POR QUÉ SE CAYÓ LA LEY ANTISECUESTRO

POR QUÉ SE CAYÓ LA LEY ANTISECUESTRO

Sentencia: se atenta contra el derecho a la vida: A la luz de la Constitución, es lícito exigir a un ser humano el sacrificio de la vida y de la libertad, propias o ajenas, en razón de la primacía del interés general sobre el individual? . No, sostiene la Corte Constitucional en el fallo que declaró inexequibles cinco artículos que constituían la espina dorsal de la Ley 40 de 1993 o Estatuto Nacional contra el Secuestro.

01 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La semana pasada, por ocho votos contra uno, la Corte Constitucional dejó sin sustento jurídico la posibilidad de que la Fiscalía inventariara y controlara los bienes de los secuestrados y sus familiares y abrió la posibilidad de que los parientes y amigos de una persona plagiada podían pagar rescates por su liberación.

Según el fallo del alto tribunal, que fue conocido ayer, la Ley Antisecuestro atenta contra la dignidad humana, menoscaba la libertad individual, vulnera el principio de la presunción de inocencia, se aparta de las obligaciones de solidaridad social que impone la Carta de 1991, y es, además, una norma cruel, inhumana y degradante.

La primera consideración de la Corte es que los derechos a la vida y a la libertad no pueden sacrificarse por la persona en aras del interés general, salvo cuando la propia persona acepta el sacrificio, voluntaria y libremente .

Este sacrificio se le puede pedir al ser humano cuando se trata de derechos inferiores, como los económicos, pero jamás cuando están de por medio los derechos a la vida y a la libertad.

La Corte recuerda que es mandato constitucional que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias.

Por ese hecho, si la protección de la persona en sus derechos fundamentales, entre ellos la vida y la libertad, es la razón de ser de las autoridades, que son la manifestación viva del Estado, no cabe duda de que la organización social es un medio al servicio de la persona, como se ha dicho. Y de que la protección del individuo es el primer deber social del Estado .

Según la corporación, la protección a las personas se hace más exigente cuando éstas padecen la amenaza o la acción de los delincuentes. En esta circunstancia, todos los recursos del Estado tienen que ponerse al servicio de su misión fundamental .

Pero si el Estado falla en proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, éstos tienen el derecho a defenderse: cuando la violencia generalizada, el uso de la fuerza contra el derecho, rebasa la capacidad de las autoridades, el individuo, puesto por los criminales en el riesgo inminente de perder la vida, y habiendo perdido ya, así sea temporalmente, su libertad, tiene el derecho a defenderse: a hacer uso de los medios a su alcance para proteger su vida y recobrar su libertad, ante la omisión de las autoridades, cualquiera que sea la causa de esa omisión , sostiene la Corte.

Es más, la corporación recuerda que la legislación penal colombiana reconoce como causales de justificación de un ilícito, el legítimo ejercicio de un derecho, y el estado de necesidad... .

Cómo negar que obra en legítimo ejercicio de un derecho quien emplea sus bienes en la defensa de la vida o de la libertad, propias o ajenas? Habrá, acaso, un destino más noble para el dinero que la salvación de la vida o de la libertad propias, o de un semejante...? .

Para el alto tribunal no se justifica constitucionalmente que la Ley Antisecuestro tipifique como delito el pago de un rescate para obtener la liberación de una persona secuestrada.

Entre otras razones, porque el secuestrado está en peligro inminente y actual de perder la vida; porque la acción de las autoridades no fue capaz de evitar el plagio, y porque los amigos y parientes del secuestrado han tenido la desgracia de ser elegidos por los criminales que asedian la comunidad inerme .

Además, agrega la corporación, el secuestrado y sus allegados no tienen el deber jurídico de afrontar el peligro. No están en el caso, por ejemplo, de los miembros de la Fuerza Pública, a quienes la República ha entregado las armas para que las usen en defensa de las personas. Por eso, la obligación de obrar heroicamente recae sobre sus miembros y no sobre la población civil .

Es decir, la Corte sostiene que quien emplea sus bienes para salvar la vida y recobrar la libertad, propia o ajena, actúa conforme a derecho. Por ello, tiene a su favor la causal de justificación... .

Es más, el alto tribunal sostiene que la Ley convierte en delincuentes a quienes en estado de necesidad de proteger su propia vida, la de un pariente o un amigo, pagan un rescate obligados por los delincuentes.

El Estado, que reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona, no puede condenar a esa persona cuando hace uso del último recursos para defender tales derechos; y cuando, como ocurre a menudo en los casos de secuestro, actúa para proteger a su familia (...), institución básica de la sociedad .

La Corte dice, asimismo, que si la Constitución consagró como uno de los fines esenciales del Estado asegurar la vigencia de orden justo, podría alguien sostener que hace parte de ese orden justo la ley que castiga a quien obra por la necesidad de salvar la vida propia o ajena, puesta injustamente en peligro por los criminales.

No, una ley así no puede hacer parte del ordenamiento jurídico de Colombia , se responde la corporación .

La parte ilegal del pago --dice--, no recae sobre quien se ve obligado a pagar, sino sobre quien exige y recibe el dinero, porque el consentimiento de quien es obligado a pagar un rescate, está viciado por la fuerza (que ejercen los delincuentes sobre él) .

Hay que rechazar el argumento de que el delito de secuestro se consuma cuando la víctima o alguno de sus allegados pagan el rescate. Pues evidentemente el delito, tal como está escrito en el Código Penal, se consuma desde el momento en que se priva de la libertad a la persona, así no se exija algún pago .

Es más, la Corte dice que la Ley Antisecuestro vulnera el artículo 12 de la Constitución, que sostiene que nadie podrá ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes: la ley que prohíbe pagar para salvar la vida y recobrar la libertad de una persona, no somete acaso a ésta, a su familia y a sus amigos, a trato cruel, inhumano y degradante? Verdad a medias Será, por desventura, humanitaria la norma que contradice los sentimientos del hombre, y le impide cumplir el deber de socorrer a su prójimo? , pregunta el tribunal constitucional.

La corporación asegura, igualmente, que la persona que paga un rescate para obtener la libertad de una persona lo hace en cumplimiento del mandato constitucional que le impone obrar conforme al principio de solidadridad social, respondiendo con acciones humanitarias.

Según la corporación, al país se le está diciendo una verdad a medias cuando se asegura que quien paga un rescate perjudica la sociedad porque fortalece económicamente a los criminales, y de paso está financiando nuevos secuestros.

Lo primero que debe decirse es que el riesgo de nuevos secuestros aumenta porque las autoridades no adoptan las medidas de investigación y represión necesarias para combatir a los delincuentes. De otra parte, hay que tener presente que el peligro de perder la vida es actual para el secuestrado; y el mal social que origina la entrega de dinero a los criminales, es potencial y sólo se concreta en nuevos secuestros por la incapacidad de las autoridades .

La Corte reconoce que el ideal es no pagar rescates para conservar la vida o la libertad, y más aún que no existiera el secuestro, pero asegura que eso sólo es posible si las autoridades protegen a las personas e impiden la acción de los delincuentes .

En cuanto al pago de los rescates, la Corte dice que lo que determina su naturaleza moral es la finalidad que se busca, porque no es igual quien paga por recobrar a un pariente a quien paga obedeciendo exclusivamente motivos innobles o bajos, como serían su propio lucro o el propósito de enriquecer a los delincuentes .

Finalmente, la Corte dice que la Ley Antisecuestro, como una norma que nació de la iniciativa popular, no tiene una jerarquía superior a las que ordinariamente aprueba el Congreso.

Además, quienes pidieron al Congreso de la República la expedición de la ley para reprimir el secuestro no conocieron, al momento de hacer su petición, el proyecto de ley. Otorgaron, en suma, un mandato indeterminado, lo cual explica que la ejecución del mismo haya superado o contradicho los propósitos de algunos... .

Salvamento de voto: la libertad no tiene precio La sociedad civil espera que el Estado haga efectivo el uso y disfrute de la libertad, y no conviene en que se sienten precedentes que, bajo la amenaza, permitan que el hombre tenga precio, y que dadas las circunstancias de indefensión en que ciertos delincuentes colocan a sus víctimas, los fines esenciales del Estado se desdibujen para que las pretensiones ilícitas se realicen sin obstáculo alguno .

Admitir lo anterior implica que el hombre tenga que asumir que pertenece a una sociedad desprotegida por el Estado, y que la delincuencia puede, a su arbitrio, cambiar las normas del derecho --fundadas en la racionalidad--, por las de un imperio fundado en la arbitrariedad y en la fuerza bruta .

En estos términos, el magistrado Vladimiro Naranjo Mesa se apartó de la decisión mayoritaria de la Corte Constitucional de dejar sin piso jurídico la columna vertebral de la Ley Antisecuestro. Naranjo no compartió la decisión de declarar la inexequibilidad de cuatro de los nueve artículos demandados por Alberto Zuleta Londoño.

En criterio de Naranjo, permitir que la libertad humana pueda ser objeto de negociación, equivale a dejar sin base el orden social, cuya inexistencia, a la postre, deja sin fundamento alguno la legitimidad y genera un clima de desorden institucional, en el cual es imposible el dictamen de la recta razón.

En su salvamento de voto --conformado por 40 folios--, Naranjo estimó que fijar precio a la libertad humana es un contrasentido ético y jurídico, y más cuando se permite que ello se haga realidad, pues se constituría un atentado directo, grave e irreversible contra el interés general.

Es cierto que la persona víctima del secuestro padece una injusticia, pero ello no legitima solucionar el problema con otra injusticia, ya que es notorio que un acto injusto no genera derecho a la injusticia. No es claro que por estar en una situación difícil pueda legitimarse la primacía del interés particular sobre el interés general , advirtió el jurista.

A su juicio, a la vez, el acto de pagar el precio por la libertad, en lugar de detener la agresión actual e injusta, consuma el móvil del delito, con lo cual no se ha defendido el derecho a la libertad, sino todo lo contrario: se ha desconocido la no enajenabilidad de la libertad y así no hay defensa, sino cesión de derechos renunciables.

Estas son las consideraciones centrales expuestas por Naranjo de modo formal al apartarse parcialmente de la determinación mayoritaria. En su extenso escrito, Naranjo analiza la trascendencia de la Ley Antisecuestro como primera iniciativa popular aprobada por el Congreso; los alcances del derecho a la vida; la libertad como objeto jurídico protegido y, entre otros, los deberes que genera la libertad frente a la sociedad.

El presidente de la Corte Constitucional, Hernando Herrera Vergara, por su parte, aclaró su voto en relación con la función otorgada a la Fiscalía General para ejercer la vigilancia administrativa de los bienes de una persona secuestrada y acogió, en su totalidad, la posición asumida por la mayoría en la Corte respecto a la Ley Antisecuestro.

Apoyo popular Al referirse a la Ley Antisecuestro como la primera iniciativa acogida por el Congreso de la República tras ser presentada con el apoyo de más de un millón de ciudadanos, Naranjo precisó que el respaldo popular hace que la Ley tenga una genuina e indiscutible base democrática que no puede ser desconocida.

Se trata de un delito, observó el magistrado, que conlleva no sólo la detención arbitraria del individuo por parte de unos captores insensibles al dolor, sino también la tortura física y mental que representa el hecho para la víctima y para sus familiares y seres queridos, a quienes se coloca en un estado de indefensión manifiesta.

De acuerdo con el salvamento de voto, la vida es el primero de los derechos fundamentales y, como tal, es inviolable, pero ello no significa que sea absoluto y esto porque el hombre tiene su vida como bien ordenado a unos fines (...) cuya consecusión representa la perfección del hombre .

Como la vida es un medio para alcanzar los fines supremos del hombre, --agregó-- se observa como uno de los límites del deber de conservar la vida es el principio del voluntario indirecto, que justifica poner en grave riesgo la vida humana --hasta el punto, si es el caso, de padecer la muerte-- cuando se dan los supuestos de causas para ello .

Así, en la práctica, un soldado en acción bélica está cobijado por el voluntario indirecto, pero su deber de conservar la vida subsiste; tan es así --añadió el jurista--, que su fin no es dar la vida en aras de la patria, sino defender su patria, aunque le cueste la vida misma.

En criterio de Naranjo, la libertad --que encuentra equilibrio en el orden social justo-- para el ser humano es la expresión de su esencia, como manifestación plena y total de la racionalidad, por ello esta característica hace que sea imposible considerar a la libertad como objeto de transacción económica, por la razón elemental de ser instransferible la esencia del hombre .

En opinión del Vicepresidente de la Corte, igualmente, la libertad genera deberes como la responsabilidad social, la solidaridad y la dignidad. Esta última le exige al hombre --consideró el jurista-- actuar con conciencia de las finalidades legítimas y no someterse a las presiones que los delincuentes, particularmente los secuestradores, ejercen sobre la dignidad humana.

De acuerdo con lo expuesto, cabe preguntarse: Quién paga un rescate en el delito de secuestro recupera su libertad? Quizás recupere su locomoción, y de manera muy discutible, pues en última instancia ha pedido permiso a agentes no legitimados para salir del cautiverio. Pero puede considerarse libre quien ha puesto precio a su dignidad personal? , precisó.

Al argumentar que el individuo no puede actuar contra el interés general, Naranjo indicó, a la vez, que la ley no puede permitir, en aras de una mal entendida libertad, que se contribuya con las expectativas delincuenciales porque sería permitir y, más aún, legitimar la condición de insolidaridad por parte de la sociedad y poner al servicio de la delincuencia organizada un instrumento eficaz para consumar sus propósitos.

Otros criterios Tras precisar que el plagio ha disminuido luego de la expedición de la Ley 40 de 1993, Naranjo sostuvo que es claro que el secuestro no puede ser erradicado solamente con la ley, pues ésta sólo marca pautas de eficacia, pero no comprende todo lo necesario para alzancar un objetivo.

Naranjo, asimismo, se mostró en contra de la decisión adoptada por los otros magistrados al dejar sin piso jurídico la posibilidad de que la Fiscalía ejerza la vigilancia administrativa de los bienes de los familiares de un secuestrado, al igual que las facultades otorgadas a las entidades públicas en relación con el dinero de cautivos. En este último aspecto, dijo que se trata de unas disposiciones de prudencia y no de arbitrariedad.

Es necesario resaltar --explicó-- que dicha vigilancia administrativa no priva a sus titulares de la tenencia, uso y goce de los mismos, ni de su explotación económica (...) ni tampoco implica una arbitrariedad absoluta consagrasa en cabeza de la Fiscalía General, por cuanto ésta opera siempre y cuando se tengan noticias ciertas de que se ha cometido el secuestro .

CONCLUSIONES DE LA CORTE 1. Quien es víctima de un delito de secuestro enfrenta un riesgo inminente de perder su vida, y ha perdido, al menos temporalmente, su libertad.

2. No solo por declararlo expresamente la Constitución, sino en virtud de principios universalmente aceptados, la vida humana y la libertad son valores cuya defensa obliga al Estado y a los particulares. Quebranta, pues, la Constitución una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias de un semejante.

Además, es claro que la ley no puede hacer a un lado las causales de justificación, concretamente el estado de necesidad, en que quedan el secuestrado, sus parientes, amigos y la sociedad en general.

3. Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.

4. El Estado tiene los medios para combatir el delito de secuestro, como los tiene para los demás delitos. Estos medios, en general, implican la investigación y el castigo de los criminales. Y no tienen porqué convertir forzosamente a la víctima o a quienes intenten defenderla, en delincuentes.

5. El artículo 12 de la Constitución prohíbe someter a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a tales tratos se somete a la víctima de un secuestro y a sus allegados, cundo se los priva de la posibilidad de defenderse por el único medio a su alcance, agravando la situación causada por los secuestradores.

6. Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad que la Constitución le impone en el artículo 95: Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas .

CONCLUSIONES DE LA CORTE 1. Quien es víctima de un delito de secuestro enfrenta un riesgo inminente de perder su vida, y ha perdido, al menos temporalmente, su libertad.

2. No solo por declararlo expresamente la Constitución, sino en virtud de principios universalmente aceptados, la vida humana y la libertad son valores cuya defensa obliga al Estado y a los particulares. Quebranta, pues, la Constitución una norma que erige en delito la conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias de un semejante.

Además, es claro que la ley no puede hacer a un lado las causales de justificación, concretamente el estado de necesidad, en que quedan el secuestrado, sus parientes, amigos y la sociedad en general.

3. Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.

4. El Estado tiene los medios para combatir el delito de secuestro, como los tiene para los demás delitos. Estos medios, en general, implican la investigación y el castigo de los criminales. Y no tienen porqué convertir forzosamente a la víctima o a quienes intenten defenderla, en delincuentes.

5. El artículo 12 de la Constitución prohíbe someter a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a tales tratos se somete a la víctima de un secuestro y a sus allegados, cundo se los priva de la posibilidad de defenderse por el único medio a su alcance, agravando la situación causada por los secuestradores.

6. Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad que la Constitución le impone en el artículo 95: Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas .

La visión de Pardo En síntesis, el balance que le entregó el Ministro de Defensa, Rafael Pardo, a la Corte Constitucional, señala: En 1993 se han registrado 579 secuestros, presentándose una variación descendente frente a los primeros 5 meses del año anterior del 32 por ciento, es decir, que en el último período citado, se cometieron 273 casos menos de secuestro. Es conveniente agregar que el descenso en la frencuencia se inicia en el mes de octubre de 1992 (época en la cual se proyectó la ley 40) que en diciembre de 1992 aparece con tan sólo 66 casos, convirtiéndose el hecho anterior en un indicador de que la lucha antisecuestro presentaba, desde el último trimestre de 1992, un control efectivo y que el estatuto dio alguna prolongación y fortaleza a ese control.

Sin duda la campaña publicitaria en contra de ese flagelo provocó un incremento en la intensidad del reproche social a esta modalidad delictiva, pero mal podría decirse que bastó la legislación para un control efectivo, allí también participaron, fundamentalmente, la acción de la fuerza pública, la solidaridad ciudadana, la campaña publicitaria y, obviamente, la Ley 40 de 1993 .

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