Para financiar parte de esa obra, el grupo Nule echó mano, hace 10 meses, de un préstamo por más de 25 mil 980 millones de pesos, pagadero a tres años y con una tasa de interés del 12 por ciento anual.
El desembolso no generaría ningún tipo de suspicacia de no ser porque el dinero salió de la propia chequera estatal.
La plata hace parte de los más de 102 mil millones de pesos que las autoridades le han incautado y extinguido a la mafia colombiana y que permanecen en un fondo manejado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Efectivamente, el año pasado, esa entidad entonces en cabeza de Juan Carlos Vives decidió diversificar el portafolio, de bonos oficiales (TES), del que depende la mayor parte de su presupuesto.
Dicen que, tras un análisis, decidieron que el mejor camino era contratar a una fiducia que le diera transparencia al asunto. Y después de una convocatoria pública, Fiduagraria fue elegida, tal como consta en el contrato 024 del 28 de agosto del 2006, firmado entre Eugenia Garrido, a nombre de la DNE, y Laura Cifuentes, a nombre de la fiduciaria.
¿Quién eligió la obra? El siguiente paso fue elegir la inversión apropiada. La ganadora fue la Concesión Autopista Bogotá-Fusa, del llamado grupo Nule.
Quien aparece firmando el desembolso es la actual administración de la DNE, en cabeza de Carlos Albornoz, según acta de octubre pasado suscrita Alejandro Vélez, secretario general de la entidad.
No obstante, voceros autorizados de la DNE aseguran que la decisión ya había quedado aprobada por sus antecesores y que ellos solo la acataron.
Y exhiben como prueba el acta 088 del 5 de septiembre del 2006 que así lo señala: Si no hacíamos el desembolso, el grupo Nule nos hubiera podido demandar, explican.
El documento que le da el visto bueno al desembolso aparece también firmado por Eugenia Garrido, asesora del despacho tanto de Vives como de Carlos Arbornoz.
Fue en una palomita Garrido se desempeñaba entonces como secretaria general (e), cargo que ocupó tras la renuncia de Vives y mientras Albornoz se posesionaba. Durante ese lapso, el director (e) de la DNE fue Gonzalo Gutiérrez Díaz Granados, mano derecha de Vives: Él tiene mayor información, aseguró Vives.
Gutiérrez, por su parte, manifestó que no estaba seguro si él participó en la decisión y que intentaría documentarse.
No obstante, advirtió (al igual que Vives) que el mecanismo de la fiducia garantiza el manejo transparente del dinero y que la decisión de invetirlo de esa manera fue tomada por el Comité Asesor de Inversiones de la DNE.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Eugenia Garrido pero estaba fuera de la entidad en una capacitación.
Dos demandas en curso El afán por saber quién es el responsable del giro se debe a que la DNE ya ha sido demandada dos veces en menos de un mes por este motivo.
Aunque funcionarios de la entidad y el grupo Nule aseguran que el préstamo es legal, los ciudadanos Fabián Pérez y Yolanda Velásquez creen que es ilegal que dineros públicos terminen beneficiando intereses privados.
Por eso, intentan anular el contrato de fiducia y la transacción a través de dos acciones populares en curso: si lo logran, se quedarían con el 25 por ciento del monto.
Este diario consultó el tema con el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, quien manifestó que, al menos éticamente, el caso no tiene presentación.
Aunque en principio no veo algún delito, lo que no tiene presentación es que sea el propio Estado el que termine financiando a un particular para que este pueda contratar con el Estado.
Los jueces de las acciones populares tienen la palabra.
u.investigativa@eltiempo.com.co.
Son créditos normales: Nule.
Guido Nule Marino, una de las cabezas del grupo, dijo que el desembolso de la DNE es un crédito normal, práctico y con intereses del mercado: Además, estamos al día dijo. En octubre pagamos intereses: un poco más de 3 mil millones de pesos.
E insistió en la solidez del consorcio que construye la carretera. Este, aunque se conoce como el grupo Nule, tiene como socio a Alejandro Char, con un 25 por ciento; a la firma de ingenieros Vergel y Castellanos y a Álvarez y Collins, con 26 años de trayectoria.
En el documento en el que justifican su solidez dicen, que tienen calificación triple A. Y añaden: Una razón adicional para poder determinar que es una inversión de bajo riesgo es que la fuente de pago de la misma está respresentada en recursos provenientes de pagos realizados por el INCO (entidad oficial), recursos provenientes del recaudo de peajes y recursos aportados por los concesionarios.