Chiquita: justicia bananera

Chiquita: justicia bananera

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro Leongómez, solicitó formalmente a la Fiscalía de Estados Unidos que ordene transferir a Colombia los 25 millones de dólares de la multa contra la multinacional bananera Chiquita Brands, para que sean entregados a las familias de las víctimas de los paramilitares en Urabá.

25 de septiembre 2007 , 12:00 a.m.

La petición es de una justicia elemental. Y no solo como símbolo de reparación por el sufrimiento que les causaron. Sería inaudito que ese dinero se quedara en las arcas de Washington, en lugar de destinarse a las viudas y huérfanos que produjeron los pagos de Chiquita a los ‘paras’. El Gobierno Nacional debe utilizar los canales diplomáticos de rigor para apoyar la justa petición de la CNRR. Aunque, dadas las circunstancias que rodearon el proceso contra Chiquita en Estados Unidos, parece que no es mucho lo que se puede esperar.

Todo indica que la multa no se va a destinar a resarcir a las cerca de 800 familias que sufrieron la violencia paramilitar en esa zona durante el tiempo en que Chiquita hizo los pagos a la organización que lideraba Carlos Castaño. Los 25 millones de dólares irán a parar al tesoro del gobierno de Estados Unidos, al que la compañía pagará en cómodas cuotas anuales de 5 millones, hasta el año 2011, según lo determinó en su sentencia el juez federal Royce Lamberth.

A esta discreta multa se le puede aplicar el célebre dicho colombiano de que “la ley es para los de ruana”. Es fácil imaginar lo que les pasaría a unos ciudadanos colombianos que se declararan culpables ante un tribunal estadounidense de haber entrado en ‘acuerdos de pago’ con una organización calificada por el gobierno de ese país como terrorista.

El Departamento de Seguridad Interna de E.U., según lo sostuvo la defensa de Chiquita, conoció desde el 2003 los pagos que esta estaba haciendo a las Auc y no le indicó que los suspendiera. Washington dice ahora que sí lo hizo, pero el benigno tratamiento que recibió la empresa, en virtud del arreglo que hizo con el Departamento de Justicia, da mucho que pensar.

El propio juez Lamberth admitió que ese acuerdo le suscitaba dudas, pues los directivos de Chiquita vinculados al caso no fueron procesados ni sus identidades reveladas, como ha debido ocurrir. Ojalá los 25 millones de dólares no se refundan también.

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