JUSTICIA COBRARÁ POR SUS SERVICIOS

JUSTICIA COBRARÁ POR SUS SERVICIOS

El próximo año los colombianos que inicien litigios civiles y comerciales tendrán que pagar a la Justicia al presentar sus demandas.

30 de diciembre 1994 , 12:00 a. m.

Esta tasa judicial permitirá recaudar en los próximos tres años 125 mil millones de pesos que serán destinados a optimizar la capacidad del poder judicial.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas que en 1995 presentará el Ejecutivo al Congreso y que incluye además un ambicioso estatuto de desjudicialización.

El ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira, en reportaje con EL TIEMPO, reveló que las propuestas oficiales plantean entregarle funciones judiciales a las superintendencias Bancaria, de Industria y Comercio, de Valores y de Sociedades, así como al Ministerio del Trabajo, las secretarías de Tránsito y el ICBF.

En materia penal el Gobierno prepara una política criminal que tiene como principal elemento la prevención, a partir de los resultados de más de veinte estudios sociológicos, mientras que en el campo de la represión un proyecto de reforma al Código Penal estará listo en seis meses.

El 70 por ciento de los procesos que se adelantan en la Justicia Civil y Comercial son de cobro de cartera y en su mayoría corresponden a dineros del sector financiero.

Hasta ahora, quienes acuden a recuperar sus activos por esta vía, lo hacen sin ningún costo. Pero el próximo año las cosas serán diferentes: tendrán que pagar por el servicio público de la Justicia.

Por eso, el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para crear la tasa judicial, cobro con el cual se aspira a recoger en los próximos tres años 125 mil millones de pesos.

Es esta una parte del ambicioso programa que se trazó el Ejecutivo para desnarcotizar la Justicia, diseñar una política criminal acorde con las realidades de hoy y ofrecerle a los colombianos alternativas de acceso a una pronta y cumplida administración de Justicia.

La propuesta incluye un proyecto de desjudicialización que ampliaría los mecanismos existentes de conciliación y arbitraje y entregaría, por primera vez, funciones judiciales a todas las superintendencias, al Ministerio del Trabajo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las secretarías de tránsito.

A través de esta política se aspira a contar también en los próximos meses con un proyecto de reforma al Código Penal, así como con la conclusión de 20 estudios contratados ya en diferentes áreas y que permitirán al Ministerio de Justicia y del Derecho tener con el análisis sociológico de la criminalidad en el país para poner en marcha planes de prevención del delito.

Para que explicara los puntos básicos de esta estrategia, EL TIEMPO habló con el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Humberto Martínez Neira.

Según el funcionario, el año que termina deja por primera vez una coincidencia absoluta en el diagnostico de los problemas del sector que apuntan a señalar que aunque existen los recursos suficientes no hay una administración eficiente de los mismos.

Destacó entre las fallas de la administración de Justicia, el hecho de que la política criminal la manejamos al destajo, somos reactivos. Pasa un magnicidio y sale una legislación, aumenta la violencia en el campo y entonces incrementamos el pie de fuerza. Le estamos invirtiendo a la represión, pero resulta que este no es el único instrumento de la política.

Cuando aquí se dice -explicó- que se narcotizó la Justicia es así. Se narcotizó y se criminalizó. Pero el problema es mucho más hondo, mucho más complejo que el de la formulación de reparos simplemente a los problemas de la justicia penal. El volumen de negocios y de conflictos que hay a nivel de la justicia civil, administrativa y laboral que no son objeto de una atención adecuada, expedita, pronta y oportuna como reclama la sociedad colombiana, hace que haya allí un factor de perturbación crítico, que se traduce en problemas de violencia, de desincentivo al ahorro, a la inversión, que va fracturando y generando fisuras al interior de la sociedad y todo esto, lo advierto, con una gran indiferencia de la sociedad colombiana frente al tema .

De ahí la iniciativa del Gobierno de plantear reformas en otros frentes de la administración de Justicia, como en los campos civil y comercial.

Hay que evitar -afirmó el Ministro- que el gasto sea regresivo y establecer mecanismos de progresividad, por lo cual consideramos que, por ejemplo, en materia de Justicia Civil y Comercial hay que pagar una tasa judicial, lo que significa que tengamos presupuestado para los próximos años y hasta 1998 el recaudo de 125 mil millones de pesos en precios de 1994 , explicó.

Pero como hay que garantizar el acceso a la Justicia, se va a crear, según Martínez, el Amparo de Pobreza para los sectores de la población que no acrediten recursos suficientes.

Desjudicialización Otro campo de acción de la política oficial para el sector Justicia tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de acceso y eficiencia de ésta.

Para ello está ya listo el proyecto de acceso y eficiencia de la Justicia, un completo estatuto que busca desarrollar los actuales sistemas alternos de solución de conflictos como la mediación, la amigable composición, la conciliación y el arbitraje.

Se busca que un mayor número de particulares y funcionarios administrativos asuman tareas judiciales.

Pretende la iniciativa reglamentar mecanismos para resolver problemas de propiedad horizontal, laborales, de familia, en materia de tránsito, comercial, financiera, reforzar y despolitizar el sistema de inspecciones de Policía y crear instrumentos para aligerar los procesos y presentar las demandas.

Para ello varios miles de funcionarios en las superintendencias Bancaria, de Sociedades, de Valores y de Industria y Comercio, así como del Ministerio del Trabajo y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podrán pronunciarse en derecho sobre los conflictos de los particulares.

Planteamos la desjudicialización - dijo Martínez Neira- no como instrumento de descongestión sino de mayor acceso a la Justicia .

Política criminal En materia penal ha llegado el momento de replantear el tema de una revisión sustantiva a la legislación penal colombiana en el contexto de una política criminal que relacione adecuadamente todas las gestiones del Estado en materia de previsión del delito, represión y resocialización , expuso Martínez.

Dijo que en las actuales condiciones, Colombia necesita que se formule esa política no solamente a través del sistema de penas y lo que vamos a privilegiar, en primer término, es la prevención .

Explicó que es en este campo donde el Ministerio de Justicia y del Derecho se va a consolidar como el gran agente del Estado en la auscultación de los fenómenos sociológicos que determinan las causas de la alta criminalidad en todos sus matices.

Reveló que en los primeros tres o cuatro meses del año comenzarán a conocerse los resultados de los primeros estudios contratados por su despacho para contar con herramientas que permitan desarrollar esa política preventiva.

Entre ellos se destacan los censos delictivos de Bogotá, Medellín y Cali que van a permitir detectar los tipos de delitos que están prevaleciendo en cada ciudad y en cada zona, para indicarle a las autoridades cuál es la política que hay que asumir para que no sigan creciendo los delitos .

Todas las expresiones del delito tienen una causa común desde el punto de vista del rasgo sociológico que pueden advertirse por las autoridades para que en desarrollo de una actividad coordinada podamos prevenir mayores niveles de morbilidad , agregó.

Pero ese énfasis en la prevención no implica que se abandone la represión del delito y por eso será actualizado el Código Penal, próximo a cumplir quince años de vigencia..

Según Martínez Neira ha llegado la hora de proponerle al país un sistema punitivo que realmente atienda a las condiciones de criminalidad que hoy padece el pueblo colombiano y que particularmente penalice en forma mucho más severa las expresiones de criminalidad que se relacionan con la delincuencia organizada.

Hoy -afirmó- el delito es una expresión de organización colectiva criminal en distintas modalidades. La delincuencia se organizó y frente a esas expresiones de organización el legislador colombiano de quedó atrás.

Sostuvo que el Gobierno está trabajando en un enfoque integral y que ya un grupo de trabajo está diseñando una propuesta de reforma al Código Penal.

Será necesario -explicó- que asimilemos la necesidad de racionalizar un poco más el derecho penal en nuestro país para que sea más efectivo. No podemos seguir incrementando el tipo de hechos punibles frente a un aparato judicial que hizo agua, que ha demostrado su incapacidad de enfrentar las distintas formas de criminalidad. Llegó el tiempo de sincerarnos y de identificar cuáles son los hechos punibles críticos que hoy padece la comunidad en Colombia y enfrentarlos de una manera severa y canalizar unos recursos hacia allá.

Tenemos -dijo- más de 500 tipos y paratipos penales en la legislación colombiana, entonces por estar persiguiendo a quien gira un cheque sin fondos no perseguimos los delitos críticos que afectan a la sociedad .

Finalmente, dijo que este trabajo debe ir ligado a los resultados de otro estudio que conjuntamente se adelanta con la Fiscalía, para precisar qué cambios deben hacerse en la Policía Judicial, para superar los problemas que tiene la investigación en el país, uno de los principales factores del fracaso del sistema penal actual.

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