NO HAY CLARIDAD EN LA DEUDA DE LOS MOROSOS

NO HAY CLARIDAD EN LA DEUDA DE LOS MOROSOS

Hay, dentro de las numerosas innovaciones que la Ley 6 de 1992 introdujo al régimen de los impuestos administrados por la DIAN, una que no obstante la severidad de sus alcances, ha pasado inadvertida. Nos referimos a aquella que dispuso el reajuste de todas las obligaciones insolutas a cargo de los contribuyentes de tales impuestos, incluyendo las respectivas sanciones, cuando la mora en el pago de las mismas tenga tres o más años de mora. El reajuste deberá hacerse a la tasa de incremento del índice de precios al consumidor, según el DANE. La gravedad del asunto reclama un cuidadoso análisis. Los vacío, las aparentes contradicciones jurídicas y acaso las inconstitucionalidades que una interpretación de la norma en cuestión (75 de la Ley, 8677-1 del Estatuto Tributario) podría plantear nos mueve a proponer los siguientes motivos de reflexión.

13 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

1. Estaría clara en la ley la definición de la fecha en la cual se incurre en mora con respecto al pago de los tributos: desde el día siguiente a aquel en el cual los definidos gubernativamente o mediante sentencia debieron haberse pagado.

2. No ocurre lo propio con las sanciones (con excepción de la propia mora y de la extemporaneidad autoliquidada), las cuales se determinan mediante acto administrativo. Cabe aquí preguntar: desde cuándo hay mora? Desde que se establecieron administrativamente? La pena (sanción, al fin y al cabo) en el régimen penal prescribe a partir de su fijación mediante sentencia.

3. Existe, dentro del proceso de determinación del tributo y de discusión del mismo, tanto gubernativa como jurisdiccionalmente, un tiempo generador de mora que, partiendo del principio constitucional de la buena fe, no es imputable al deudor, en este caso al contribuyente, sino que es atribuible, en primer término, a la propia ley, cuando al hacer efectiva la garantía del derecho de defensa reconoce tanto al Estado como a los particulares, ciertos términos y oportunidades para ejercer sus respectivos derechos: el primero para plantear una liquidación diferente de la privada, los segundos para impugnarla.

Pero igualmente, existen otros tiempos causantes de mora, no atribuibles a la ley e imputables al contribuyente: aquellos que la discreción del funcionario o la prudencia del juez pueden conducir a que el proceso tributario resulte tan dilatado que fácilmente haga incurso al contribuyente en la causal de reajuste en el monto de sus obligaciones tributarias no pagadas.

4. Legítimamente, en justicia, pero más allá: desde el punto de vista de la equidad resulta admisible que el mismo hecho dé lugar a más de una consecuencia jurídica? Veamos cómo la mora daría lugar a ello: según el artículo 635 del Estatuto Tributario, ocasionaría: 1o. A un interés liquidado a la tasa de captación más representativa; 2o. Al aumento de dicha tasa, en una tercera parte. Adicionalmente daría lugar (867-1, E.T.) al aludido ajuste por inflación. No se estaría violanco con ello la regla jurídica del non bis in ídem, que significa no dos veces por lo mismo ?.

5. Pero lo que resultaría más grave aún, en términos de respeto a la Carta (363) cuando proscribe la retroactividad de las leyes tributarias: causar el reajuste de las obligaciones tributarias, o bien sobre aquellas nacidas antes de la vigencia de la ley (junio 30 de 1992) o ya hacerlo recaer reajustando la porción debida hasta entonces, no obstante la deuda tenga una antigedad superior a los tres años. La misión de garantía de la ley se haría prevalecer, declarando, con efectos para todos y en todos los casos, que el reajuste en cuestión solo se aplicará con respecto a las obligaciones que nazcan o hubieren nacido con posterioridad a la mencionada fecha.

Retroactivo es, dice el Diccionario de la Lengua, que obra o tiene fuerza sobre lo pasado . Esto es: precisamente lo que no quiere la Constitución.

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