LA REFORMA QUE NO QUIERE HACERSE

LA REFORMA QUE NO QUIERE HACERSE

El Gobierno ha presentado a la consideración del Congreso un miniproyecto de modificaciones al régimen tributario (No. 143 de 1993, Cámara), insuficiente en cualquier caso para calificarlo con el pomposo nombre de reforma tributaria . Resulta mucho más vasto el dicho proyecto si se considera lo que el Gobierno, pudiendo y acaso teniendo el deber de hacerlo, no hace, cuando confluyen todas las circunstancias propicias para así actuar.

06 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Nos referimos, una vez más, al sistema de ajustes por inflación: primero, porque nunca debió implantarse en Colombia; segundo, porque el propio Ministro de Hacienda reconoció públicamente su estruendoso fracaso; tercero, porque abiertamente contradice, de un lado, el comportamiento de nuestra economía en materia de inflación y, de otro, porque resulta incompatible, en términos de políticas, con las metas proyectadas de inflación; luego, porque emprendida por el actual primer mandatario de la Nación, en su condición entonces de Ministro de Hacienda (Ley 75 de 1986), quiso hacérseles creer a los contribuyentes que, tras la simplificación del sistema impositivo, sus relaciones con el fisco se harían más transparentes y por ende de alguna manera más placenteras, o si se quiere, menos duras: el sistema, lo sabe el Ministro, lo conoce el DIAN, es complicado, engorroso, farragoso y, sobre todo, inútil: para el Estado y para los contribuyentes.

Sin mayor sacrificio fiscal, puesto que el dicho sistema jamás respondió a las expectativas en esta materia, no quiere el Gobierno admitir, ignorando que es más honroso convencer que vencer, que bien pudo cometerse un error de apreciación al introducir a nuestro sistema económico, a nuestra estructura tributaria, un tan extraño injerto. Pero, sobre todo, no alcanza a imaginarse el alivio que generaría entre los estamentos productivos del país. Esta es una reforma que, sencillamente, de manera terca, obstinada, hasta ahora, no ha querido, debiendo y pudiendo, hacer el Gobierno.

Otra reforma que el Gobierno definitivamente no quiere hacer, y que tan solo las apreciaciones de despistados intérpretes encuentran en el proyecto, es la relativa a una supuesta eliminación de ciertos beneficios fiscales, particularmente de los descuentos tributarios, tras la precisión que normativamente se busca de la noción de impuesto neto de renta . No, en manera alguna ello significa tal eliminación, la que incuestionablemente subsistirá si el proyecto se convierte en ley.

Lo que el Gobierno pretende, en medio de su angustia fiscal (que por lo demás, ocultando la información atinente, pretende ignorar) es crear una base más alta para el cálculo de dos fuentes de recursos. Una, aquella sobre la cual se calcula el anticipo del impuesto correspondiente al año siguiente al declarado; otra, la que se toma como base para la estimación del llamado impuesto de guerra (equivalente al 25 por ciento del impuesto ahora neto de renta, creado por la Ley 6 de 1992). Por lo demás, nadie puede albergar temores acerca de la permanencia de los estímulos tributarios consagrados por la vía de los descuentos.

Pero la reforma que sí quiere hacer el Gobierno, arropada con el disfraz de un pretendido acomodamiento de los estados financieros de los contribuyentes al mismo sistema de ajustes por inflación, pero cuyo real fundamento es la desesperación por arbitrar nuevos recursos, es la que se refiere a aquellos comerciantes que en el pasado, para efectos impositivos y haciendo uso de un legítimo derecho, emplearon el sistema de valuación de inventarios conocido como UEPS o LIFO, el cual, según la ley entonces vigente, les permitía reducir sus niveles de tributación.

Lo que ahora se pretende es, en última instancia, que el legislador de hoy grave aquello que el legislador de ayer No quiso que se gravara, afectando de paso con ello los resultados de vigencias de alguna manera ya consolidadas y, además, ampliando la afectación de futuros ejercicios. Se trata, por lo demás, de un claro y desestimulante cambio en las reglas de juego; de un atentado contra la seguridad jurídica, tan cara al inversionista.

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