RESPUESTA A INSEGURIDAD SOCIAL

RESPUESTA A INSEGURIDAD SOCIAL

Parece que la urgencia de llevar alguna forma participante de seguridad al campo se abre paso, a través de las aprensiones de quienes temen que la protección contra la delincuencia que lo azota implicaría retornar al paramilitarismo .

16 de diciembre 1994 , 12:00 a. m.

De las Cooperativas Rurales de Seguridad ha hecho tránsito el Gobierno a una propuesta más amplia, que quizá baste para aplacar suspicacias, aunque difícilmente para las organizaciones de derechos humanos, que olvidan el que los campesinos tienen de defenderse de los criminales de todos los pelajes, dada la imposibilidad de cubrir un millón de kilómetros cuadrados con una fuerza pública a todas luces insuficiente para tamaña tarea.

El comunicado oficial cubre el concepto general que tendrían las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir). Plasma la idea de quienes hemos venido sosteniendo la necesidad y justicia de vincular las comunidades rurales a su propia seguridad, en esfuerzo mancomunado con el gobierno, frente a las amenazas que martirizan nuestro olvidado universo campesino.

La resurrección del DAS rural -inexplicablemente disuelto- que tan eficientes servicios prestó en los Llanos Orientales y algunos otros lugares en el decenio de los sesenta, sería uno de los aportes del Estado a la seguridad campesina. Integrado por habitantes de cada región cuidadosamente seleccionados, constituiría excelente medio preventivo para detectar en oportunidad amenazas que, de prosperar, terminarían adueñándose de sectores aún sanos. Así como agravando problemas ya existentes.

La Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional convocada por el presidente Gaviria, presentó entre sus recomendaciones la organización del Cuerpo en tres ramas mayores: urbana, técnica o especializada y rural, con miras a dar acento cívico a las ciudades y adecuada protección al agro. Dicha policía, una vez cumplidos los ciclos de reorganización y entrenamiento especializado para cada ámbito, podría cambiar la fisonomía de la institución y, en el tema que nos ocupa, configurar un segundo aporte de gran valía para la vigilancia del agro.

El tercer aporte gubernamental sería el del Ejército, por medio del servicio militar campesino, instituido con disposiciones legales aún vigentes por el general Fernando Landazábal cuando ocupó el Ministerio de Defensa. Sobre el particular se ha tratado a fondo en esta columna, pero vale la pena refrescar sus fundamentos, porque podría constituir la osatura de todo el esquema de seguridad rural.

Con un reclutamiento selectivo se prestaría el servicio obligatorio en las mismas áreas donde se efectúa. Los soldados campesinos recibirían instrucción militar básica con énfasis en inteligencia, seguridad y comunicaciones, terminada la cual permanecerían en sus lugares de origen organizados en unidades fundamentales (compañías) equivalentes a las del Ejército regular, pero dedicados a sus faenas agrícolas, con la obligación de concurrir a prácticas periódicas, ejercicios de alarma y actividades similares.

Los batallones del Ejército serían responsables de organizar y conducir los entrenamientos de estas compañías, bajo vigilancia de la autoridad civil equivalente, en forma tal que se asegurara una conducta estrictamente defensiva, circunscrita a límites veredales definidos y afirmada en el hecho de que los soldados campesinos se hallarían radicados a la tierra. Estas unidades sólo recibirían armas defensivas. Donde existan riesgos que sobrepasen esta limitación, se destacarían fracciones de la Fuerza Pública para apoyar a las unidades rurales y recibir a su vez servicios de información.

La experiencia del Perú ofrece valiosas lecciones. La agrupación terrorista que depredó la zona andina del oriente fue desarticulada por la acción combinada de los ronderos -civiles entrenados por el Ejército regular- sin que pueda decirse en justicia que se presentaran violaciones de los derechos humanos ni atropellos a la población civil, entre otras razones porque los ronderos eran parte de ella y la protegían.

Con las necesarias adaptaciones, el concepto sería válido en Colombia. Lo que en ninguna forma puede prolongarse es la indefensión que ha hecho del campo colombiano el coto de caza de los malhechores, ante la impotencia del Estado y de la propia sociedad rural, dispersa y abandonada a su suerte.

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