CRUDA LECCIÓN PARA LA FISCALÍA

CRUDA LECCIÓN PARA LA FISCALÍA

En la segunda quincena de febrero de 1993, la Fiscalía General de la Nación obtuvo información que podría llevar a la desarticulación de una supuesta red de tráfico clandestino de dinamita en el país. Los datos los recibió de un particular que pidió a cambio ser incluido dentro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

06 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Así, los agentes de la Fiscalía iniciaron de inmediato la verificación de los detalles que conducirían a neutralizar un frente de transporte del explosivo en el territorio.

El informante, por su parte, salió satisfecho y convencido de que su vida había cambiado; al fin y al cabo podría estar a salvo de aquellas amenazas que recibió según dijo contra su integridad.

Y no era para menos: había logrado, por una parte, la oferta de más de 50 millones de pesos por dar los datos acerca del desplazamiento de explosivos y su lugar de ubicación. Y por otra, consiguió protección para sus padres y hermanos. Meses despúes, sin embargo, sus logros tuvieron un giro inesperado que lo obligaron a acudir a la tutela.

Pero su intento a través de este recurso no le sirvió para variar su destino. La Fiscalía General de la Nación no le giró la totalidad del dinero ofrecido al revelar la información, y tampoco obtuvo la vigilancia pedida para sus familiares. Así lo ratificó el Tribunal Superior de Bogotá.

La Sala Penal del Tribunal estudió la petición del informante, desechó sus argumentos y falló en su contra por un motivo: la información suministrada a la Fiscalía sobre la existencia de la red de transporte de dinamita no corresponde a la verdad. Fue, según el proceso, una mentira. El episodio, sin embargo, sirvió de base al Tribunal para fijar su doctrina sobre la protección de testigos por parte del máximo organismo investigador del país. Y más, en casos en los que se intenta obtener dinero y protección a terceros mediante la tutela.

En criterio de la corporación, sólo las personas que en realidad estén en peligro de muerte por revelar información a las autoridades pueden acogerse a las prerrogativas económicas y de seguridad ofrecidas en el Plan de Protección de la Fiscalía.

Sobre ponencia del magistrado Eliécer Giovanni Olarte, la Sala Penal advirtió que la Fiscalía no está obligada a conceder protección ni a llegar a un acuerdo en materia económica con aquellas personas cuya información no se ajusta a la realidad.

A juicio del Tribunal, es apenas lógico que los particulares que suministren datos falsos sobre la eventual comisión de actos ilícitos o detalles acerca de su preparación no reciban los beneficios mencionados. Al fin y al cabo, faltan a la verdad.

En estas condiciones dice la sentencia resulta claro que no se acceda a prestar una seguridad como la que se suele dar a quienes realmente ven expuesta su vida o la de sus familiares .

Y menos, en aquellos casos en los cuales la misma versión suministrada a la Fiscalía es cuestionada por los parientes del supuesto colaborador.

Derecho a la vida Significa entonces que si el derecho a la vida del peticionario no ha estado en peligro como consecuencia de las informaciones que suministre a la Fiscalía, por ende el ciudadano no puede estar sometido a la protección especial de testigos .

A la vez, el Tribunal Superior de Bogotá dijo que la tutela no está establecida para el cobro de deudas ni obligaciones económicas, ni como base para iniciar un proceso laboral, administrativo o ejecutivo contra la Fiscalía. Menos en casos en los cuales existe de por medio una falsedad.

El pronunciamiento de la Sala Penal recoge el resultado de la investigación interna adelantada por la Fiscalía para detectar las irregularidades en la versión del presunto colaborador.

Según la Fiscalía, la información suministrada por el particular para ser incorporado al programa de protección resultó poco confiable, pues su testimonio fue contrario y disímil.

Lo que el peticionario pretende concluyó el organismo investigador es utilizar a la Fiscalía General para obtener medios económicos y conseguir trabajo, pero no existen bases concretas sobre su versión .

Las afirmaciones de la Fiscalía coinciden, a la vez, con una declaración de uno de los familiares del supuesto testigo, en la cual dice: nosotros no necesitamos ninguna clase de ayuda. El el informante es una persona poco responsable, mentirosa y que no le gusta trabajar .

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