AMÉRICA LATINA PRIVATIZA LA SALUD Y LAS PENSIONES

AMÉRICA LATINA PRIVATIZA LA SALUD Y LAS PENSIONES

La baja cobertura y los privilegios del sistema de seguridad social para ciertos grupos de la población han obligado a muchos países de América Latina a cambiar sus regímenes de pensiones, con el fin de permitir el ingreso de sectores que han permanecido marginados de la protección estatal por años. Colombia no ha sido ajena a estos fenómenos y por eso ha venido impulsando desde hace cerca de dos años un proyecto de reforma al régimen de seguridad social, adoptando en buena parte el modelo aplicado en Chile.

05 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Otros países se habían adelantado a la privatización de las pensiones. Ese es el caso de los mencionados a continuación.

México Las dos grandes instituciones de seguridad social son el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La edad de jubilación es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Las semanas de cotización para alcanzar la pensión de jubilación son 500, y los trabajadores reciben como pensión el 35 por ciento de su último salario.

Bolivia La cobertura del sistema de pensiones en Bolivia cayó durante los años ochenta del 24 al 18,4 por ciento de la población total. Apenas 13 trabajadores de cada cien ocupados estaban afiliados a los fondos de pensiones en 1989. Los restantes 87 estaban marginados del sistema, debido al amplio predominio de las ocupaciones informales (65 por ciento) y del empleo rural.

Las ciudades capitales absorben únicamente el 43 por ciento del empleo. El aporte a la seguridad social alcanza el 23,5 por ciento del salario. Sin embargo, el empleado sólo aporta el 6,0 por ciento, el empleador el 16 por ciento y el gobierno el 1,5 por ciento restante.

A comienzos de 1990, cerca de un cuarto de millón de personas cotizaba en los 24 fondos de pensiones existentes.

Brasil En Brasil existen dos sistemas de pensiones. Uno, a cargo del Estado y financiado por los trabajadores, los empresarios y el Gobierno; y otro, conformado por trabajadores independientes. La edad de jubilación para los hombres es de 65 años y para las mujeres 60. Las semanas de cotización son 240 y la pensión como porcentaje del salario es del 70 por ciento.

Se estima que en el primer sistema el número de contribuyentes asciende al 50 por ciento de la población económicamente activa (30 millones de trabajadores), lo que representa el 80 por ciento de los asalariados. En la actualidad, los trabajadores contribuyen con una cuota que varía entre el 8 y el 10 por ciento de su salario, mientras que las empresas aportan el 20 por ciento de la liquidación de sueldos.

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