. Hipótesis en la cual los funcionarios tratarían de atender unas necesidades expandidas con elementos previstos para unas de tamaño menor. Lo primero sería, en consecuencia, ajustar las actividades en marcha a la nueva efectividad de las cosas. El rediseño implicaría de suyo la revisión del andamiaje rentístico del Distrito. Ningún alcalde, ningún Concejo podría atender los acrecidos requerimientos con los limitados recursos disponibles.

Revocatoria del mandato En el supuesto de que el aumento demográfico hubiera obrado a modo de bomba de tiempo y en otros menos justificativos, la revocatoria del mandato del burgomaestre en la antesala de comicios generales sería inoportuna, conllevaría peligros inocultables y asestaría rudo golpe a su colectividad política. Pero no haya duda. En Bogotá se sellará su suerte, en particular la de la elección presidencial. De donde se colige la importancia que reviste para el partido liberal demostrar su competencia y la de los suyos para administrar y dirigir los destinos de la capital de la República. Al eminente jurista que es Jaime Castro convendría acompañarlo de un grupo de asesores que contribuyera a sacar el Distrito del pantano. Sin perjuicio de proponer los cambios institucionales aconsejables a la luz de las revelaciones del censo de población.

Quizá el Distrito Capital va a demandar un régimen en el cual no quede desnutrido, desamparado y solo, reposando sobre un barril de pólvora. Nada suplirá, empero, su obligación de gobernarse por sí mismo y aprovechar sus prerrogativas democráticas de ente público fundamental.

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