Corte ratifica veto a traslado en pensiones

Corte ratifica veto a traslado en pensiones

La Corte Constitucional puso fin a un largo debate en pensiones: en Colombia, quienes están a 10 años o menos de obtener su pensión no pueden cambiarse de régimen pensional.

07 de septiembre 2007 , 12:00 a.m.

Así lo decidió el tribunal al cerrarle el paso a una demanda presentada para acabar con la prohibición de cambio de régimen de aquellos afiliados que proyectan pensionarse antes de una década.

La razón: la restricción no vulnera la igualdad ni es una discriminación.

En el país, según la Ley 100 de 1993, uno de los requisitos para obtener la pensión es: “haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 años si es hombre. A partir del 1º de enero de 2014, la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer, y 62 años para el hombre”.

Según la Corte, esta limitación de traslado no vulnera el derecho a la libre elección sobre regímenes pensionales: régimen solidario de prima media con prestación definida (ISS) y Régimen de ahorro individual con solidaridad (fondos).

En criterio del alto tribunal, es una medida razonable y proporcional porque pretende evitar la descapitalización del fondo común de prima media y, a la vez, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del régimen de ahorro individual.

“Se aparta del valor material de justicia -dijo la Corte- que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros”.

Unos y otros criterios los planteó la Sala Plena de la Corte Constitucional en el fallo C-625 de 2007, mediante el cual respaldó la norma de la Ley 100 que restringe el traslado entre regímenes de esta naturaleza cuando faltan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión.

Se trata del literal e) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 2º de la Ley 797 de 2003. El aparte demandado consagra: “después de un año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

Es la segunda vez que la Corte se pronuncia sobre esta norma. La ponencia la elaboró el magistrado Manuel José Cepeda. El primer fallo -el C-1024- se produjo en 2004.

De acuerdo con la demanda, la libertad de traslado de régimen debe operar por igual para todos los afiliados al sistema general de pensiones, sin que sea posible discriminarlos en razón del tiempo que les resta para la pensión de vejez.

“La norma cuestionada establece una aberrante discriminación -argumentó la acción- contra las personas de mayor edad, al no permitirles el traslado de régimen, mientras que los jóvenes sí gozan de ese derecho”. Y agregó: esta disposición impide el traslado a un régimen que garantice la obtención de una mejor pensión.

La demanda precipitó la reacción del Ministerio de Protección ante la Corte.

Según el Ministerio, el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales, no constituye derecho absoluto.

En concepto del Ministerio, la disposición cuestionada no viola el derecho a la igualdad sino que establece diferentes tratamientos para circunstancias de hecho dispares.

El fundamento, explicó el Gobierno: no se halla en las mismas condiciones quien ha ingresado recientemente a un régimen pensional y decide trasladarse, que quien, por conveniencia personal -tras aportar por años a un régimen-, se traslada a otro.

COMO OPERAN EL REGIMEN SOLIDARIO Y EL DE AHORRO INDIVIDUAL Según el Artículo 31 de la Ley 100 de 1993: “El Régimen solidario de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título.

Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley".

Entre tanto, el régimen de ahorro individual con solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este título.

“Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes administradoras”.

Escogencia del régimen de pensión.

En la decisión, la Corte aclaró que el derecho a la libertad de elección de los usuarios en cuanto al régimen pensional de su preferencia, es una garantía de rango legal y no de origen constitucional, la cual depende, en cada caso, del ejercicio de la libre configuración normativa del legislador.

“En este orden de ideas, -dijo el alto tribunal- bien puede el Congreso diseñar un sistema de seguridad social a través de un modelo distinto al actualmente vigente, por ejemplo, exigiendo a todos los nuevos trabajadores públicos vinculados a carrera administrativa afiliarse al régimen solidario de prima media con prestación definida, sin que por ello pueda predicarse per se su inconstitucionalidad”.

La Corte recordó que, aun cuando la libertad de configuración del legislador es amplia en materia de seguridad social, el Congreso no podría ni fijar condiciones disímiles de afiliación a sujetos puestos en un plano de igualdad o, incluso, someter a los usuarios a cargas de solidaridad que desborden el equilibrio natural entre los ciudadanos.

El tribunal defiende plazos sobre permanencia mínima.

En el fallo, la Corte no acogió la demanda, compartió los argumentos del Gobierno y dijo que el Congreso de la República sí puede fijar períodos de carencia o períodos mínimos de permanencia y restringir así la posibilidad de pasarse de un esquema a otro.

Según el alto tribunal, el fondo común del Régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría, si se permitiera el traslado de quienes están próximos a obtener la pensión de vejez.

Esto contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes, sostuvo la corporación.

“Así las cosas -dijo la Corte-, el período de carencia o de permanencia obligatoria, permite, en general, una menor tasa de cotización o restringe la urgencia de su incremento, al compensar esta necesidad por el mayor tiempo que la persona permanecerá afiliada a un régimen”.

Es más, según la corporación, esta situación evita generar los desgastes administrativos derivados de un traslado frecuente y garantiza una mayor utilidad financiera de las inversiones.

Para la Corte, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad, sino también al principio de eficiencia pensional.

A juicio del alto tribunal, y a propósito del reconocimiento de las pensiones del Régimen de ahorro individual con solidaridad, nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema.

La Corte defiende el período de permanencia obligatoria con el siguiente argumento: contribuye al logro de los principios de universalidad y eficiencia y asegura la intangibilidad y sostenibilidad del sistema al preservar los recursos dispuestos para garantizar el pago futuro de mesadas y el reajuste periódico de las mismas.

Según la Corte, el fondo del régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría”.

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