3 AÑOS PARA CUMPLIR SANCIONES A EMPLEADOS

3 AÑOS PARA CUMPLIR SANCIONES A EMPLEADOS

Nuevas luces acaba de dar el Consejo de Estado al Gobierno en materia de plazos para investigar y sancionar a aquellos funcionarios públicos que de modo flagrante quebranten las normas constitucionales y legales. Los cuatro magistrados que integran la Sala de Consulta y Servicio Civil de la alta corporación precisaron que el plazo máximo para ejecutar una sanción contra un servidor público es de tres años.

10 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Si al cabo de este período, observaron los juristas, la Procuraduría, por ejemplo, no aplica el respectivo castigo, corre el riesgo de que la determinación prescriba y quede, en consecuencia, en el limbo.

Así, en la práctica, si a un funcionario se le sigue un proceso y al cabo de tres años no se le ejecuta la sanción correspondiente, después no se podrá adoptar ninguna medida en su contra por el mismo hecho.

Así respondió la Sala de Consulta a una pregunta formulada por el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Señores consejeros, cuándo prescribe la acción de investigación disciplinaria contra un servidor público y cuándo prescribe la sanción , interrogó el Ejecutivo en un escueto escrito remitido a la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Otros criterios El Consejo de Estado analizó la pregunta y respondió, a la vez, que una investigación disciplinaria contra un funcionario público se puede iniciar hasta cinco años después de haber sucedido la irregularidad.

Después de ese plazo, señalaron los cuatro consejeros de Estado, el Ministerio Público no puede adelantar el respectivo proceso, por cuanto la acción ya ha prescrito.

Así lo advirtieron los magistrados Humberto Mora Osejo, Presidente de la Sala de Consulta; Roberto Suárez Franco, Jaime Betancur Cuartas y Javier Henao Hidrón.

En la consulta, los juristas recordaron al Gobierno que los plazos tanto para la investigación como para la aplicación de la sanción son de cinco y tres años, respectivamente, pues así lo contempla la legislación nacional.

En esencia, se trata, de la Ley 25 de 1974 norma en la cual se señalan disposiciones rectoras de la Procuraduría General de la Nación.

Ni la inquietud del Gobierno Nacional ni el pronunciamiento del Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta hacen alusión alguna a un caso concreto o a una investigación en particular.

Caso Arias Cabrales Una de las consecuencias del nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado, a juicio de analistas, podría verse reflejada en el caso del general (r), Jesús Armando Arias Cabrales.

El alto oficial fue sancionado por la Procuraduría el 5 de noviembre de 1990 por excesos cometidos en la recuperación del Palacio de Justicia, tomado en 1985 por el entonces grupo guerrillero M-19.

El castigo con petición de destitución lo impuso el entonces jefe del Ministerio Público, Alfonso Gómez Méndez, a Arias en calidad de Comandante de la XIII Brigada del Ejército, la cual realizó la acción militar.

Contra esta decisión, Arias espera el resultado de una demanda interpuesta ante la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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