ABC DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

ABC DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

PARA LOS ALUMNOS A partir de 1995, el Gobierno destinará anualmente para textos y materiales educativos para estudiantes de las instituciones educativas del Estado o contratadas por éste, un monto no menor a la cantidad resultante de multiplicar el equivalente de un salario mínimo legal mensual, por el número total de los educadores oficiales. Los textos harán parte de la biblioteca del colegio. Los hijos del personal de educadores, directivo y administrativo del sector educativo estatal y los de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional muertos en servicio activo, tendrán prioridad para el ingreso y estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales de educación básica, media y superior.

06 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Los estudiantes de las instituciones educativas estatales que obtengan en cada grado los dos primeros lugares en rendimiento académico serán exonerados del pago de matrículas y pensiones correspondientes al siguiente grado.

Los estudiantes de escasos recursos económicos en todos los niveles de la educación formal, estarán protegidos por un seguro colectivo que ampare su estado físico en caso de accidente.

A los cincuenta estudiantes del último grado de educación media que anualmente obtengan los más altos puntajes en los exámenes de Estado realizados por el ICFES se les garantizará el ingreso a programas de educación superior en instituciones del Estado. De igual beneficio gozarán los estudiantes de último grado de educación media que ocupen los dos primeros lugares en cada uno de los departamentos, según las mismas pruebas.

El servicio público educativo deberá facilitar a los estudiantes la asistencia y su participación en eventos de carácter científico, cultural, artístico, deportivo y recreativo. La forma de facilitar este acceso y los beneficios especiales para tal efecto serán reglamentados por el Gobierno Nacional.

En todo establecimiento de educación básica y de educación media y en cada periódo lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado para que actúe como defensor de los derechos y promotor de los deberes de los estudiantes.

El Gobierno y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal e informal, especialmente para la formación técnica de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales.

La educación destinada exclusivamente a los grupos étnicos tendrá en cuenta los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. No podrá haber injerencia de organismos internacionales, públicos o privados, en la educación de los grupos étnicos, sin la aprobación del Ministerio de Educación y sin el consentimiento de las comunidades interesadas.

Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal o los programas de educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno.

El Gobierno dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones. El Estado apoyará y fomentará la educación no formal, brindará oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un permanente control para que se ofrezcan programas de calidad.

PARA LA CALIDAD Para crear centros educativos privados solo es necesario tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio, expedida por la secretaría de Educación departamental o municipal, y presentar un proyecto educativo institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región.

El Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica para que presten servicios de educación en los establecimientos educativos.

Habrán áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación. Estas comprenderán un mínimo del 70 por ciento del plan de estudios: ciencias naturales, educación ambiental y tecnología; ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; educación artística; educación ética y religiosa; educación física, recreación y deportes; humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros y matemáticas.

La educación formal comprenderá tres niveles: el prescolar de un año mínimo obligatorio; la educación básica de nueve grados (5 de primaria y 4 de secundaria) y la educación media con una duración de dos grados.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quedó autorizado para hacer un censo educativo nacional antes del 31 de diciembre de 1995.

Los bienes muebles e inmuebles de la empresa Puertos de Colombia (en liquidación) ubicados en los terminales marítimos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Tumaco, destinados o construidos para la prestación de servicios educativos y de capacitación, al igual que los auditorios públicos de la misma empresa, serán cedidos gratuitamente a los municipios o distritos donde estén ubicados para la prestación de los servicios educativos, artísticos y culturales.

Los establecimientos educativos no podrán exigir por sí mismos ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras organizaciones de la institución cuotas, bonos o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Los colegios privados sin ánimo de lucro podrán establecer un bono como aporte de capital al mejoramiento del proyecto educativo. Los que en la actualidad lo cobran pueden hacerlo por cinco años más.

El Estado establecerá líneas de crédito, estímulos y apoyos para los establecimientos educativos privados y estatales con destino a programas de ampliación de cobertura educativa, construcción, adecuación de planta física, instalaciones deportivas y artísticas, material y equipo pedagógico.

Las empresas que presten el servicio de telefonía local o de larga distancia nacional e internacional, incluida Telecom darán prioridad en la utilización de sus redes a las instituciones educativas para que puedan acceder a las bases de datos y sistemas de información de bibliotecas, nacionales e internacionales.

Los departamentos y distritos que durante los cinco años anteriores a junio de 1993 hayan invertido en promedio en educación una cuantía superior al quince por ciento de su presupuesto ordinario, recibirán prioridad y apoyo financiero adicional para cofinanciar los gastos que realicen en educación.

Se crearán los Foros Educativos Municipales, Distritales, Departamentales y Nacionales con el fin de reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones para el mejoramiento y cobertura de la educación.

Los establecimientos educativos tendrán un gobierno escolar donde serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, los educadores, los administradores y los padres de familia.

Cumplido un plazo, no podrán existir establecimientos educativos que ofrezcan exclusivamente educación básica, en uno solo de sus ciclos de primaria o secundaria. Mientras ofrezcan un nivel de educación de manera parcial, deberán establecer convenios con otros establecimientos que desarrollen un proyecto educativo similar o complementario, o para garantizar la continuidad del proceso educativo de sus alumnos.

El Ministerio de Educación establecerá un Sistema Nacional de Evaluación para analizar la calidad de la enseñanza, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficiencia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio.

Los colegios y escuelas tendrán una sola jornada diurna. Cuando las necesidades lo requieran podrán ofrecer dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo una misma administración. La jornada escolar nocturna se destinará, preferiblemente, a la educación de adultos.

Habrá un Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la educación y un Sistema Nacional de Información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y servir como factor para la administración y planeación de la educación y para la determinación de políticas a nivel nacional y territorial.

El Gobierno y las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación.

PARA LOS MAESTROS El salario de los educadores en establecimientos educativos privados no podrá ser inferior al 80 por ciento del señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial.

El Estado garantizará el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales de los educadores. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y las prestaciones sociales. El Gobierno creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional.

Las instituciones tienen que contratar docentes con título expedido por una universidad o una institución de educación superior. Podrán contratar educadores del exterior sin necesidad de que homologuen su título. Los establecimientos bilinges tienen vía libre para contratar personas que posean título universitario distinto del de profesional en educación para la enseñanza del segundo idioma o de asignaturas en dicho idioma.

El Gobierno reestructurará las normales. Las pocas que queden podrán formar educadores a nivel de normalista superior. Las que no sean reestructuradas deberán ajustar sus programas para ofrecer preferiblemente programas de la educación media técnica u otros de la educación por niveles y grados, según las necesidades regionales y locales. El Gobierno tiene un año para determinar los procedimientos para reestructurarlas.

Anualmente los veinte educadores estatales de la educación por niveles o grados mejor evaluados del país, y que además hayan cumplido 10 años de servicio, tendrán una sola vez como estímulo un año de estudio sabático por cuenta del Estado, según la reglamentación que expida el Gobierno.

Los docentes estatales que trabajen en zonas de difícil acceso o inseguras disfrutarán, además de una bonificación especial, de una disminución en el tiempo requerido para el ascenso dentro del escalafón.

Se creará el programa de crédito educativo para la profesionalización y perfeccionamiento del personal docente del servicio educativo estatal. El programa será administrado por el Icetex y operará mediante el sistema de cofinanciación, con los aportes que le destinen el Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales.

El uno por ciento de los proyectos de vivienda social será adjudicado prioritariamente a solicitantes educadores o administradores educativos de establecimientos públicos o privados y que reúnan las condiciones del proyecto respectivo.

Para facilitar el arraigo de los docentes en las zonas rurales, el Gobierno organizará un programa especial para financiarles la adquisición de predios rurales, a través del Incora.

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