DESCUBREN FRAUDE POR $3.200 MILLONES

DESCUBREN FRAUDE POR $3.200 MILLONES

Un fraude fiscal por casi cuatro millones de dólares, unos 3.200 millones de pesos, fue descubierto por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex), que llevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación. La evasión se pretendía hacer a través de una importación de 22.410 toneladas de hierro y acero procedentes de Venezuela, que se camufló bajo la apariencia de una donación, para evitar el pago de impuestos.

07 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

De acuerdo con el Incomex, los implicados afirmaron que se trataba de una donación realizada por la Asociación de Jóvenes Católicos Cristo Vive, del estado de Táchira, en Venezuela, al Instituto Técnico Central La Salle, de Colombia.

Debido a que este centro educativo es una entidad oficial, está exento del pago de impuestos de importación de bienes donados por entidades extranjeras, por lo que la operación tenía apariencia de legalidad.

No obstante, por el alto monto de la importación, 3,9 millones de dólares, se decidió investigar la validez de los documentos, para lo que se acudió al hermano Emiliano Ortiz Casallas, que se acreditó como el director del centro de talleres y laboratorio de la entidad a la que iba dirigida la donación.

Al hermano se le pidió una certificación del Ministerio de Educación Nacional que respaldara la donación.

Ante el requerimiento, él anexó un documento que parecía expedido por el secretario general del Ministerio de Educación, en el que se aclaraba que el Instituto Técnico Central recibió con certificación de donación unos bienes suministrados por la entidad venezolana para desarrollar productos con fines específicos en concordancia con las últimas normas legales vigentes .

La comunicación del ministerio afirmaba que el documento se había expedido a solicitud del rector del Instituto, hermano Carlos Gómez.

A pesar de las pruebas, el Incomex decidió verificar directamente con el secretario general del Ministerio y con el rector del Instituto la validez de este documento.

Así se comprobó que la certificación no había sido expedida ni suscrita por el secretario general del Ministerio, y que el rector del Instituto no había solicitado dicho papel, ni mucho menos tramitado la donación de hierro y acero.

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