LOS JURAMENTOS NO SON OBLIGATORIOS

LOS JURAMENTOS NO SON OBLIGATORIOS

No es necesario el requisito del juramento en las actuaciones ante la administración de Justicia, salvo cuando el Presidente de la República asume ante el Congreso o un servidor público se posesiona en un cargo. Así lo dijo la Corte Constitucional, al explicar que las personas están en libertad de no prestar el juramento en aquellos casos en los cuales tienen argumentos necesarios para formular una objeción de conciencia o adviertan la vulneración de sus derechos.

06 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Así, en la práctica, un particular no está obligado a cumplir con esta formalidad al elevar una denuncia ante las autoridades o en los eventos en los cuales debe actuar en el curso de un proceso judicial.

En criterio de la corporación, las personas están, sin embargo, en el deber de decir la verdad, actuar de buena fe y comprometer su palabra en aquellos casos en los cuales acudan ante la Justicia.

El pronunciamiento lo hizo la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, presidida por el magistrado Alejandro Martínez Caballero, al conceder una tutela a un particular que acudió el recurso al considerar violado su derecho a la libertad de conciencia.

Leodegar Lorenzo Roys presentó la tutela luego de que el Jefe de la Policía Judicial de La Guajira no le atendiera una denuncia penal elevada por la desaparición de su hija. La Policía no le admitió la petición, pese a que Roys manifestó que su conciencia le impedía jurar por profesar la doctrina cristiana.

No se trata dijo la Corte de desvirtuar la esencia del proceso, sino de ajustarlo a las nuevas disposiciones constitucionales, por lo que aquellas personas que su conciencia no les permite jurar, tengan derecho a acceder a la administración de justicia sin trabas que le impidan su cabal ejercicio .

A juicio de la Corte, el funcionario judicial que se niegue a recibir una denuncia penal bajo el pretexto de la obligatoriedad del juramento, incurre en la violación de la garantía de las personas a acceder de manera libre a la administración de justicia.

Con fundamento en el principio de buena fe, toda denuncia penal afirmó la Corte que se presente debe ser tramitada inmediatamente por la autoridad competente .

Si se llegare a comprobar que lo afirmado es falso explicó, el denunciante, querellante o peticionario deberá responder por sus actos ante la autoridad competente, pues se presume que si denuncia o se rinde un testimonio o un peritazgo, se está haciendo de buena fe y lo allí consignado responde a la verdad .

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