SE EMPANTANÓ CLAUSURA DE POZOS SUBTERRÁNEOS

SE EMPANTANÓ CLAUSURA DE POZOS SUBTERRÁNEOS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Heriberto Reyes, dio el primer paso para cerrar una polémica que, sobre la explotación de las aguas subterráneas que están por encima de la Formación Guadalupe, empezó hace varios meses. Por ahora, la Empresa de Acueducto no podrá clausurar ninguno de los 375 pozos de agua que están en funcionamiento en el territorio del Distrito que no se encuentran en la formación Guadalupe.

09 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

El Tribunal suspendió provisionalmente, a petición de la CAR, el acuerdo que establecía plazo de un año para cerrar todos los pozos que no estuvieran en la formación. Según la corporación, existe en el acuerdo una evidente violación de la Constitución y de las leyes que reglamentan el uso de los recursos naturales.

La razón? El concejo no puede acordar quién manejará las aguas subterráneas que son propiedad de la Nación, y cuyo control ya está legalmente puesto en manos de la CAR.

La formación es una capa del subsuelo que contiene agua pura y que está entre los 300 y 1.000 metros de profundidad. Según algunos cálculos de la CAR y de Ingeominas la formación Guadalupe puede tener 20.000 millones de metros cúbicos de agua.

Hace siete meses, el 6 de mayo de este año, el Concejo de Bogotá expidió el acuerdo # 03 por medio del cual prohibió la explotación de agua de los pozos subterráneos que se encuentran a menos de 300 metros de profundidad. El acuerdo establece, además, el cobro de impuesto sobre la utilización del agua.

El acto del Concejo le otorga facultad de conceder los permisos para el uso de las aguas subterráneas a la Empresa de Acueducto de Bogotá, y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), de conceptuar sobre éstos.

Tras la expedición del acuerdo, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, (CAR) dijo que el acuerdo era inconstitucional e ilegal y demandó su nulidad ante el Tribunal Administrativo.

El pasado martes, la corporación le dio la razón. Aunque no se produjo fallo ni pronunciamiento de fondo, la sección primera del Tribunal admitió la demanda y dijo que salta a la vista la manifiesta infracción de las normas constitucionales y legales .

El Tribunal señaló que el Concejo de Bogotá no tenía competencia para tomar decisiones en torno del manejo de las aguas subterráneas que son propiedad de la Nación.

Además, dijo el Tribunal, la Nación ya había delegado ese manejo en la CAR mediante la ley 3 de 1961, y un acuerdo de un Concejo no puede desconocer los mandatos de una ley.

En la demanda, la CAR argumentó que ese artículo viola la norma constitucional que establece que el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la Nación.

Y la Nación --argumentan los demandantes-- delegó el manejo de esos recursos en la CAR, por lo que el Concejo no podía cambiar esa determinación.

En cuanto a la facultad de control que le otorga el acuerdo a la Policía para vigilar su cumplimiento, la CAR señaló que si la ley (3 de 1961) otorga a la CAR la competencia para conceder, reglamentar, suspender y regularizar el uso de las aguas subterráneas e igualmente le asigna funciones policivas para garantizar el ejercicio de tales facultades, no puede un acuerdo del Concejo Distrital desconocer esta delegación para otorgar competencia en igual sentido a las entidades distritales .

Finalmente, la CAR dijo que el cobro de dineros por la utilización del agua no es más que un impuesto que está prohibido en los decretos sobre entidades territoriales que señalan que no pueden gravar con impuestos el aprovechamiento de las aguas .

Contra el mismo acuerdo cursa en el Tribunal Administrativo otra demanda de nulidad elevada por el abogado Ricardo Cifuentes Salamanca, en representación de la Asociación de Perforadores de Pozos de Agua (Acoagua).

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