LA CONCERTACIÓN SALARIAL

LA CONCERTACIÓN SALARIAL

Se encuentra en trámite en el Congreso de la República el proyecto de ley por el cual se instituye la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por el artículo 567 de la nueva Constitución Política. Entre las funciones de esta Comisión, integrada por el Gobierno y por representantes de los empleadores y trabajadores, está la de fijar de manera concertada la política salarial, tomando en consideración la cantidad y la calidad del trabajo. Una vez superadas algunas inconsistencias del proyecto, como la del voto de las mayorías para la determinación del salario mínimo que desvirtúa la filosofía de consenso de esta Comisión, su entrada en vigencia puede contribuir el propósito de continuar abatiendo la inflación y avanzar en las reformas estructurales para elevar la competitividad.

13 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Experiencias como la mexicana ofrecen aportes interesantes sobre cómo los ejercicios de concertación laboral adquieren hoy en día nuevas dimensiones, en un contexto de internacionalización de la economía y acelerado cambio tecnológico. La nueva versión del pacto social en ese país, o el llamado Acuerdo para la Elevación de la Productividad y la Calidad (ANEPC) de mayo de 1992, se fundamenta en la necesaria despolitización del mercado laboral que, en vez de traducirse en un deterioro del nivel de vida de los trabajadores, sitúa la productividad y la calidad como el eje central de las relaciones obrero patronales. Se retribuye la calidad y se penaliza la ineficiencia.

El ANEPC reconoce que el incremento sostenido de los niveles de productividad constituye una tarea colectiva que demanda cooperación entre quienes participan en la actividad productiva. Bajo esta nueva cultura laboral se exige de las organizaciones sindicales compartir responsabilidades en programas de calidad y productividad, con el fin de mejorar, simultáneamente, al trabajador y la empresa. Naturalmente, para avanzar en esta concertación se requiere modernizar las organizaciones sindicales, de las empresas y del propio Gobierno.

El acuerdo mexicano contempla compromisos esenciales: 1) el Estado debe garantizar un entorno macroeconómico propicio que favorezca la estabilidad de precios; 2) las empresas deben incorporar tecnologías, mejorar las condiciones del lugar de trabajo, promover la contribución de los trabajadores en la solución de los problemas de la empresa, y hacer de las remuneraciones un estímulo al esfuezo productivo; 3) los sindicatos deben cambiar su actitud hacia las empresas, ejerciendo un liderazgo que contribuya a la rápida solución de los conflictos laborales. Deben, también, implantar un plan de acción para generar, dentro de sus bases, amplia conciencia sobre las nuevas formas de producción, competencia y organización del trabajo.

La Comisión de Conciliación sería un paso importante, mas no suficiente para instaurar una nueva cultura laboral en Colombia, como lo han sugerido algunos gremios.

(*)Economista y abogado. Miembro de la Corporación Latinomericana de Economía Internacional (Cladei).

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