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ESTATIZACIÓN O PRIVATIZACIÓN

Parece que esta es hoy la gran alternativa, después del rotundo fracaso del sistema comunista, que pasados 70 años de dominio sobre la mitad de Europa cayó en razón de su propia ineficiencia y desprestigio. Pero si bien el comunismo con el predominio total del Estado sobre el ciudadano ha desaparecido del panorama político, las doctrinas de izquierda socialistas siguen defendiendo la intervención del Estado como única garantía de la justicia social. De otra parte, las nuevas corrientes neoliberales se caracterizan hoy por la tendencia a la privatización de las empresas oficiales, en vista del fracaso de la administración pública por la injerencia política en el manejo de los problemas económicos y la escogencia de los gestores que ocupan los altos cargos, más por influencias que por méritos y experiencia.

JOHN URIBE BOTERO
A Colombia ha llegado también esta nueva filosofía y dentro del programa de gobierno se han realizado ya algunas importantes privatizaciones y hay muchas en remojo. Este nuevo concepto, hacia la privatización de las empresas oficiales, creemos que está plenamente justificado, no por una razón política en contra de la intervención del Estado, o un desconocimiento de la acción que le corresponde en el campo de la justicia social, sino en razón del mal manejo, el despilfarro, la estafa, el hurto, la falsedad y todos los delitos que han cometido funcionarios públicos a todos los niveles, contra el tesoro público y el interés de la comunidad.
La verdadera razón para privatizar las empresas oficiales o empresas de utilidad común, es la mala administración. No es entre nosotros un problema de filosofía política, si la empresa Puertos de Colombia debe manejarla el Estado o los particulares. La realidad es que el Estado ha resultado un pésimo administrador, que ha llevado a la ruina todas las empresas oficiales y a las de servicios públicos.
Como la administración del Estado es un botín político, los que llegan al poder tienen que pagar las deudas políticas, creando una burocracia innecesaria y costosa, y nombran para puestos técnicos no a personas con suficiente preparación y experiencia, sino a los jefes políticos o a sus recomendados, quienes llegan a usufructuarlos en beneficio personal. Esto, desgraciadamente, pasa hasta en los más altos cargos de la administración y de la representación política.
No sabemos exactamente cuántos proceso hay en contra de empleados públicos o funcionarios oficiales, pero sin exagerar, se puede decir que no hay entidad, u oficina pública, en donde no haya un grave desfalco o malversación de fondos.
En estas desgraciadas circunstancias, es apenas comprensible que se necesite cambiar la gestión oficial por la gestión privada, que hasta hoy ha demostrado ser más competente y más honesta. No creemos que esto signifique una concepción política de derecha o neoliberal, sino simplemente la urgencia de corregir una situación de desbarajuste institucional, que amenaza acabar con las empresas públicas y los servicios del Estado.
La intervención del Estado es necesaria, pero tiene que ser eficaz y honesta. Como dijo el profesor Erhard, la intervención del Estado deber ser la menos posible, pero toda la necesaria. El Estado debe tener un papel preponderante en la actividad política, social y económica, solo como orientador y regulador de la actividad privada, pues con la experiencia que tenemos, no se justifica que suplante a la actividad privada en campos en que esta se desempeña mejor.
No es que el gobierno liberal del doctor Gaviria esté derivando hacia una concepción neoliberal por el solo hecho de pretender la privatización de algunas empresas y actividades económicas que, como consecuencia de la mala administración, se encuentran en el caos. Parece simple cuestión de supervivencia.
JOHN URIBE BOTERO
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