GUERRAS QUE NO NECESITAMOS

GUERRAS QUE NO NECESITAMOS

La directora nacional de Salud Pública de Estados Unidos, Jocelyn Elders, sugirió esta semana legalizar la venta de drogas prohibidas en varias ciudades de su país como una forma de reducir la criminalidad que agobia a los grandes centros urbanos. El presidente Clinton aclaró rápidamente que se trataba de opiniones personales que en nada comprometen a su Gobierno. En Colombia, el Fiscal General propuso hace quince días contemplar otras estrategias entre ellas la de legalizar el tráfico y consumo ante el demostrado y costoso fracaso de la guerra contra la droga. Al otro día, el presidente Gaviria le envió una extensa carta en la que expresa su total desacuerdo con las tesis del doctor De Greiff.

12 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Se entiende que los Gobiernos, comprometidos de tiempo atrás con estrategias de represión policial al tráfico y consumo de droga; ligados por acuerdos internacionales; pendientes de unos valores morales y de un clima ciudadano aún mayoritariamente adversos a la noción de legalización, rechacen de manera automática estas propuestas.

No son tesis populares en un sentido electoral. Ni en Estados Unidos ni en Colombia hay políticos que se atrevan hoy a hacer campaña con la bandera de la legalización. Pero quién sabe más adelante. Porque lo cierto es que en el mundo entero avanza una corriente de opinión partidaria de la despenalización progresiva del negocio de la droga.

El manifiesto que en este sentido acaban de suscribir un numeroso grupo de intelectuales, artistas y políticos europeos y latinoamericanos, así como las opiniones de los altos funcionarios de EE. UU. y Colombia, dan una idea del consenso cada vez más amplio en favor de la legalización.

Gana terreno en la medida en que se hace más y más evidente el fracaso de la política de represión de las drogas. No hablo de la represión de los crímenes y el terrorismo asociados al narcotráfico (que también obedecen a su carácter ilegal), que el Estado tiene que combatir. Sobre todo cuando mafias prepotentes y multimillonarias pretenden avasallar las instituciones. La experiencia colombiana es la más elocuente en este sentido.

Después de una década de guerra frontal contra el narcotráfico en el mundo entero, con miles de millones de dólares gastados (y en el caso nuestro con miles de muertos), y toda suerte de mecanismos de cooperación internacional, el negocio es cada vez más rentable; las mafias que lo controlan más sofisticadas y poderosas; la criminalidad y corrupción que lo acompañan más preocupantes y el consumo que lo sostiene más evidente.

En la historia de la humanidad, ilegalizar y perseguir los placeres prohibidos nunca han logrado erradicarlos. Por esta vía lo que se obtiene es colocar el suministro de los estimulantes apetecidos en manos de grupos fuera de la ley. Con el consiguiente fomento del crimen, la corrupción y la violencia.

Comprobar el fracaso de la estrategia represiva no convierte la legalización en la panacea. Es un problema sumamente complejo, para el cual nadie tiene la fórmula salvadora. Es obvio que tendría que ser un proceso gradual, que posiblemente no se dé en este siglo, precedido de un gran acuerdo internacional y acompañado de intensas campañas de prevención, educación y rehabilitación.

De lo que se trata es de comenzar a debatir el tema de manera más franca y seria. Sin falsos moralismos ni desviaciones politiqueras. De entender la importancia de sacar a la mafia del negocio. De dejar de tratar el consumo de droga como un problema penal y saber que se trata de un asunto de decisión personal o salud pública, que tiene que ver con la noción de libertad y responsabilidad en la sociedad moderna.

Colombia no solo tiene pleno derecho de plantear que se busquen otras alternativas al problema del narcotráfico, sino el deber de evitar que su pueblo sea llevado a otra trágica guerra contra la droga por cuenta de los países que la consumen.

Sobre todo del gran vecino del Norte, al que a raíz de la muerte de Escobar solo se le ha ocurrido decir que ahora toca lanzarse sobre Cali porque la cocaína le sigue llegando en grandes cantidades. Como si la eliminación física del cartel de Cali, o el de la Costa, o el de los Llanos, no fuera a ser reemplazada en forma inmediata por otros carteles, y éstos por otros, en una sucesión interminable mientras persista la demanda.

A veces pienso que ni siquiera es mala fe de los gringos, sino simple terca torpeza. Impresiona en todo caso la falta de imaginación para resolver su propio problema de droga y la insistencia en las mismas fórmulas fracasadas. Todo esto en medio de un auge en el consumo de toda suerte de nuevas designer drugs entre la juventud de ese país.

Comparto plenamente el texto de un mensaje que en días pasados publicaron unos dirigentes del M-19, en el que plantean la urgencia de diseñar, junto con Estados Unidos, un plan integral de desmonte del narcotráfico, que vaya más allá de lo policial y contemple las medidas jurídicas, económicas y educativas sin las cuales no puede haber solución real al problema.

En momentos en que un significativo sector del narcotráfico plantea su entrega, la obligación del Estado colombiano es explorar esta posibilidad. Sin desmedro de la Justicia y sin debilidades, ni exageradas complacencias. Procurando que reciban la debida sanción penal, social y económica. Pero también con el realismo que la situación demanda. Sin repetir los errores del pasado, ni dejarse empujar a nuevas guerras que este país no necesita ni merece.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.