EN CRISIS, SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

EN CRISIS, SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Los sistemas de identificación y antecedentes penales y disciplinarios entraron en crisis, y los que se están beneficiando de ese caos son los delincuentes porque las autoridades difícilmente pueden establecer plenamente sus identidades. Por esa razón, el revolcón de la administración del presidente César Gaviria se extenderá el próximo año sobre documentos como el Registro de Nacimiento, la Tarjeta de Identidad, la Libreta Militar, el Certificado Judicial y los antecedentes disciplinarios.

13 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

En los escritorios del director del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el Fiscal, el Procurador y el Registrador Nacional del Estado Civil reposa un proyecto elaborado por el Departamento Nacional de Planeación que pretende eliminar la expedición de algunos de estos documentos y modernizar la entrega de otros.

El propósito fundamental de la iniciativa va encaminado a mejorar los sistemas de identificación y verificación de antecedentes de todos los colombianos, mediante la utilización de tecnologías modernas que faciliten un intercambio ágil de información entre todos los organismos del Estado.

Esto permitirá descongestionar y agilizar la entrega de la cédula de ciudadanía; optimizar el intercambio de información entre los diferentes organismos de seguridad, de investigación y de control del país.

La primera propuesta tangible que lanza Planeación Nacional es que se elimine la tarjeta de reservista o libreta militar y el pasado judicial.

En la práctica, el pasado judicial asegura que los delincuentes no soliciten empleo en el sector público o en las empresas privadas que lo exigen, lo que al tiempo disminuye la posibilidad de capturarlos , dice Planeación.

Agrega, además, que el sistema de verificación de antecedentes conduce a que aquellos que no son delincuentes paguen porque se les investigue, sin disponer al tiempo de mecanismos ágiles de indagación .

Situación similar se da con la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios que entrega la Procuraduría.

La propuesta de Planeación gira en torno a la creación de una especie de tarifa de posesión del nuevo empleado que deberá ser cancelada por el empleador a la Fiscalía, para que revise la situación judicial del nuevo funcionario.

En cuanto a la libreta militar, Planeación sostiene que este documento es una clara muestra de la ausencia de un sistema moderno de archivo y mecanismos ágiles y selectivos de control, que permitan a las autoridades de reclutamiento comprobar, con la sola presentación de la cédula, si la persona ha cumplido con sus obligaciones militares; haciendo recaer la carga de esta comprobación en los ciudadanos .

Por eso, dice el documento, hay que eliminar la libreta de reservista y crear un sistema de verificación y control de la prestación del servicio militar, que puede estar basado en la públicación semestral de los números de cédulas y los nombres de las personas que se deben presentar a sorteo.

Los archivos Otra de las metas que persigue Planeación es hacer más manejable los archivos de las entidades encargada de expedir esta clase de documentos.

Según el organismo oficial, actualmente la Registraduría dispone de un archivo manual de 24.000.000 tarjetas decadactilares (huellas de los dedos), sobre las cuales debe verificar la no duplicidad de cédulas y absolver las consultas que le formulan a diario las autoridades sobre la identidad de personas investigadas o procesadas judicial o disciplinariamente.

La Registraduría, además, debe manejar un archivo de 4.000.000 de tarjetas de identidad y 21.600.000 registros civiles.

Planeación dice también que cuando se registra el nacimiento de un niño se le están tomando las huellas de las plantas de los pies y que en la práctica eso no sirve de mucho.

La huella plantar carece de utilidad para demostrar la correspondencia entre la persona y su registro porque no existe un sistema confiable de clarificación de este tipo de huellas.

Adicionalmente, la impericia de quienes deben tomar este tipo de huellas conduce a que, aún en el caso de que se dispusiera de sistemas de clasificación, una gran parte de ellas serían inservibles .

Pero el registro de nacimiento no es el único documento que debe ser revisado: el certificado judicial y el registro de antecedentes disciplinarios y judiciales también.

El DAS dice Planeación posee un archivo manual de las tarjetas decadactilares de cerca de 300.000 personas con orden de captura o procesadas y condenadas; también tiene cerca de 1.500.000 registros de personas investigadas en desarrollo de su función. A partir de ese banco de datos debe resolver consultas de los organismos judiciales, administrativos y de seguridad, y expedir los pasados judiciales.

También debe manejar el archivo de los pasados judiciales ya entregados, que a la fecha superan los 5.000.000, y en donde se maneja la misma información que tiene la Registraduría.

Según Planeación, la falta de coordinación ha llevado a que otros organismos de seguridad, como la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin), manejen su propio archivo donde recogen información parcial de la que maneja el DAS y la Registraduría.

Y en esa misma ruta camina la Fiscalía General de la Nación que ya empezó a consolidar su propio archivo.

Esta duplicidad de funciones y la falta de un intercambio ágil y completo de información ha llevado al país a limitar los mecanismos de identificación: estos archivos asegura Planeación no corresponden entre sí, lo que dificulta la acción de la Justicia y acarrea sobrecostos al sistema en su conjunto .

Así por ejemplo, asegura Planeación, la ineficiencia del sistema de identificación nacional es la principal causa de las inhumaciones en fosa común, que sólo en Bogotá asciende a cerca de 700 personas anuales .

Además, las impresiones dactilares que se están tomando en las cárceles para evitar las suplantaciones y establecer la verdadera identidad de los internos carecen de utilidad ante la falta de comunicación entre las autoridades carcelarias con la Fiscalía y la Policía.

La situación es más dramática, dice Planeación, si se tiene en cuanta que todos estos archivo son manejados manualmente, sin copia, a ellos tienen acceso gran número de personas, las medidas de seguridad son exiguas y se hallan expuestos a un alto riesgo de deterioro y destrucción parcial o total.

Propuesta de Planeación El Estado debe sistematizar todos los archivos, comprar equipos que permitan una comunicación ágil entre los diferentes bancos de datos, centralizar en la Fiscalía General de la Nación el archivo de antecedentes, órdenes de captura y autos de detención.

Debe, además, buscar la eliminación de la tarjeta de identidad y, a cambio, otorgar desde los 12 años de edad la cédula de ciudadanía, que deberá renovarse cada 10 años; acabar con la toma de la huella plantar y el pasado judicial y los antecedentes disciplinarios.

Terminar con la expedición de la libreta militar e imponer la pena de cárcel y multa a quienes no cumplan con sus obligaciones ante las autoridades militares.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.