LAS PRESIONES

El debate sobre la Ley de Televisión, que se ha controvertido, discutido y casi aprobado, ofrece un campo de investigación novedoso e imprevisto. La inhibición en que se declaró el senador Jaime Arias por haber tenido contacto con los grupos económicos durante la campaña electoral, sirvió para que se destapara una olla por todos conocida pero por muy pocos comentada.

07 de diciembre 1994 , 12:00 a. m.

Es la que contiene el apoyo prestado por los poderosos de la economía a las campañas de senadores, representantes, etc., de diversos partidos políticos. Más de veinte senadores se adelantaron a reconocer que recibieron dineros para sostener lo que en verdad es muy oneroso, o sea lo concerniente a los altos costos de las campañas electorales.

Insistimos en que no es un hecho desconocido. Comencemos por aceptar que la ley no lo prohibe y quienes se benefician con la ayuda de los grupos económicos tan influyentes en el país, siguen una norma practicada no sólo en Colombia sino en muchas otras naciones.

Pero el hecho en sí reabre el debate de hasta dónde pueden los partidos, y sobre todo las personas vinculadas a la política con influencia en el parlamento, solicitar o recibir de manera directa o indirecta sumas muy apreciables, procedentes de las arcas reconocidamente bien surtidas de aquellos conglomerados económicos que pueden ser o no afectados, en beneficio o perjuicio, por las leyes que se aprueban o se niegan en el Congreso de la República.

Con su actitud el doctor Jaime Arias tocó un punto agudo, y se apresura a declararse impedido porque su voto podría ser más tarde controvertido, y piensa él que antes de ponerse bajo la mira del Consejo de Estado, es mejor adelantarse, aclarar su posición y declarar un impedimento moral en el caso concreto de la ley sobre la televisión, porque los grupos antes mencionados van a intervenir en las licitaciones que dentro de poco tiempo volverán a ser tema de estudio, y muy importante, en el caso de la televisión colombiana.

Es posible librar campañas sin inversiones de los particulares y sobre todo de quienes encarnan la personería de un consorcio bien organizado? Debería ser así. Sería lo más consecuente y de mucha honra para el sistema político. En tal campo se han fijado límites. Cuando se escudriñan las reservas de las campañas se encuentra que ellas alcanzan cifras a veces peligrosas. Por eso repetimos que el debate inesperado que surge en torno de la Ley sobre la Televisión posee una faceta que, como en el verso de Marroquín, La Perrilla, no consiguió lograr su objetivo. El poder económico pesa mucho, nadie lo ignora. Y cuando éste se mezcla con las decisiones políticas, tal circunstancia puede llegar a influir en la manera de actuar de senadores y representantes y cobrar peligrosos giros.

Se ha reconocido que hasta el momento no hay presión alguna. Ni los poderes económicos han pretendido amedrentar a quienes van a decidir sobre la ley de la televisión. Pero el peligro es latente, y por eso llama profundamente la atención la declaración del doctor Arias Ramírez sobre una decisión del Consejo de Estado al respecto. Sería conveniente buscar su opinión, porque lo que sí queda claro es que aprobar la ley, darle curso después de tantos debates para que el Consejo de Estado la vetara, no resultaría lógico, ni conveniente. El tema es hirviente y dará para muchas opiniones. Tal vez debates, porque si en el momento cerca de veinte senadores se han declarado impedidos, ello ya constituye una situación de complicado carácter jurídico y ético.

La Ley sobre televisión da para argumentaciones inacabables. El televidente se pregunta por qué se discuten tanto los aspectos económicos, y cuán poco se habla del papel que la televisión debe cumplir en el campo de la cultura, la educación y la moralidad. Se arguye que estos temas deben ser cubiertos por los variados aspectos contemplados en la ley, pero muy conveniente habría sido una vasta y erudita discusión sobre la importantísima función de este medio de comunicación masiva en el campo cultural. Hasta ahora ha sido esquivado y no creemos que, ausentes las precisiones legales en el campo de la televisión privada, la cultura vaya a ser considerada como un aspecto fundamental. Tal vez en el canal del Estado se le pueda abrir mucho espacio. En los privados, como es lógico, se trabajará por lo bajo y no por lo alto. Por eso sería conveniente precisar hasta dónde los canales privados tienen obligación de fomentar la cultura, la moralidad, y propender la salud mental.

De igual manera el fomento del deporte, no en el simple campo de la información, merece un buen capítulo. Inducir a los jóvenes a que practiquen el deporte, aprovechen épocas como ésta de las vacaciones para ejercitarlo y alejarlos de los peligros que todos conocemos, sería una tarea de aquellas personas que manejan los canales privados y del Estado, cuya importancia deben reconocer quienes actúan como dirigentes televisivos y también aquellos fervientes seguidores de un medio de comunicación tan ampliamente difundido y de tan reconocida influencia en la sociedad.

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