El poder de los banqueros

El poder de los banqueros

Los bancos han vuelto a ganar. Pero ya no solo son los 2,2 billones de pesos de utilidades obtenidas en los primeros nueve meses del año. Ahora también han conseguido que el Superintendente de Industria y Comercio fuera notificado, a través de los medios, de su salida del cargo.

25 de septiembre 2007 , 12:00 a.m.

Las presiones debieron ser tan fuertes que el Gobierno sintió la urgencia de sacar al funcionario. Pese a que el Ministro de Comercio le había pedido que no renunciara, desde el Palacio de Nariño se forzó su salida. La razón era evidente: el vencimiento de los términos para ratificar o no las sanciones impuestas a los bancos por su negativa a entregar información sobre las comisiones que cobran por las operaciones con tarjetas de crédito y débito, y, en segundo lugar, para aceptar o no las explicaciones del incumplimiento de las garantías establecidas en los acuerdos firmados entre los bancos y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Hay tanto dinero en juego, que al Gobierno le debió parecer muy arriesgado dejar esa decisión en manos de un funcionario que mostrara tanta independencia. Y no me refiero a los 800 millones de multa contra los bancos por no entregar información, sino a los cerca de 300 mil millones de pesos anuales que les puede costar el tener que cumplir con los acuerdos firmados con la SIC.

Al Gobierno le había resultado muy costosa la decisión de no aceptar la recusación interpuesta por cuatro bancos para impugnar la competencia del Súper para pedirles información. Los banqueros no tardaron mucho en entender esa decisión como un acto politiquero del presidente Uribe, con el que buscaba llegar con un aplauso anticipado al Congreso de Fenalco. Nada más popular para los comerciantes que un portazo del Gobierno a los banqueros en el tema de las comisiones en los pagos por tarjetas débito o de crédito.

Por eso, el Gobierno sabía que, después del garrote, la única zanahoria para los banqueros era la cabeza del Superintendente. La prueba del sometimiento fue presentada por CM& cuando informó que en ese cargo nombrarían a la persona a la que “el Gobierno encargó precisamente para atender las quejas de los bancos contra el Superintendente saliente”. El mismo que antes le pedía al Súper ceder en su posición, ahora investido como nuevo Superintendente deberá decidir sobre las sanciones contra los bancos y las explicaciones del incumplimiento.

Con la salida del Superintendente quedó claro que la gobernabilidad de Uribe no solo depende de las exigencias de los políticos, sino también de los favores a los empresarios. Y que su margen de maniobra frente a estos últimos es muy reducido. Para mantenerlos cerca, más de una vez ha tenido que sacrificar la institucionalidad que sostiene las reglas del juego económico del país.

¿De qué sirve que un Superintendente trate de poner en cintura las comisiones que reciben los bancos por operaciones con tarjetas débito o de crédito; que sancione a una de las redes de tarjetas por incorporar costos no autorizados; que exija ajustar la tarifa interbancaria de intercambio, sobrevalorada en más de 70 por ciento, o que pida información a los bancos para corregir la asimetría que le impide evaluar si efectivamente se están cumpliendo los acuerdos, si cuando tiene que decidir es notificado por la prensa de su salida del cargo? Hoy los colombianos pagamos en comisiones tres veces más que un español, cinco más que un inglés o seis más que un australiano. Y con esas prerrogativas no es difícil entender que la rentabilidad del sector financiero provenga de su eficiencia, pero también de los favores que recibe del Gobierno, con su débil control de los abusos del mercado. Si no puede aguantar las presiones, ¿por qué el Gobierno no acaba con las superintendencias de una vez por todas y se ahorra el gasto de una burocracia controladora que debe ser complaciente con su controlado?

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