CONTROVERSIA POR PETICIÓN DE CORTAR GASTOS EN PROYECTOS

CONTROVERSIA POR PETICIÓN DE CORTAR GASTOS EN PROYECTOS

Reacciones encontradas se presentaron ayer en el Congreso ante el anuncio del presidente César Gaviria de que no firmaría algunos proyectos de ley en los cuales han sido incluidos gastos imprevistos que pueden desordenar el manejo económico el año próximo y pondrían en peligro la meta de inflación. Los ponentes de las iniciativas más controvertidas, entre ellas la Ley Eléctrica, la Ley de Orden Público, la Ley del Río Grande del Magdalena indicaron que los proyectos no sufrirán modificaciones a menos que así lo estimen las plenarias y las comisiones en donde tienen que hacer trámite.

02 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

Muchos parlamentarios coincidieron en señalar que el problema básico es que el Gobierno no previó los costos que implica poner en marcha la Constitución Política y que el Congreso no está haciendo otra cosa que cumplir ese mandato.

En una carta enviada a los presidentes de Senado y Cámara el martes en la noche, Jorge Elías Náder y Francisco Jattin, el presidente César Gaviria les pide que impidan la aprobación de iniciativas que impliquen gastos no planeados dentro del Presupuesto Nacional.

Según el Jefe del Estado, si no se reconsideran varias propuestas el déficit fiscal para el próximo año podría aumentar al 5 por ciento del Producto Interno Bruto, hecho que sería grave para el manejo de la economía.

Una de las alternativas que le quedaría al Gobierno sería presentar una nueva reforma tributaria para cubrir los mayores gastos.

El Ejecutivo estima que las partidas adicionales incluidas en algunos proyectos llegan a 1,8 billones de pesos, tal como lo informó EL TIEMPO el fin de semana pasado.

Así mismo, en una directiva presidencial se solicita a los ministros y a los ejecutores del gasto público en diversas entidades del Estado a congelar partidas por 99.000 millones de pesos para hacer ejecutadas después de las elecciones presidenciales.

No obstante, no parece haber un buen ambiente para disminuir esos montos ya que varios parlamentarios aseguran que el Congreso quiere reivindicar a algunos sectores como es el caso del agropecuario, que ha sido uno de los grandes olvidados por la actual administración.

Otros, por el contrario, reconocen que al parlamento se le ha ido la mano y está aprobando alegremente algunos montos sin mayor discusión.

El presidente de la Cámara, Francisco José Jattin, dijo que sí hay dificultades con algunos proyectos a los que se les incluyó una participación gigantesca en el presupuesto como es el caso de la ley de orden público, cuyas mayores partidas podrían equipararse con la última reforma tributaria.

También se le incluyeron partidas grandes a la Ley de Fronteras, al de Seguridad Social y a la Ley Agraria.

No obstante, manifestó que no puede hacer nada diferente excepto advertir a los ponentes de esas iniciativas que reconsideren algunos artículos.

Por su parte, el senador Salomón Náder, uno de los ponentes de la Ley Eléctrica, dijo que se está ciñendo a la Constitución Nacional, y que la iniciativa es favorable porque se pretende ampliar la electrificación a zonas rurales y a regiones deprimidas.

Indicó que para este propósito no se destinará el 1 por ciento del presupuesto nacional sino el 0,5 por ciento, que son cerca de 75.000 millones de pesos.

El parlamentario dijo que podría ceder en el sentido de que esa asignación sea por un tiempo no superior a 10 años ya que actualmente está por tiempo indefinido.

Por su parte, el senador Luis Guillermo Giraldo, ponente de la Ley de Orden Público, dijo que la directiva del Presidente amerita un estudio serio y aseguró que si las decisiones que adopte el Ejecutivo que influyen negativamente en la política económica se tratará de modificarlas.

Sin embargo, dijo que el 10 por ciento de recursos destinados al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) no deben revisarse porque el propio presidente de la República le dio el visto bueno a esa iniciativa.

El senador Rafael Amador aseguró que no es sano tratar de incluir artículos que aumenten las partidas del presupuesto en época preelectoral.

Alvaro Uribe Vélez, ponente de la Ley de Reforma a la Seguridad Social, manifestó que el proyecto, tal como salió aprobado en el Senado, no presenta mayores dificultades fiscales y que es financieramente adecuado.

El ponente de la ley agrícola en la Cámara de Reprentantes, Germán Huertas Combariza, señaló que respeta pero no comparte la tesis del Presidente de la República y mantuvo en firme su propuesta de que el 20 por ciento de los recursos que le correspondan a la Nación por la explotación de Cusiana deberán ser orientados hacia el sector agropecuario.

Agregó que los dineros de Cusiana aún no han entrado a las arcas de la Nación, por lo cual no están comprometidos ni en programas ni proyectos y que esta destinación (la del 20 por ciento) no podía servir de excusa a una nueva reforma tributaria.

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