OTRO COLMO

OTRO COLMO

Esta no es una campaña contra el Congreso. Es el apoyo moral a un congresista que actúa con hondo sentido moral: Javier Ramírez Mejía, representante a la Cámara por el Quindío. En vano ha objetado él cada paso de una maniobra en cinco actos (y con doble prefacio) que está al tiro de concluir con el pupitrazo de diciembre. Prefacio I. Las asambleas departamentales eran el hazmerreír y el hazmellorar del sistema político vigente hasta 1991. Trivializadas y maniatadas por Núñez, las dichosas dumas pararon en parásitos de los departamentos: con dos o tres mil voticos bien repartidos, el barón repartía chanfas para que sus tenientes pudieran partir el presupuesto, autodecretarse dietas y jugar el quita-y-pone con los contralores.

14 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Prefacio II. La Constituyente del 91 resultó más nuñista que Núñez. Con todo y retórica federalista, los Departamentos acabaron como intermediarios entre el municipio, los distritos, la provincia, la región y la Nación más débiles y más pobres que nunca. Y se levantaron nada menos que cuatro talanqueras para acabar con el festín de las asambleas: a. Las incompatibilidades del diputado no podrán ser menos estrictas que las del congresista ; b. Tendrán derecho a honorarios por su asistencia a sesiones, con las limitaciones que establezca la ley ; c. No serán funcionarios públicos (es decir, nada de prestaciones ni seguridad social), y d. Podrán limitarse las apropiaciones para honorarios de los diputados y el funcionamiento de las asambleas y contralorías . Está claro? Acto I. Pues no. Como aún no hay una ley que repita lo que dice la Constitución, podemos violar la Constitución. Y que viva la fiesta. Al cómodo calorcillo del antiguo Código Departamental (Decreto 1222 de 1986) los diputados siguieron con sus dietas reajustadas, con varios sueldos de ñapa a título de primas, con seguridad social y con las arandelas que hubiese inventado cada duma. Algo así como 10 o 12 millones de pesos por dos meses de sesiones.

Acto II. Pero era imprescindible un nuevo Código Departamental y era inevitable que él repitiera lo mandado por la nueva Carta. Así que en el Proyecto de Ley 70 de 1992, el Gobierno incluyó lo de honorarios por sesión. Los ponentes acompañaron con dos bemoles. Uno, aumentar las sesiones a cuatro meses. Y dos, un pago generoso de entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales por cada sesión.

Acto III. Hasta que alguien tuvo una idea más brillante aún. Entre la Ponencia (mayo 17/93) y el Proyecto aprobado por la Cámara (junio 17) desaparecieron olímpicamente de un Código Departamental los artículos tocantes al período de sesiones de la asamblea, al régimen laboral y al valor de los honorarios de los diputados. Con código nuevo o sin él, seguirá aplicándose el cálido Decreto de 1986.

Acto IV. Y quedó gustando aquello de estirar las sesiones. Tanto así, que el 9 de julio el Gobierno sancionó un pedacito de Código: la Ley 56 de 1993, que esconde dos micos en sus tres artículos. Uno: Las asambleas sesionarán seis meses, prorrogables a siete. Dos: los diputados de los nueve departamentos nuevos tendrán el mismo régimen de remuneración que los demás diputados . Como quien dice: recargar en un 180 por ciento el costo total de las dichosas dumas.

Acto V. Sólo faltaba tumbar la Constitución del 91. Y por eso un Acto Legislativo a punto de ser aprobado en segunda vuelta, dice sin más ni más que los diputados son servidores públicos con remuneración mensual y prestaciones sociales. Que sus inhabilidades no serán como las del congresista. Y que las asambleas tendrán autonomía administrativa y presupuestal, amén de facultades para repartir auxilios y otros siete despropósitos. Dios vote con Javier Ramírez!

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