Más gasolina al pleito entre Bancolombia y los Gilinski

Más gasolina al pleito entre Bancolombia y los Gilinski

El conflicto judicial que enfrenta al Bancolombia con la familia Gilinski cada vez se complica más. Ayer, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad del llamamiento a juicio contra el presidente de Bancolombia, Jorge Londoño y uno de sus vicepresidentes, Federico Ochoa, procesados por presuntas irregularidades en 1998 cuando el Banco Industrial Colombiano (BIC) compró al Banco de Colombia y luego se fusionaron.

26 de septiembre 2007 , 12:00 a.m.

El pasado 4 de enero, la Fiscalía acusó a los directivos del Bancolombia de estafa, uso indebido de fondos y de operaciones no autorizadas, luego de reabrise el caso en cumplimiento de una tutela de la Corte Constitucional.

La Fiscalía anuló ayer esa acusación para incluir dentro de la investigación varias pruebas solicitadas por los representantes de los Gilinski, algunas de ellas en la Bolsa de Nueva York.

El proceso, que había sido cerrado en el 2004, se reabrió tras un fallo de tutela de la Corte Constitucional, que ordenó practicar las pruebas solicitadas por los Gilinski.

Las decisiones de ayer hacen que el caso pase nuevamente al fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, que lo llevaba anteriormente. Una vez sean valoradas las nuevas pruebas, la Fiscalía tendrá que decidir si llama a juicio o no a los directivos del banco.

Ayer también la Fiscalía prescribió la investigación por operaciones ilegales, por vencimiento de términos.

Ricardo Calvete, abogado de Bancolombia, sostiene que con las decisiones de ayer se vuelve atrás en el proceso y se regresa a la etapa sumarial, aunque destacó la prescripción de uno de los delitos financieros por los cuales se investigaba a Londoño y Ochoa.

DELITOS VIGENTES Por su parte, los abogados de los Gilinski aseguraron que aunque uno de los delitos prescribió, quedan vigentes los de estafa, uso del ahorro del público y falsedad. Agregaron que el delito de estafa prescribirá en agosto del 2009 y el de uso del ahorro del público para toma del control en mayo del 2008. “Por eso la providencia de la Fiscalía señala que las pruebas testimoniales deberán realizarse cuanto antes, para evitar que prescriban los delitos restantes”, señalan los apoderados de los Gilinski.

Es más, anunciaron que van a demandar al Estado por el delito que ya prescribió, que ellos califican como autopréstamos.

Ante esto, en el Bancolombia respondieron en un comunicado que “la prescripción es una institución jurídica que favorece la estabilidad de la sociedad, por encima de intereses particulares. Pretender revivir una acción penal prescrita es vulnerar principios de interés público, como la cosa juzgada”.

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