PUERTOS MARÍTIMOS: SE EMBARCAN LOS PRIVADOS

PUERTOS MARÍTIMOS: SE EMBARCAN LOS PRIVADOS

Después de muchos años de afrontar toda clase de problemas laborales, civiles y de ineficiencia en la prestación del servicio, el Estado colombiano se quitará de encima, a partir de mañana, el manejo de la carga en los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Este lunes, el presidente César Gaviria hará entrega oficial al sector privado de los tres terminales marítimos de la Costa Atlántica que manejan un volumen de carga anual de cuatro millones de toneladas.

12 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

En adelante, dichos puertos quedarán en manos de las sociedades portuarias regionales a las que les fue adjudicado el contrato de manejo, para sustituir en esa función a la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos), que se encuentra en sus últimos pasos para la liquidación definitiva.

La privatización implica mayor competitividad en tarifas y autonomía tanto en la parte administrativa como en la de inversiones de mantenimiento y expansión.

Pese a la privatización, el Estado se reserva el derecho de regular, planear y supervisar la actividad portuaria, sin intervenir directamente en la administración de los puertos.

Los bienes que se entregarán a las sociedades regionales están constituidos por terminales, muelles, patios, vías y bodegas, entre otros.

Queda pendiente de entrega el puerto de Buenaventura, mientras se produce el fallo del superintendente de puertos ad hoc, Alfonso Tique, sobre la legalidad de la licitación mediante la cual se adjudicó dicho terminal.

Este proceso se encuentra demandado tanto por los perdedores como por los ganadores del concurso.

Además, la nueva era de los puertos se inicia con rebajas de hasta el 50 por ciento en las tarifas de operación, lo que constituye un abaratamiento de los costos para exportadores e importadores.

Las sociedades portuarias de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena deberán iniciar operaciones con tarifas rebajadas, de acuerdo con lo dispuesto la semana pasada por la Superintendencia General de Puertos.

La fijación de las tarifas por el Gobierno obedece a que las sociedades portuarias regionales no cumplieron con el requisito de hacerlas públicas.

Aunque las empresas privadas enviaron a la Superintendencia la lista de los valores que pretendían cobrar por cada uno de los servicios, la metodología utilizada no se ajustaba a la prevista en las normas vigentes.

Rapiña laboral La burocratización acelerada de la empresa y la acumulación de privilegios otorgados a los trabajadores durante 50 años de convenciones laborales, llevó al Gobierno a tomar la decisión de desmontar Colpuertos.

Esta situación se refleja en las cerca de siete mil demandas, entre laborales y civiles, que tiene actualmente la empresa y que se encuentran en proceso de definición.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), esta entidad no solamente estaba siendo destruida por los costos laborales, sino que además las tarifas y el servicio de operación le quitaban competitividad al comercio exterior colombiano.

En varias oportunidades, las exportaciones y las importaciones quedaron paralizadas debido a que el sindicato de Colpuertos decidía un cese para presionar la aprobación de un pliego de peticiones.

Según las proyecciones hechas dentro del plan de expansión portuaria, el costo previsto de la liquidación de la empresa era de setenta mil millones de pesos. Hasta hoy, Colpuertos ha invertido sesenta mil millones de pesos en indemnizaciones, cesantías y prestaciones, pero se prevé que el costo final superará lo presupuestado en 1991.

Aunque el proceso de privatización se planeó hace tres años, el desmonte de Puertos de Colombia se inició en 1992, luego de haber sido diseñado el cronograma de retiro de personal.

En ese momento, la empresa tenía aproximadamente ocho mil funcionarios y unos doce mil pensionados. Hoy, a 15 días de la liquidación total de Colpuertos, en nómina solo quedan cien personas, aparte de los 119 líderes sindicales. Según el gerente liquidador de la empresa, Mayron Vergel, ambos grupos serán retirados definitivamente el 31 de este mes.

En consecuencia, de acuerdo con el programa de liquidación de la empresa, durante los tres primeros meses del próximo año se realizará el traspaso definitivo al Fondo de Pasivo Social de los bienes, los procesos y las diligencias que aún se encuentren pendientes.

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