EN LAS CORTES

EN LAS CORTES

Pago de condenas: Las condenas impuestas a la Nación por fallas en el servicio no se pueden pagar inmediatamente a los particulares sino en un plazo de 18 meses, con miras a no violar los procedimientos de orden contable y financiero del Estado. Tarifas de vehículos:A la luz de la Constitución de 1991, las personas tienen iguales oportunidades de elegir el automotor que adquieren y escoger el gravamen que desean cancelar para comprar un carro.

06 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Condenas a la Nación Demanda en síntesis: El plazo de 18 meses fijado en la ley para el pago de las condenas a la Nación viola la Constitución, pues dice un ciudadano establece un sistema de forzosa programación de los dineros del erario público que afecta a los particulares. Bajo este argumento, un ciudadano pidió a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad parcial del artículo 117 del Decreto 01 de 1984, relativo a la efectividad de las indemnizaciones contra entidades públicas.

Fallo y trascendencia: La Corte Constitucional no acogió el argumento del demandante y afirmó que en los procesos por concepto de condenas adelantados contra la Nación y entidades públicas se requiere de unos procedimientos e intereses de orden contable, financiero y presupuestal que impiden la ejecutabilidad inmediata de aquellas deudas contraídas por el Estado respecto a particulares. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

Tarifas de vehículos Demanda en síntesis: Un particular pidió a la Corte Constitucional eliminar la tarifa del 45 por ciento por concepto del impuesto a las ventas para aquellos vehículos incluidos los de fabricación nacional cuyo valor sea igual o superior a los 35 mil dólares. Pidió dejar sin piso jurídico dos apartes del artículo 19 de la Ley 6a. de 1992 (Estatuto Tributario), al argumentar que este gravamen viola el derecho a la igualdad, pues fija una discriminación entre los vehículos. Fallo y trascendencia: La Corte Constitucional desechó los argumentos del ciudadano, respaldó la legalidad de la norma, e indicó que el derecho a la igualdad consagrado en la Carta sólo se aplica a las personas y no a las cosas. Además dijo la corporación, las personas son libres y están en igualdad de condiciones para elegir un automotor y escoger para su compra la mejor opción en materia de gravámenes. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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