60 AÑOS DE CÁRCEL A SECUESTRADORES

60 AÑOS DE CÁRCEL A SECUESTRADORES

Por unanimidad y después de desechar los argumentos del Procurador y el Defensor del Pueblo, la Corte Constitucional mantuvo incólumes las penas de 60 años de prisión que fija la Ley Antisecuestro Ley 40 de 1993 y advirtió que la respuesta del Estado contra este tipo de delitos debe ser excepcionalmente enérgica. La respuesta del Estado no puede ser menor en su drasticidad a la trascendencia e importancia de los valores que estas modalidades criminales ponen en peligro o llegan efectivamente a comprometer , señaló la Corte.

08 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La Sala Plena de la corporación avaló las penas de prisión de 40 y 60 años y multas desde 100 a 500 salarios mínimos mensuales en contra de quienes arrebaten, sustraigan u oculten a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad.

El nuevo pronunciamiento de la Corte se produce 15 días después de que la Corporación falló una primera demanda contra el Estatuto Antisecuestro y declaró inexequibles cinco artículos de la Ley.

Entonces, la Corporación declaró inconstitucional las normas que permitían congelar los bienes de personas secuestradas e investigar a los familiares de un secuestrado cuando intentarán negociar su liberación.

Las penas de 60 años de prisión que prevé el Estatuto y que avaló ayer la Corte se aplicarán en los casos en que la víctima del plagio pierde la vida durante o como consecuencia de este.

Al respecto, la Corte rechazó los argumentos del Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, quien sostuvo que la Ley Antisecuestro fijaba penas de carácter perpetuo.

A juicio de la Corte, tal argumento carece de asidero, pues obligaría al Estado a tener en cuenta la situación particular de cada delincuente en este caso la edad para adoptar el castigo respectivo.

No se puede esgrimir como argumento que en virtud de la edad del delincuente la pena pueda tornarse perpetua, pues el máximo de la pena jamás se cumple (60 años) dado el mecanismo de la redención de penas , dijo la Corte.

La Corte acogió además las sanciones que la Ley Antisecuestro prevé para sancionar a cómplices, coautores y a quienes se abstengan de dar aviso a las autoridades cuando tengan conocimiento de que se está planeando el delito.

Estas últimas penas involucran desde cinco años de arresto o de restricción domiciliaria y un plazo de 10 años de interdicción de funciones públicas hasta agravantes que equivalen a 18 años de cárcel cuando la víctima del delito sea una persona inválida o enferma o cuando el secuestro se comete con fines terroristas o contra líderes sociales, políticos o religiosos.

La Corte consideró ajustadas a la Constitución las penas de 25 a 40 años de prisión en el caso de secuestros que culminan en homicidio, y avaló los agravantes que permiten elevar la pena de 40 a 60 años cuando median la sevicia y la indefensión de la víctima.

Así lo determinó la Sala Plena de la Corte al evacuar en menos de un mes la segunda demanda contra la Ley 40 del 93, y declarar la exequibilidad de los otros cinco artículos que se encontraban demandados.

En concreto, la Corte, sobre ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara, avaló la solidez jurídica de los artículos 1o., 28, 29, 30 y 31 del Estatuto Antisecuestro.

Aumento de penas En criterio de la corporación, el incremento de las penas previstas en el Estatuto Antisecuestro que votó el Congreso de la República sobre iniciativa de un millón de ciudadanos se ajusta a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

A juicio de la Corte, es claro que tanto el plagio como el homicidio son delitos que debido a su gravedad comprometen la vida del afectado y alteran la estructura tanto familiar como social en el país.

Incluso, observa la Corporación, estas conductas al margen de la ley son consideradas como abominables por la humanidad.

En su providencia integrada por 35 folios, la Corte dijo que el secuestro y el homicidio quebrantan la vida, la libertad, la dignidad y constituyen una flagrante violación a los derechos y alteran la tranquilidad de miles de familias y la conciencia ciudadana.

En criterio de la Corte Constitucional, la severidad de las penas cumple una verdadera función rehabilitadora y preventiva, al castigar de manera ejemplar y con rigor la transgresión de bienes como la vida y la libertad.

Una Ley que endurezca la actitud contra el secuestro es efectivamente una iniciativa que está llamada a producir importantes efectos disuasivos, como los que pretenden las normas acusadas en la Ley 40 de 1993 , precisó.

Otros criterios La corporación destacó, a la vez, que la verdadera espina dorsal de la Ley 40 de 1993 quedó incólume. Su real columna radica en otorgarle al Estado los medios para combatir y castigar los delitos atroces como el secuestro y el homicidio agravado con medidas eficaces .

Con ello advirtió se condena con razón a los verdaderamente responsables. Lejos de convertir en delincuentes a los familiares de los secuestrados que ya de por sí son víctimas inocentes de los delitos atroces .

Bajos los argumentos expuestos, la Corte rechazó los planteamientos del Jefe del Ministerio Público, quien consideró que el incremento de las penas, contemplada en la Ley 40, va en contra de la Constitución.

A juicio de Arrieta, estas sanciones, en la práctica, imponen una cadena perpetua a los miembros de las organizaciones criminales dedicadas al secuestro.

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