‘No debería haber elecciones con el actual sistema’

‘No debería haber elecciones con el actual sistema’

Se destapó el procurador General de la Nación, Edgardo Maya, al comentar la actual situación electoral del país. Considera que con el actual sistema y el Código Electoral vigente no debería haber elecciones, porque “no está garantizada su trasparencia”, aun cuando advierte que hay que hacerlas. Asegura que tanto el tope de gastos en las campañas como la prohibición de que los empleados públicos intervengan en política son dos grandes hipocresías y propone una gran reforma electoral que incluya la financiación total de las campañas por parte del Estado y la eliminación de la circunscripción nacional.

12 de agosto 2007 , 12:00 a.m.

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre nuestra situación electoral? Hay tres momentos en el proceso de elecciones: el prelectoral, el electoral y el postelectoral; en el primero se encuentra el trasteo de votos; en el segundo, la compra de votos, la suplantación de electores y de jurados. En el tercero, la manipulación de resultados. Con una sola denuncia el Consejo Nacional Electoral ya anuló 23.000 inscripciones de personas que no residen en donde se han inscrito.

¿Es grave ese trasteo de votos? Sí. La trashumancia electoral la utilizan los políticos para capturar votos y llevarlos a un punto determinado y falsear así la voluntad electoral.

¿Cuál es el siguiente problema que enfrenta el proceso? La compra de votos no ha desaparecido, pero hay un sistema más audaz que es la compra del jurado; en la compra de votos, la operación se realiza voto a voto; con la compra del jurado se puede lograr que ese jurado llene un listado con 100, con 200 votos. Manipulan la diligencia del registro electoral o formularios C11 y E14 en donde están los resultados de la mesa.

No olviden la experiencia que denunciamos sobre fraude en 20.000 mesas de las 70.000 mesas en el año 2002 y el Consejo de Estado anuló 7.000 mesas, es decir el 10 por ciento de la votación del país.

¿Está amenazada la transparencia en las próximas elecciones? Todas las elecciones son proclives al fraude por culpa de nuestro sistema electoral que es obsoleto. En Colombia necesitaríamos alquilar 30.000 máquinas para realizar el voto electrónico; eso reduciría mucho más el peligro que hoy se vive. Como Procurador he sido tajante en el criterio de que se debe ir al sistema electrónico y en que se debe reformar el Código Electoral; el actual, es un código de 21 años, que data de 1986, anterior a la Constitución de 1991. Tenemos un código atrasado al que se le han hecho remiendos como el umbral o el voto preferente; eso no conlleva a la solución. Hay que realizar una reforma a fondo.

¿Y mientras eso ocurre qué se debe hacer? Me parece de gran importancia la vigilancia que organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones y agrupaciones de personas de carácter civil están haciendo de las elecciones. Por eso, yo propongo que no solamente haya un observatorio de carácter interno por parte de las universidades, de publicaciones como Semana, sino que también la comisión de vigilancia que se invita siempre de la OEA, sea una comisión presidida a alto rango. Yo sugiero que el Gobierno le pida al Secretario General de la OEA que mande una persona como el ex presidente de Chile Ricardo Lagos para que presida esa comisión en Colombia. Otra invitación es a que la gente denuncie todas las irregularidades que descubra o advierta.

¿Con el actual sistema electoral no se garantiza trasparencia? No. No se garantiza. Yo digo que con el actual Código Electoral y el actual sistema electoral no debería haber elecciones. Pero es necesario realizarlas porque ese es un mecanismo democrático que hay que ejercer.

¿Las averías son tan graves? Hay mucha hendija por donde meterse. Hay unos intereses regionales y locales muy grandes. Se van a elegir 1.099 alcaldes, otros tantos concejos y 32 asambleas. Estas elecciones pueden ser muy permeables al fraude.

¿Solución inmediata no hay? Todos, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Nacional con el Ministerio del Interior y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, todas las entidades que tenemos que ver con el proceso, estamos unidos para garantizar transparencia electoral. Mientras se incorpora el voto electrónico, hay que buscar la manera de que el hombre le meta lo menos posible la mano al proceso electoral, que es lo que está pasando...se le mete mucho la mano...

¿Y usted teme que en las próximas elecciones ‘metan la mano’? Sí. Todo el mundo busca meter la mano y eso hay que impedirlo. Es que por alguna parte se cuelan. Por eso hay que vigilar más estrechamente.

¿Nuestro sistema electoral no sirve? Yo creo que deja mucho que desear a pesar de todos los remiendos legislativos. Y los problemas no son exclusivos de ninguna región del país; no son ni de costeños ni de cachacos; estoy dispuesto a demostrarle que en las distintas regiones del país operan mecanismos de fraude. Usted encuentra personas que son candidatos de Santander con votos en La Guajira; gente de Cali con votos en el Caquetá. Gente de Bogotá con votos en Urumita, Guajira, cuando ese señor ni conoce Urumita, ni sabía que existía. Entre otras cosas, por eso, debe revisarse el tema de la circunscripción nacional para elegir senadores.

¿Cuál es su propuesta? Hay que volver a la representación de las regiones. Esas campañas nacionales al Senado son de unos costos exagerados, de miles y miles y millones de pesos, que también desfiguran el tema democrático. Hay que eliminar la circunscripción nacional. Hacer sólo una circunscripción especial para las minorías étnicas, para el tema de los afrocolombianos, para el tema de los indígenas. Con la circunscripción nacional no es posible controlar el tema de la trashumancia y no es posible controlar el tema de la alteración de resultados; estamos viendo que candidatos de una región aparecen con votaciones extrañas y altas en otras regiones...

¿La eliminación de esa circunscripción basta para bajar los gastos electorales? No. Es una parte. La otra es esta: la financiación de los partidos debe estar a cargo exclusivamente del Estado. Las sumas que se invierten para financiar una candidatura a un concejo municipal, a una asamblea, a una alcaldía o a una gobernación, son cuantiosas. Hay dos normas hipócritas en la legislación colombiana: la rendición de cuentas de gastos de las campañas electorales y la prohibición a los servidores públicos de intervención en política. Yo no he visto cosa más hipócrita que esa limitante que puso el plebiscito de 1957 para acabar con la violencia política de entonces. Yo creo que estamos en un grado de suficiente civilidad política como para comenzar a hablar sobre ese tema.

Sobre la primera hipocresía: ¿cómo se hace para evitar el exceso de gasto? Los topes no los cumple nadie. El Estado debe financiar el funcionamiento de los partidos o movimientos. Eso antes era imposible porque había 60 partidos políticos; hoy, con el sistema de votación mínima para partidos, puede hacerse. Inclusive, propongo que se amplíe de 200 mil a 400 mil el número mínimo de votos para que un partido no desaparezca y pierda su personería jurídica. Es lo que hay que hacer y eso es democrático, porque aquí cada senador de la República tenía un partido y llegó un momento en que teníamos 60 partidos registrados. El ex presidente López hizo una gran revolución política al acabar con los llamados “feudos podridos” políticos. Ahora hay que acabar también con el sistema de feudos podridos económicos consistente en que entre más dinero tiene usted más capacidad electoral posee.

¿ Y la que usted llama hipocresía de la no intervención en política de los empleados públicos? Lo que hay aquí es una clara intervención de los servidores públicos en política; lo acabamos de ver en la reelección presidencial: un Presidente de la República con todos los gobernadores, con todos los alcaldes, y con todos los miembros del Gobierno, actuando en política. La intervención en política debería quedar solo vedada para la rama judicial y para los órganos de control.

¿Y los demás funcionarios públicos? Que participen en el debate político, con unas limitantes; no pueden hacer nombramientos, no pueden hacer contratos, etc. Ya tenemos una ley de garantías electorales, que funciona.

¿Qué control ejercerá la Procuraduría sobre las listas finales de candidatos? Vamos a publicar la semana entrante, en la página web de la Procuraduría la lista de todos los que han sido inhabilitados para ejercer funciones públicas para que la sociedad la revise. La campaña se llamará ‘No botes tu voto’.

¿Y cuántos son? La lista la integran más de 300.000 ciudadanos. Cualquiera de ellos, si es elegido tendrá anulada su elección.

En Magdalena y Cesar donde los gobernadores están detenidos, ¿cómo está la situación? Hay que darles garantías a todos los candidatos; pero no soy partidario de que las personas que están en esas condiciones de detención tengan intervención en la actividad política. Lo considero inconveniente. No lo comparto y debería haber una reglamentación en el sistema electoral para esos casos.

¿Tema final: es sedición el paramilitarismo? No es aplicable a los paramilitares rasos desmovilizados colectivamente; a los individuales, ya se lo han aplicado; lo que plantea la Procuraduría es una modificación de parágrafos del artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz en donde se contemple la suspensión del procedimiento para las personas que se han desmovilizado individualmente. El problema nada más está en los que se desmovilizaron colectivamente. Habría que reformarlo para extenderlo a quienes se desmovilizan en bloque. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han decidido que el delito político no puede transmutarse al delito de concierto para delinquir. En consecuencia, lo más viable es la propuesta que hago de que al artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz se le ponga un parágrafo diciendo que a quienes se desmovilizaron colectivamente y que no tengan sindicación de delitos de lesa humanidad, se le suspende el procedimiento y una vez cumplan con las condiciones que les imponga la Fiscalía General de la Nación, se extingue la acción penal. Esa es la gran formula...

Opine en www.yamidamat.com.co.

''Hay dos normas hipócritas en la legislación: la rendición de gastos de campañas y la prohibición a los servidores públicos de intervención en política”

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