DOS AÑOS DE TUMBO EN TUMBO

DOS AÑOS DE TUMBO EN TUMBO

Después de dos años de negociaciones que incluyeron desayunos, prevendas burocráticas, enfrentamientos y acuerdos políticos, renuncias, pedidos de emergencia y amenazas de nuevos impuestos y ceses laborales, el proyecto de seguridad social fue aprobado por el Congreso de la República. El primer tropiezo fue en 1990. Cuando la iniciativa fue presentada al Congreso, esta fue relegada para darle paso a la reforma laboral, que también había sido presentada por el Ejecutivo y que en ese momento era considerada prioritaria.

05 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

A finales de ese año, el Gobierno aceptó no someter a discusión del Congreso este proyecto, con el compromiso de que los congresistas le dieran trámite a la reforma laboral.

En consecuencia, la propuesta que iba a ser presentada se aplazó para la legislatura del año siguiente.

Entre diciembre del 91 y marzo del 92 el proyecto se puso de moda tanto en el Gobierno como entre los representantes de los fondos de cesantías, los sindicatos y los partidos políticos.

Esta discusión previa originó la creación de un bloque de congresistas renuentes a su aprobación, inclusive antes de ser presentado por el Gobierno.

Durante este lapso, las empresas administradoras de cesantías, cuya creación tuvo como finalidad principal el manejo de las pensiones, iniciaron una amplia campaña de difusión de lo que, según ellos, serían los beneficios que recibirían los usuarios con la creación de los fondos privados de pensiones.

Incluso, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), diseñaron campañas publicitarias en televisión, apoyando la constitución de los fondos de pensiones. Esto causó malestar entre congresistas y centrales obreras, hasta el punto de que el comercial fue retirado del aire rápidamente.

Hubo presiones por todos los lados. Anif publicó una encuesta que hizo entre trabajadores, la cual, según sus resultados, la gente prefería el sistema de pensión individual que propuso el Gobierno, y no seguir con los aportes de carácter solidario que se hacen al Insitituto de los Seguros Sociales.

Esta controversia se presentó antes de que el proyecto fuera llevado oficialmente al Congreso. El propio ministro de Trabajo, Luis Fernando Ramírez, dijo que si no se aprobaba la reforma a la seguridad social, el país requeriría unas 47 reformas tributarias similares a las de 1992. Eso hizo que el Senado y la Cámara le pidieran al Gobierno que agilizara la presentación del proyecto y, además, amenazaron que si no se hacía rápido, no lo discutirían.

Llegó el proyecto El mal ambiente creado con las discusiones previas a la presentación de la iniciativa, hizo que esta llegara al Congreso debilitada.

Muchos parlamentarios tenían prevenciones contra el proyecto. Es más, el mismo partido liberal hizo un llamado a los congresistas de esa corriente política para que asumieran una posición crítica ante el proyecto. Lo mismo hizo el entonces presidente del Senado, José Blackburn.

Uno de los anuncios más fuertes de inconformidad provino de la representante a la Cámara María Cristina Ocampo, quien dijo no compartir los términos en que el proyecto fue presentado por el Gobierno. A esta posición se sumaron los congresistas de la Unión Patriótica y el M-19.

Asimismo, el contralor Manuel Francisco Becerra criticó el proyecto, y dijo que en su concepto, la iniciativa no ofrecía ninguna solución para el país.

Esta situación hizo que el Gobierno comenzara a pensar en enviar mensaje de urgencia al Congreso. Sin embargo, la Comisión Séptima del Senado aprobó una proposición indicando que de ninguna manera ceptaría ese tipo de mensajes.

Como si a esta altura los tropiezos de la seguridad social hubieran sido pocos, la renuncia de la directora del ISS, Cecilia López, por no estar de acuerdo con lo planteado por el Gobierno, hizó aun más crítica la situación del proyecto.

Este escándalo se apagó rápidamente debido al nombramiento de Fanny Santamaría en la dirección o presidencia del ISS.

Mientras el proyecto era objeto de una lluvia de críticas, sus defensores en el Congreso guardaban silencio y se abstenían de fomentar las polémicas. Sin embargo, se aceptó la presencia de las centrales obreras y de los pensionados en las comisiones séptimas.

Debido a que el futuro del proyecto estaba prácticamente embolatado, el 30 de noviembre de 1992 setenta personalidades, entre ex ministros, empresarios y profesionales de diferentes áreas, firmaron una carta de apoyo al proyecto de reforma pensional presentado al Congreso por el Gobierno, y que estaba siendo debatido por las comisiones séptimas de ambas cámaras. Los firmantes, entre los que se encontraban los ex ministros Jorge Ospina, José Manuel Arias, el presidente de Bavaria, Augusto López Valencia, y el escritor Plinio Apuleyo Mendoza, señalaban que la reforma pensional constituía una de las determinaciones más trascendentales de la historia reciente del país.

Por esa época llovieron las opiniones de expertos, entre ellos el actual ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, quien en su momento puso en duda la efectividad del proyecto.

En realidad, en ese momento había consenso en torno a la necesidad de aplazar la iniciativa, con el fin de darle una mayor discusión. De nada sirvió el mensaje de urgencia enviado por el presidente César Gaviria.

Salud en un desayuno El aplazamiento fue acordado en un desayuno del jefe del Estado con los miembros de las comisiones séptimas de la Cámara y el Senado, a finales de 1992, pero con el compromiso de que a la iniciativa se le agregaría la reforma a la salud, pues hasta ese momento sólo se hablaba de reforma al sistema de pensiones.

El arreglo entre el Gobierno y los parlamentarios fue tan amigable que se llegó a decir que la aprobación del nuevo proyecto se haría entre el 16 de marzo y el 23 de abril de 1992, es decir en un poco más de un mes.

Sin embargo, la inclusión de la reforma a la salud terminó por complicar las cosas.

Finalmente, tras múltiples discusiones y modificaciones, la reforma logró pasar el filtro de las comisiones séptimas de Senado y Cámara y luego las Plenarias.

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