Ha sido evidente, durante los últimos cinco años, que el Gobierno no simpatiza con la reducción de la protección de la producción nacional, como lo demuestra claramente que la reforma propuesta no toque al sector agropecuario (y que algunos de los insumos que produce el campo puedan experimentar un aumento de protección). Como los precios de los productos agrícolas protegidos han experimentado un aumento muy grande en los mercados internacionales, lo que convendría sería aprovechar para hacer un recorte sustancial de los aranceles del sector agropecuario.
Aunque es evidente que se va a reducir el arancel de muchos bienes de 20 a 15 por ciento y de muchos otros del 5 al 2 por ciento, también se sabe que se va a subir el arancel de miles de bienes intermedios, materias primas y artículos médicos, como las válvulas cardiacas. ¿Por qué les están queriendo poner ese impuesto a las personas cuya vida depende de esos artículos? Tampoco está justificado que se suba el arancel de bienes intermedios y de insumos para reducir o neutralizar el impacto sobre el recaudo de impuestos que conlleva la reducción de aranceles para otros bienes. Esto iría en contra del productor, pues lo pone en una situación en que, por un lado, le reduce los ingresos al tiempo que le aumenta los costos de producción. Este efecto de tijera le recorta las utilidades y, según la queja de algunos gremios con razón, disminuye la protección efectiva de muchos bienes de producción nacional. Sería mejor que también bajaran los aranceles de los bienes intermedios y los insumos para que aumentara la protección efectiva.
Pero eso no le gusta a la Dian. Si para complacerla bajan algunos aranceles y suben otros, lo más probable es que cualquier mezcla que salga va a causar distorsiones y problemas como el de la disminución de la protección efectiva señalada.
Por otra parte, no es claro que el Gobierno tenga facultades para subir los aranceles de los bienes intermedios y de los insumos para recuperar los ingresos que pierde con la rebaja de tarifas para los otros bienes. La Constitución dice claramente que el Gobierno puede cambiar los aranceles sin autorización del Congreso cuando lo hace por razones distintas de recaudar impuestos. Si sube aranceles para obtener recursos tributarios, probablemente tiene que ir al Congreso, como cuando quiere subir cualquier otro impuesto.
El momento escogido para llevar a cabo esta reforma es curioso: la producción nacional está golpeada por la revaluación y si estamos aspirando a que se apruebe el TLC con Estados Unidos, aunque cada vez con menos esperanzas, ¿cómo es que bajamos aranceles unilateralmente? El ministro Plata tendrá que explicar si lo hace porque lo que más puede afectar a las exportaciones gringas es la subida del arancel para el grupo de productos para los que se propone subirlo. Ojalá no termine en que dejan los aranceles para bienes de consumo en 20 por ciento, suben los de los insumos y solamente reducen los de los bienes de capital, de tal forma que todos los lobbies queden felices y la SAC más que todos.
* * * * El Gobernador del Valle se ha quejado de que en una columna anterior haya usado a Cali como ejemplo de lo que le espera a Bogotá si Samuel no controla a los suyos. Dice que no hay región más pujante que el Valle, ni gente más feliz o más saludable en Colombia. Después de haber estado en Palmira, Rozo y Guacarí, tengo que reconocer que quizás tiene razón.