Un duro golpe al control urbanístico

Un duro golpe al control urbanístico

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca les quitó dientes a las alcaldías locales a la hora de ejercer el control urbanístico en la ciudad.

26 de septiembre 2007 , 12:00 a.m.

La decisión que se dio en última instancia, les impedirá de ahora en adelante a las alcaldesas locales exigir licencias de construcción a los establecimientos de comercio de la ciudad que ya estén funcionando (no en construcción).

Así las cosas, ningún establecimiento comercial abierto al público estaría obligado a acreditar ante las autoridades locales requisitos como sismoresistencia, insonorización, parqueaderos y si son o no inmuebles de patrimonio cuya estructura haya sido modificada.

A juicio de los expertos, este fallo abre un boquete legal que impedirá exigir a los establecimientos que cumplan con todas las condiciones de infraestructura para su funcionamiento.

Pero más grave aún: al no poder la Alcaldía Local exigir la licencia de construcción, no podrá verificar que el establecimiento esté cumpliendo con el uso que le aprobó la curaduría.

Diana Echeverry, asesora jurídica de la Alcaldía de Chapinero, dijo que el fallo es un duro golpe a la labor de control que han venido realizando las autoridades.

“Después de la decisión del Tribunal ya no podemos exigir la licencia y entonces yo podría tener funcionando una discoteca en una casa vieja y desbaratada, sin importar que la casa cumpla o no con los requisitos de idoneidad, infraestructura y demás exigencias”.

Angélica Lozano, alcaldesa de Chapinero, explicó que la mayor parte de los procesos que se han abierto en su despacho han sido por inconsistencias entre las licencias de construcción y el uso.

Por ejemplo, muchos burdeles operaban con licencias de construcción para bares o sitios de masajes. Y al exigirles la licencia, se podía proceder a su cierre, por incumplirla.

Además, “permitía prevenir posibles efectos graves para los ciudadanos, porque la licencia es el único medio idóneo para garantizar que una estructura está adecuada para un uso”, dijo Lozano. EL TIEMPO conoció que el demandante, Efraín Forero Molina, fue asesor del polémico ex curador número cuatro, Germán Ruíz Silva: dos veces destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años.

El curador urbano número cinco y presidente de la corporación de curadores de Bogotá, Mariano Pinilla Poveda, explicó que el fallo del Tribunal desconoce el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. “El POT dice muy claramente en su artículo 337 que el uso del suelo está asignado directamente a través de una licencia de construcción. Aquí lo que pasó es que primó más una ley nacional de comercio, la 232”.

Ante el fallo, Planeación explicó que estudia las medidas que tomará.

Fernando Rojas, Secretario de este despacho, dijo: “estamos evaluando qué haremos para seguir cumpliendo con las normas del POT que establecen que para controlar el uso del suelo es necesaria la licencia de construcción”.

El fallo solo podría ser revocado si el Consejo de Estado decide, por iniciativa propia, revisarlo.

El problema en un ejemplo.

La ley dice que para habilitar un predio como un establecimiento comercial, el propietario debe tramitar una licencia de construcción ante la Curaduría Urbana. Así las cosas, la apertura de un bar, por ejemplo, tiene que contar con este requisito para poder operar de acuerdo con las normas de uso del suelo que exige el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Sin embargo, y a la luz del nuevo fallo, a la hora de ejercer los controles urbanísticos, las alcaldesas locales ya no podrán exigir este documento para verificar que el uso del suelo se acomoda a las normas. Tampoco podrán verificar, por ejemplo, si el establecimiento cumple con las normas de sismoresistencia, parqueaderos, etc., que de no cumplirse acarrean sellamientos, multas o cierres definitivos.

De ahora en adelante, para poder imponer este tipo de sanciones, las autoridades tendrán que remitirse primero a las Curadurías para verificar si existe o no una licencia de construcción y en qué condiciones fue expedida.

Solo así podrán ejercer controles.

Esta situación afectará aún más el efectivo control de algunos sitios que, como los burdeles, se camuflan en tabernas o salas de masajes. O bares que se escudan en la figura de clubes privados para operar en la ilegalidad.

ABC DE LAS LICENCIAS.

La licencia de construcción es una autorización previa para urbanizar, parcelar, subdividir o edificar un predio.

Para inmuebles existentes se requiere licencia para reforzarlo o modificarlo, ampliarlo o adecuarlo a otro uso al inicialmente previsto.

Las licencias de construcción se otorgan de acuerdo con los usos del suelo permitidos por las Unidades de Planeación Zonal (UPZ). Son expedidas por los cinco curadores urbanos que operan en la capital. Las UPZ cubren áreas más pequeñas que las localidades, y más grandes que los barrios. Y se encuentran dentro del perímetro urbano legal de la ciudad.

La función de cada una de las 112 UPZ que conforman Bogotá es planificar el desarrollo urbano, de acuerdo con los usos específicos que han sido definidos para cada sector (comercial, residencial, vecinal, alto impacto, etc.).

‘‘ Me llamaron dueños de negocios con los que tengo un trato amable y me dijeron: ‘doctora le ganamos. Si quiera ganaron nuestros intereses”.

Angélica Lozano, alcaldesa local de Chapinero.

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