¿Quién vigila al Invima?

¿Quién vigila al Invima?

Más que preocupación, las recientes noticias sobre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) causan angustia. No puede ser otra la conclusión al ver que el ente encargado, entre muchas otras tareas, del vital asunto de certificar las medicinas y los alimentos que consumen los colombianos decide un día retirar de circulación 34 lotes de medicamentos y poco después echa atrás la medida para 14 de ellos.

04 de noviembre 2007 , 12:00 a.m.

A partir de un programa de farmacovigilancia creado en el 2003, las universidades Nacional, del Atlántico, de Antioquia y de Cartagena llevaron a cabo un análisis que tuvo en cuenta estándares actualizados. A raíz de los resultados, hace tres meses el Invima ordenó el decomiso de 34 lotes de medicamentos porque incumplían normas de calidad indispensables. Pero unas semanas después, los mismos productos resultaron buenos, tras estudiarse con otros parámetros: los de los laboratorios que los producen y que, entre otras cosas, nadie sabe si se actualizan. Por curioso que suene, la ley lo permite.

Aunque no es la primera vez que ocurre un hecho así, lo sucedido despertó comprensibles suspicacias, pues la decisión inicial tenía el respaldo de serios centros académicos. ¿Se echó atrás la sanción a causa de las presiones de la industria y para favorecer intereses particulares? ¿Por qué los resultados fueron tan opuestos? ¿A quién deberían creerle los consumidores? ¿Por qué se cambió la decisión tan rápido, cuando los procesos de reanálisis usualmente toman mucho más tiempo? * * * * No hay en el mercado colombiano alimentos, bebidas alcohólicas, insumos médicos, medicamentos, cosméticos y productos de higiene, entre otros, que no tengan el visto bueno del Invima, creado hace 13 años para proteger la salud de los consumidores. Su registro es un sello de garantía. De allí ahí la importancia de la transparencia de los criterios con los cuales se toman decisiones literalmente vitales para todo colombiano.

Legales o no, las razones que tuvo el director del Instituto para revertir la decisión deben ser aclaradas. Pero la discusión no puede limitarse a este incidente, el cual, en el fondo, pone en evidencia el grave problema estructural que siempre ha tenido la vigilancia sanitaria en el país.

Lo sucedido arroja serias sospechas sobre la fragilidad estructural y las falencias conceptuales y tecnológicas que aquejan al Invima y sobre su capacidad de garantizar la calidad de lo que consumimos los colombianos, además de hacerlo vulnerable a la corrupción y a intromisiones indebidas. No por casualidad su actual director parece serlo menos por mérito científico que como atención a uno de los movimientos políticos de la coalición de gobierno. Razón de más para sonar las alarmas.

* * * * Además de atender ocho regionales, en las cuales vela por todo lo que se consume, el Invima expide más de 20 mil registros sanitarios por año y debe cuidar fronteras, puertos, aeropuertos y hasta mataderos. Todo ello con apenas 42 mil millones de pesos de presupuesto anual y 422 empleados, de los cuales 250 son contratistas. A su debilidad técnica y científica se suma la exigua formación de muchos de sus funcionarios, cuyas remuneraciones son tan bajas que, con algunas excepciones, buscan incorporarse a la nómina de la industria, con todo el dilema ético que eso plantea. Sin contar con que los contratistas rotan sus servicios entre el Instituto y los vigilados.

Vacíos jurídicos, problemas operativos y de infraestructura y debilidad estructural que no se compadecen ni con el crecimiento y la dinámica comercial de los productos que vigila, ni con las poderosas presiones que sufre el Invima. No es un secreto que algunos de los vigilados, que hacen parte de grandes gremios, presionan a la entidad, amparados en la posición de privilegio que tienen en la junta directiva.

* * * * Un organismo con las características de este Instituto debería estar blindado contra toda injerencia y contar con la especialización técnica y científica que diera autonomía y credibilidad absoluta a sus conceptos, como la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos . El país necesita un Invima fuerte, soportado en políticas de Estado orientadoras y coherentes de vigilancia sanitaria, en cabeza del Ministerio de la Protección Social.

Es urgente avanzar en la redefinición de la entidad, tal como lo han hecho agencias similares en el mundo. La globalización y los tratados de libre comercio imponen una rápida apertura a todo tipo de productos. Es imposible hacerle frente a semejante reto con un ente cuyo actuar se parece más al de una notaría que al que le corresponde en la realidad: ser una de las salvaguardas de la salud de los colombianos.

editorial@eltiempo.com.co

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