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BIODIVERSIDAD

La guerra de las películas futuristas alrededor de la propiedad de los hidrocarburos, tipo Mad Max, tal vez se quede en eso, en ficción. Porque de nada sirve el petróleo si el hombre desaparece de la faz de la Tierra. Para garantizar esa supervivencia es necesario tener acceso a otro tipo de recursos que prácticamente no existen en el territorio de las grandes potencias y en los cuales algunos países en desarrollo, como Colombia, son incalculablemente ricos: la biodiversidad, la vida, entendida como fauna y flora en todas sus dimensiones.

En lugar de la guerra por un galón de gasolina, los sobrevivientes de ese mundo del futuro, arrasado por el hombre, podrían presenciar la lucha por una tonelada de arroz, de trigo, de café, o de alguna variedad de hongos que sirvan de cura para determinada enfermedad.
Los bosques tropicales (Centro y Suramérica y las junglas de Africa y Australasia) poseen algo más de la mitad de las plantas ya descritas por la ciencia (cerca de 130.000), pero en realidad aún no se tiene el dato exacto de cuántas pueden llegar a ser. Se ha calculado incluso que se necesitarían alrededor de 400 años para poder catalogar lo que se denomina flora neotrópica, con el agravante de que se quedaría mucho por fuera.
E igual sucede con la fauna. Solo las especies de insectos ya descritas van en 1.400.000 (se cacula que pueden ser 30 millones) de las cuales cerca de la mitad están en la zona tropical.
Los científicos y políticos de los países industrializados, visionarios en esto y alentados por los logros de la ingeniería genética, han avanzado en la investigación y en la compleja legislación que tiene que ver con este tema. Y han avanzado tanto, que el patentamiento en áreas biológicas data de 1883 y ya en 1930 Estados Unidos promulgó la primera ley a través de la cual se pueden otorgar patentes para nuevas variedades de plantas que se reproduzcan por vía asexuada.
Y va tan lejos, que hace ya cinco años que se patentó el primer animal modificado por el hombre: el ratón de Harvard.
BioColombia
En Colombia, los ambientalistas y otros cientificos han comenzado a escarbar el asunto, mientras el gobierno trabaja aceleradamente en un proceso legislativo, especialmente, alrededor de la protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales, o sea otorgar patentes sobre especies como el frijol, el cardamomo, las flores y un sinúmero de estas que el Gobierno Nacional ni siquiera sabe que existen.
La polémica entre unos y otros es grande.
En opinión de Jorge Hernández, reconocido investigador científico y funcionario del Inderena, el mundo está cambiando hacia una consolidación de nuevas estrategias y poderes económicos que en buena parte se escapan al control de los países debido a la privatización y al auge de las transnacionales.
Lo grave es que muchas de esas transnacionales -continúa Hernández-, por ejemplo las dedicadas a la producción de drogas, están ramificando sus investigaciones hacia el estudio de bacterias y organismos del suelo. Otras están dedicadas a la búsqueda de bacterias que contribuyan también a revolucionar la productividad agrícola.
Así, estamos llegando a una monopolización que va desde la agricultura hasta los tejidos humanos. Por todo ello los países dueños de la gran riqueza en biodiversidad debemos unirnos en un frente común. No tenemos la opción competitiva, ni los recursos, ni menos una política decidida en ese aspecto. Ese frente común debe ser una política agresiva de protección para poder entrar en acuerdos justos y equitativos con todas esas transnacionales y gobiernos que quieren participar de nuestra biodiversidad. En resumen, se necesita una ley marco en el aspecto biotecnológico .
El debate
El punto central del debate está en el como se debe llevar a cabo tal legislación. Por un lado el Ministerio de Agricultura presentó un proyecto de ley que, con sustanciales modificaciones, fue aprobado en primer debate en el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Representantes de donde será retirado por petición del Gobierno Nacional.
La razón? Paralelamente con ese proyecto legislativo comenzó a tramitarse un documento similar ante la Junta del Acuerdo de Cartagena, organismo que lo aprobó el pasado 21 de octubre, y otorgó un plazo de 90 dias para su reglamentación.
Básicamente, lo aprobado por el Acuerdo de Cartagena especifica que la persona que le sea otorgado el certificado de obtentor de determinada variedad vegetal como vides y árboles forestales y frutales, incluido sus injertos, tendrá derecho a usarla entre 20 y 25 años. La norma estipula de 15 a 20 años para el uso de las demás especies. Contados ambos plazos a partir de la fecha del otorgamiento.
Ese certificado de obtentor permite impedir la reproducción, propagación, multiplicación, venta o cualquier acto que implique la introducción al mercado con fines comerciales, de la variedad protegida.
Esto implica, según Margarita Flores, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales, que un agricultor que quiera usar la variedad protegida, tiene que pagar regalías al obtentor para cultivarla pero no puede vender sus semillas.
Según Jorge Hernández, Colombia es dueña del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Eso -dice Hernández- nos coloca en una situación altamente privilegiada si el país tiene conciencia de como manejar esto, lo cual requerirá toda una serie de estrategias tanto desde el punto de vista jurídico, como también de fomento a la investigación científica, como de cooperación con científicos de otros países .
El punto que se discute ahora es qué mecanismos debe utilizar Colombia para evitar el saqueo de sus recursos biológicos por parte de científicos y laboratorios de otros países.
Entre los ambientalistas hay un enfático rechazo a la decisión adoptada por la Junta del Acuerdo de Cartagena, porque deja abiertas las puertas para que extranjeros sustraigan variedades vegetales oríginarias de esta región, las patenten en otro pais y comiencen a cobrar regalías por su utilización .
En opinión de Hernando Arias del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el saqueo a los recursos biológicos del país se vienen realizando desde hace muchos años. Tenemos que legislar muy rápidamente, en lo posible, de manera común al interior de los países que tienen condiciones semejantes para que el acceso a nuestra biodiversidad pueda defenderse razonablemente .
Ese proceso, según los entedidos, podría ocasionar que por una legislación mal concebida, un campesino tuviera que pagar regalías para cultivar una variedad de yuca, maíz o cualquier otra especie que él mismo haya conocido desde niño.
Por todo ello, EL TIEMPO reunió a siete expertos en este tema. Aquí están sus reacciones,
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